Tras la presentación del “Informe de Eficiencia de 2012” de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha puesto de manifiesto a través de un comunicado remitido recientemente a los medios, que esta comunidad autónoma es un buen ejemplo de lo que puede llegar a significar la colaboración público-privada en el ámbito sanitario en nuestro país, tal y como hemos demostrado en los múltiples informes que desde IDIS se han presentado con cifras contundentes y datos objetivos.
El 17,5 por ciento de los andaluces (casi 1,5 millones de personas) tiene una póliza de seguro sanitario privado y el volumen de las primas en euros alcanza en esta comunidad los 796 millones de euros y por lo tanto, ayuda a descargar al sistema público de salud de recursos económicos y humanos. En base a la siniestralidad de las compañías, cada asegurado ahorra a la sanidad pública 631 euros por persona y año (El coste per cápita en la sanidad pública asciende a 1.265 euros por persona y año), este diferencial es debido fundamentalmente a una adecuada gestión de los recursos por parte de la sanidad privada; de esta forma y asimilando estas cifras al caso concreto de Andalucía, la cifra estimada de ahorro resultante sería superior a los 900 millones de euros, una cantidad nada desdeñable.
Andalucía cuenta con 65 hospitales de titularidad privada, lo que constituye el 47 por ciento de los centros hospitalarios de toda la comunidad y del total de camas en los hospitales de la Comunidad, el 27 por ciento corresponde a centros hospitalarios privados, es destacable que un 28% de ellos tiene establecidos conciertos con la sanidad pública.
Los hospitales privados de Andalucía dan anualmente más de 200.000 altas tras internamiento, lo que constituye el 25,6 por ciento del total de altas en la Comunidad. En el caso de las urgencias, los hospitales privados atienden el 20,4 por ciento del total. Otro ejemplo notorio lo encontramos en las cifras de las resonancias: el 80% de las resonancias en Andalucía se hacen en la sanidad privada lo que significa que, de no disponer de esa infraestructura privada, se produciría un bloqueo en servicios de enorme valor añadido.
Por otra parte, el modelo de mutualismo podría hacerse extensivo a otros colectivos de funcionarios ya que ofrece una atención completa a los asegurados por apenas 700 euros por persona y año; medida que vendría avalada además por los elevados estándares en términos de calidad y resultados que hacen que más del 80% de los funcionarios elija voluntariamente, año tras año, el ser tratado por la sanidad privada. Todo ello es síntoma no solo de la calidad aportada a los diferentes procesos, sino a la propia eficiencia del sistema en términos de atención personalizada tanto al individuo como a sus familias.
IDIS hace una valoración muy positiva de los modelos de colaboración público-privada aportados desde Andalucía, máxime cuando los casi 1,5 millones de andaluces con seguro privado están descargando al sistema no solo en su presión asistencial, sino también en recursos equivalentes a más de 900 millones de euros. Por todo ello y con respecto a la oferta que se viene haciendo desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía de 985 euros per cápita al seguro privado, el IDIS ya ha puesto de manifiesto su intención de valorarla, teniendo en cuenta que es superior a lo que se paga por los mutualistas en una población envejecida como la andaluza.
Por último es necesario poner de manifiesto que el sector sanitario privado está haciendo una aportación muy significativa en Andalucía en términos laborales, puesto que da empleo de calidad, estable y cualificado a 25.527 personas, una cifra considerable en una comunidad cuya tasa de paro supera el 30 por ciento.
Al IDIS le cuesta admitir que algunas instituciones públicas desprestigien a un sector que, además de ser de los pocos que genera empleo y riqueza en tiempos de crisis, tiene un comportamiento honesto y leal con la sanidad pública colaborando con ella y financiándola en base a impagos que muchas comunidades tienen con sus proveedores, como es el caso de la andaluza. Es por ello que siguen siendo imprescindibles propuestas que incidan en la necesaria complementariedad e integración de ambos sistemas, público y privado, en torno al paciente, de forma que se evite la utilización ineficiente de los recursos bien sea por duplicidades en el uso o consumo o bien como consecuencia de carencias de estrategias conjuntas y sinérgicas de actuación.
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