Últimamente asistimos a una exacerbación de la denostación de la actividad privada, actitudes que presentan especial virulencia tratándose de la sanidad madrileña. Veamos: privado, privacidad… Negarlo es tanto como negar al individuo, a su inalienable libertad; a su estructura social, a la sociedad; a su estructura política, al Estado. A la privacidad vital de las personas, a la propiedad privada, al derecho privado, a la privacidad más elemental en el orden de las cosas, de los sentimientos, de las relaciones, de la convivencia, del ocio, del trabajo… Es la más absurda y peregrina negación.

La actividad privada, lo mismo que la propiedad privada, no significa solo que exista una delimitación entre el derecho de decisión y responsabilidad del individuo y de los demás individuos, significa, además y principalmente, que el derecho individual está protegido contra las ingerencias y los abusos del poder político, del de otros hombres. Desde esta doble condición se comprende plenamente la actividad privada como garante indispensable de la libertad. La actividad privada, en la economía de mercado, es garantía de competencia, competencia que entraña organización encaminada al estímulo de la producción, a la vez que dirección y ordenación del proceso económico. Es decir, impulso constante a una producción cada vez mejor y, al mismo tiempo, dirección armónica del proceso productivo.

La esfera humana de la libertad es indivisible. Cuando se atenta contra la libertad en lo económico se acaba por aniquilar la libertad en lo político, en lo social, en lo espiritual. Ésa es la práctica de los acérrimos estatalistas, de los ultras colectivistas, de los totalitarios, de los dictadores. El sector privado es el principal motor de la economía del país –sin desmerecer el importante papel que juegan los servicios ofrecidos por la Administración– pero, en algunos ámbitos, parece ser más bien el enemigo a batir.

Vamos, los mismos energúmenos pero con una sustancial diferencia: el resultado del sistema comunista está muy lejos de ser halagüeño; el capitalismo, con sus terribles defectos, ha aportado más riqueza y ha posibilitado más bienestar que cualquier otro sistema político, hasta el punto que podemos afirmar que un estado social, de derecho y democrático no puede existir sin crecimiento económico.

Parece que la censura de otras épocas ha sido sustituida por el calificativo denominado políticamente incorrecto. Es como si por hablar bien de determinados sectores, o criticar otros, se estuviera peyorando la gran labor que se ha desarrollado y se desarrolla en el ámbito público. Desde la cobertura que brinda a la sociedad en sus necesidades fundamentales, hasta la importantísima labor que desarrollan los profesionales sanitarios de este sector. Ambos actores, público y privado, deben jugar su papel y ello, sin duda, redundará en beneficio de todos. La confrontación negativa de ambos modelos solo generará inoperancias y pérdida de valiosas posibilidades.

Ni lo público ni lo privado es bueno o malo por definición. Son opciones que brinda el mercado como consecuencia de la necesaria regulación de oferta y demanda. Y ambas pueden y deben convivir en un contexto de exquisito respeto mutuo e igualdad para complementarse y a la vez competir lealmente  entre sí. La colaboración público-privada no debería reducirse a un mero recurso coyuntural, derivado de necesidades acuciantes que obligan a maquillar cifras. Si realmente aporta valor, se debe dar la oportunidad de que ambos sectores se desarrollen libremente.

Un caso paradigmático del tema que aquí se aborda es el de la sanidad privada. Alrededor de ella parece haber quien pretende crear un halo de perversión. Desde determinados foros se transmite la idea de que la atención sanitaria pública perderá su calidad si se apuesta por la gestión privada, como lo denominan unos, o por la privatización de la sanidad como gusta de calificar a otros a las medidas adoptadas en algunas autonomías. Se llame de uno u otro modo, es de sentido común pensar que la atención que presten estará controlada por la administración pública y la calidad garantizada por ésta.

El interés económico no solo es legítimo, es uno de los principales impulsos que hace que la sociedad avance. La empresa privada es un activo capital para España, genera  millones de puestos de trabajo que, a su vez, repercuten en la estabilidad económica que permite mantener las políticas públicas que todo el mundo parece querer salvaguardar. Por eso, con ataques tan injustos y desmedidos, flaco favor se hace a la recuperación económica del país y al Estado de Bienestar al que se perjudica en lugar de defender.