Nuestro sistema sanitario público pasa por una situación muy compleja de dudas en cuanto a su sostenibilidad, solvencia y suficiencia financieras; asistimos a una crisis del propio modelo en términos de gestión y eficiencia, aspectos todos ellos que hacen peligrar al sistema en su conjunto y que requieren del esfuerzo de todos para afrontar un futuro incierto, cargado de desconfianza hacia nuestro país por parte de quienes nos han de financiar aportándonos recursos asumibles a costes razonables.

De entre las propuestas de futuro realizadas por IDIS a finales del ejercicio anterior hay algunas que por su ámbito pueden aportar resultados inmediatos en términos de ahorro y dotación de solvencia financiera al sistema en su conjunto. Por ejemplo, el fomentar el aseguramiento privado tratando que éste se ejerza desde un punto de vista de complementariedad, integración y sinergia y no lo contrario, como ocurre hasta el momento.

Podemos estimar que el gasto sanitario público per cápita es de 1.225 euros: un dato estimado a partir de la cuenta satélite del gasto sanitario público y la población de 2009, que no incluye ni el gasto destinado a mutualidades ni la población asegurada por las mutualidades ni tampoco el gasto farmacéutico; y el gasto de una aseguradora per cápita es de 631 euros, datos estimado a partir de la prima media individual ofrecida por ICEA y la siniestralidad media del sector. De ello se deduce que un paciente que haga uso solo del sistema privado ahorra al sistema público toda la cápita, es decir 1.225 euros por persona y año; y quien haga un uso mixto público y privado al menos ahorra la cápita de la aseguradora, es decir 631 euros por persona y año.

Estas cifras significan que una ampliación del sector sanitario privado de un millón de nuevos asegurados (actualmente hay 6,9 millones de asegurados), descongestionaría el sistema público y generaría un ahorro a las arcas públicas de entre 631 y 1.225 millones de euros, además de incrementar el empleo en más de 16.000 nuevos profesionales de media.

Otra medida con un impacto inmediato sería la reimplantación de la desgravación fiscal sanitaria al aseguramiento privado individual. El crecimiento del ramo sanitario privado en los años 90 se produjo en un entorno socioeconómico favorable al consumidor, donde la bonanza económica unida a los problemas en las listas de espera de la sanidad pública invitaba a la contratación de seguros sanitarios privados.

Hasta el año 1998, el IRPF permitía al contribuyente deducirse hasta el 15 por ciento de los servicios médicos y seguros privados de asistencia sanitaria que éste libremente adquiriese. Esta deducción del 15 por ciento era aplicable tanto a gasto directo del contribuyente (pago de consultas médicas, estancias hospitalarias, compra de medicamentos, etc.) como a gasto indirecto, es decir, contratación de pólizas de seguros de salud y asistencia sanitaria. En términos económicos, las deducciones por esta prestación pasaron de los 173,5 millones de euros en 1990 a 656,6, un incremento del 278,5 por ciento, por lo que en 1998 se aprobó la modificación del impuesto de la renta sobre las personas físicas, eliminando dichas deducciones. En la actualidad y dado el carácter complementario del seguro de salud, donde el asegurado está pagando por un servicio del que ya dispone para mejorar sus condiciones de prestación, el sector es especialmente sensible a la evolución de la economía familiar, por lo que ha sido uno de los primeros afectados con la recesión.

La incorporación de deducciones fiscales a la suscripción privada de seguros voluntarios individuales de salud para las rentas inferiores a 30.000 euros puede tener importantes y muy positivas consecuencias para las familias, para el sector sanitario privado y para el Estado. Concretamente, un incentivo fiscal del 15 por ciento en la contratación privada de seguros sanitarios ahorraría, en el mejor de los supuestos, 608 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. La puesta en marcha de esta medida también supondría un ahorro medio de 300 euros al año en las familias de cuatro miembros que contrataran seguros sanitarios privados, y un posible incremento en la recaudación del Estado a través del Impuesto de Sociedades y otros tributos de más de 18,9 millones de euros. Además, la medida permitiría la creación de empleo cualificado y es que, de acuerdo con los resultados obtenidos con experiencias similares en otros ámbitos (vivienda, automóvil, etc.), la introducción de ayudas fiscales por parte de los gobiernos permite dinamizar la actividad de los sectores a los que dichas medidas van dirigidas.

