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Viernes, 21 de octubre de 2011   |  Número 17
Editorial
Cara y cruz de una misma moneda

La sociedad es la principal beneficiaria de la existencia de elección para el colectivo mutualista, la cual facilita el acceso a los servicios sanitarios públicos y potencia la existencia de un ámbito de provisión privado con una cartera de servicios, equiparable al ámbito público, completa y un cuadro médico amplio y especializado. Las mutualidades no sólo representan un ejemplo de colaboración público-privada que genera múltiples beneficios en la gestión del sistema público, sino que además forman un modelo fundamental para el mantenimiento del sistema sanitario privado y permiten mantener el equilibrio de la oferta del sistema sanitario público, que por sí sólo no es suficiente para absorber la demanda sanitaria existente.

El colectivo de mutualistas que optó por la asistencia sanitaria privada en 2010 rondó los dos millones de personas, el 4,2% del total de la población española y el 21% del total de población asegurada. No cabe duda de que las ventajas asistenciales (libertad de elección de médico, listas de espera, dotación tecnológica, etc.), junto con otros beneficios no cubiertos en la Seguridad Social (cobertura en endodoncia, óptica, etc.), ha hecho que el porcentaje de mutualistas que eligen la asistencia privada se haya situado en los últimos años en torno al 87% del total del colectivo.

En lo que al consumo de recursos asistenciales por parte de este colectivo de mutualistas, se pueden resumir en una actividad aproximada de 232 mil ingresos, los cuales generaron un total de 1,1 millones de estancias hospitalarias, 109 mil actos quirúrgicos entre actos de cirugía mayor y cirugía menor ambulatoria y 1,3 millones de urgencias hospitalarias. A nivel extrahospitalario, generaron una actividad de 17,5 millones de consultas y de 34,9 millones de pruebas de diagnóstico, pruebas biológicas y otros actos terapéuticos, lo que pone de manifiesto la importancia del sector sanitario privado en nuestro país. Así se extrae del Informe "Aportación del modelo de mutualismo administrativo al mercado laboral sanitario español”.

El conocido como “Modelo Muface” representa un modelo de gestión sanitaria eficiente, que no genera déficit y beneficia a todos: Al Estado, por el coste fijo que le supone, a la sanidad pública, por la reducción de la demanda de los pacientes y el apoyo prestado por recursos privados cuando lo necesita, a los usuarios, que pueden elegir qué entidad les prestará la atención sanitaria y a la sanidad privada, por los hospitales, clínicas y personal cualificado que trabaja en este sector.

El pasado jueves 22 de septiembre quedó aprobada la Ley de Salud Pública y la modificación de la Ley de Cohesión y Calidad según la cual “La mutualidad nacional de funcionarios civiles del Estado MUFACE, ISFAS y MUGEJU como integrantes del Sistema Nacional de Salud en su calidad de entidades gestoras de los regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y personal al servicio de la Administración de Justicia, respectivamente, tendrán que garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías sobre accesibilidad, movilidad, calidad, seguridad, información y tiempo recogidas en esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en su normativa específica”.

Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se aplaude esta iniciativa, que viene a consolidar al Modelo Muface como parte del Sistema Nacional de Salud; no en vano, este ejemplo de colaboración público-privada favorece el equilibrio entre el sistema sanitario público y privado, tiene un coste un 30 por ciento inferior al del Sistema Nacional de Salud y proporciona un servicio de calidad a sus usuarios, como muestra el hecho de que el 85 por ciento de los funcionarios opte por la cobertura sanitaria de gestión privada.

Desde el IDIS se ve con satisfacción los avances y mejoras en la calidad de la asistencia de este modelo por medio de la incorporación de nuevas prestaciones y la aplicación de protocolos que garanticen la calidad del servicio al paciente.

Sin embargo, también es verdad que el Modelo MUFACE se encuentra infravalorado, dado que su índice de siniestralidad (expresión numérica y porcentual de la relación existente entre el coste de los siniestros habidos en una póliza o conjunto de pólizas y las primas que dichos contratos de seguro suponían) es superior al 90%, lo que implica que da pérdidas y que aseguradoras y centros hospitalarios privados se ven obligados a realizar una esfuerzo económico que no se puede mantener en el tiempo. Por ello, el IDIS reivindica una refinanciación del modelo que asegure su viabilidad, ya que, de no hacerlo, existe el riesgo de que se retiren los proveedores y aseguradoras que hoy permanecen en el mismo.

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a celebrar un nuevo concierto para el aseguramiento de la prestación de la asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y a sus beneficiarios; el concierto sustituye al vigente, que finalizará el próximo 31 de diciembre, y tendrá una vigencia de dos años (2012-2013).

Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes, el valor estimativo del convenio para el periodo 2012-2013 es algo superior a los 4.000 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 2% frente al convenio anterior, lo cual valoramos en un momento económico como el que estamos viviendo, si bien hay que decir que será insuficiente a medio y largo plazo; por ello se hace necesario, como se hizo en el 94, de un plan específico para que las aseguradoras puedan tener una perspectiva de futuro clara y estable.

En conclusión, desde el IDIS se deja constancia de la satisfacción por la consolidación del modelo Muface como integrante del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que se reivindica una refinanciación suficiente del mismo que asegure definitivamente su viabilidad, todo ello en beneficio del paciente y en aras a la mejora de la solvencia financiera y sostenibilidad del propio sistema sanitario.

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