El marco de actuación de la medida se ha fijado en la población con rentas inferiores a 30.000 euros, calculándose un ahorro que, dependiendo de la unidad familiar, se situaría entre los 107 euros y 365 euros anuales. Asimismo, la puesta en marcha de la medida tendría un impacto directo en el número de asegurados individuales, que se ha estimado en un incremento de entre el 5 y el 15 por ciento, lo que supondría crecer en una cifra próxima a los 620.000 asegurados y se traduciría también en un aumento en el volumen de tributación del sector de más de 18,9 millones de euros (incremento del 8 por ciento) y en un incremento de actividad y, por lo tanto, del número de profesionales empleados.

El crecimiento en actividad supondría un aumento en el volumen de tributaciones de centros hospitalarios y extrahospitalarios de más de 43,2 millones de euros (incremento del 4 por ciento). Asimismo, implicaría un crecimiento en el empleo directo de 16.959 profesionales, cifra equivalente al personal necesario para poner en marcha 4,5 hospitales universitarios. También debemos considerar la generación de empleo indirecto en sectores como el de la industria farmacéutica y de productos sanitarios, oficinas de farmacia y ortopedias, tejido hostelero alrededor de los centros sanitarios, etc., algo que no es fácilmente cuantificable pero del que no hay lugar a duda que se generará.

Aunque la deducción fiscal propuesta significa inicialmente una disminución de la recaudación calculado en un total de 129,8 millones de euros anuales (saldo fiscal neto), cifra que equivale a menos del presupuesto en personal de un hospital universitario como el nuevo Puerta de Hierro, ésta quedaría rápidamente contrarrestada si tenemos en cuenta que el crecimiento en asegurados generará un incremento en la actividad de estos centros y que el incremento de ingresos se trasladará a un aumento en la recaudación del Estado a través de Impuesto de Sociedades e IRPF. En esta misma línea, un incremento de número de asegurados privados, presumiblemente redundará en un menor uso de los servicios públicos, generando un ahorro para el sistema público y el Estado que se situaría entre los 246 y 738 millones de euros.

En el momento actual, en el que la crisis económica permite suponer que la presión fiscal se mantendrá alta en los próximos años, se necesita establecer líneas de dinamización de los mercados internos siempre que con ello se consiga aumentar valor a la economía española. Con la deducción fiscal a la suscripción privada de seguros voluntarios de salud, esta dinamización es doblemente positiva al incorporar también un componente de descarga al sector sanitario público.

Una nueva medida de impacto que incide también en el corto plazo sería fomentar el aseguramiento sustitutivo mediante el trasvase al modelo Muface de los 1,8 millones de personas que son funcionarios al servicio de las Comunidades Autónomas, lo que generaría un ahorro de 956 millones de euros a la sanidad pública, máxime teniendo en cuenta que el modelo de las mutualidades fue ratificado de forma expresa en octubre de 2011 por la Ley General de Salud Pública. Este modelo da cobertura hoy en día a 1.971.362 funcionarios de la administración central y ofrece algunos datos de interés: más del 85 por ciento de los funcionarios sigue eligiendo el aseguramiento privado; el crecimiento de la prima Muface del 39 por ciento fue inferior al 44 por ciento del gasto del Sistema Nacional de Salud en el periodo 2002-2009; y la siniestralidad de los mutualistas, sin repercutir los gastos de estructura de las aseguradoras, ascendió al 91,9 por ciento de la prima, todo un modelo de eficiencia en la gestión de recursos y márgenes.