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Viernes, 04 de marzo de 2011   |  Número 3
ANA PASTOR, SECRETARIA EJECUTIVA DE POLÍTICA SOCIAL DEL PP Y VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
“El PP estudia la desgravación fiscal del seguro privado”
La máxima responsable de Sanidad en el principal partido de la oposición recibe a Publicación de Sanidad Privada

Ricardo López / Javier Barbado. Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid

Ana Pastor explica la posición de su partido con relación a la importancia y continuidad del modelo Muface.

La máxima responsable de Sanidad en el principal partido de la oposición ha recibido a Publicación de Sanidad Privada en su despacho del Congreso de los Diputados, donde ostenta el cargo de vicepresidenta segunda, y ha recalcado su preocupación por el desarrollo profesional y la planificación de recursos humanos en el sector sanitario tanto público como privado. Asimismo, Pastor anuncia que su partido estudia la desgravación fiscal del seguro médico privado (dada la descarga que supone para el Sistema Nacional de Salud); medidas como la reducción del IVA en los servicios y productos sanitarios (incluidos los medicamentos); la revisión del IRPF para aquellas empresas o particulares que contraten pólizas de seguros (decisión en la que algunos gobiernos autonómicos tienen competencia); o la continuidad de la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado (Muface), respecto a la cual echa de menos una declaración pública del Gobierno garanizándola.

¿Cómo valoran usted y su partido la provisión privada de la sanidad dentro del sistema?

En primer lugar ha de recordarse que tanto la Ley de Cohesión y Calidad como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias contemplan –como no podía ser de otra manera– la asistencia sanitaria del sector privado como un elemento no sólo a tener en cuenta, sino también como la actividad de un sector muy importante en el que hemos de velar por su calidad, debido al valor añadido que tiene y, desde luego, por que los profesionales sanitarios de que dispone tengan un desarrollo profesional.

Todo ello, marcado en la ruta de de ambas leyes, está todavía por desarrollar. Por lo tanto, seguimos manteniendo ese espíritu, el que contempla tanto la LOPS como la Ley de Cohesión y Calidad para toda la sanidad de nuestro país, pública y privada.

¿Qué pasos considera que habría que dar con vistas a una integración real de la sanidad privada y la pública que evitase duplicidades y doble consumo de recursos, máxime en un momento de crisis económica como el que vivimos?

Precisamente por eso hay que buscar sinergias y, desde luego, lo que tienen que hace los poderes públicos, en el caso concreto del Ministerio de Sanidad, es marcar un panorama estable en el que se sepa qué se quiere de cada uno de los actores del sistema sanitario.

Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Salud que es un sistema público, universal y que ha de ser accesible para todos los ciudadanos. Pero en este momento, como saben, la sanidad privada está prestando sus servicios en buena medida para el sector público (en los servicios regionales de salud) y también, por así decirlo, como sector propio y exclusivamente privado. Como también presta servicios para más del 80 por ciento de las personas que eligen la mutualidad de funcionarios civiles del Estado.

Si los grupos parlamentarios logran, en un momento dado, alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad, ¿cuál cree que debería ser el compromiso incluido en ese acuerdo con relación al sector sanitario privado?

La entrevistada se muestra favorable a la reducción de impuestos para compensar la contribución de la sanidad privada, y ve la normativa de la UE sobre sanidad transfronteriza como una oportunidad para la privada.

Como sabe, uno de los motivos por los que no se llegó a un acuerdo fue, en primer lugar, el hecho de que sea muy difícil llegar a un pacto entre los partidos políticos cuando quien es el partido que sustenta al Gobierno no reconoce el principal problema que tiene la sanidad en nuestro país, que es la existencia de un agujero [económico] con la cifra de números rojos más elevada que hemos tenido: una deuda acumulada de más de 15.000 millones.

Otro motivo muy importante, entre otros muchos (como que [el posible Pacto] no abordaba en profundidad la política de recursos humanos, no daba soluciones a una nueva Ley de Salud Pública, etc), era la mutualidad de funcionarios civiles del Estado, que, con la redacción que se presentaba, no tenía el apoyo de prácticamente ningún partido político (no sólo el Partido Popular, tampoco PNV ni CiU la apoyaban). Se pide el compromiso del Gobierno para que se preserve el modelo de la sanidad de los funcionarios civiles del Estado, que, como saben, es un modelo público, para todos los funcionarios, en el que éstos tienen la capacidad de elegir siempre entre el aseguramiento público y el privado. Pero con una característica que es bueno que yo explique, y es que los funcionarios de Muface son los únicos españoles que pagan dos veces, es decir, que financian con sus impuestos la sanidad de todos los españoles y que pertenecen a un régimen –el de funcionarios, no porque ellos lo decidan, sino porque así lo dice la ley– y además lo pagan. Por lo tanto, es un sistema que está funcionando bien y que está sirviendo de algún modo para ser los pies, manos y piernas, en muchos casos, del sector privado de nuestro país.

El retorno de la desgravación fiscal en el IRPF por consumo de servicios sanitarios dirigido a quienes pagan por disponer de un seguro privado, ¿es una medida que contemplan?

Como saben, gobernando el Partido Popular se introdujeron beneficios fiscales para las empresas que contrataran pólizas de asistencia sanitaria para sus trabajadores. Es decir, se cambió un modelo bastante caótico y poco transparente basado en la aportación de facturas, a otro en el que muchas empresas optaban por la mejora social de sus trabajadores por medio del aseguramiento.

En este momento, nosotros estamos trabajando en este asunto, y estamos viendo cuáles podrían ser las ventajas y los inconvenientes de la incorporación de beneficios fiscales al aseguramiento, y, dentro de unos días, cuando presentemos nuestro programa electoral, aportaremos la consideración que debería tener a nuestro juicio ese aseguramiento voluntario de muchos ciudadanos, del que es verdad que, en muchos casos, supone una descarga para el sistema sanitario público y para los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Pero ahora, como saben, estamos ante unas elecciones autonómicas, por lo que estaríamos hablando, en cualquier caso, de la posible incorporación por parte de las comunidades autónomas que tienen competencia en el tramo de impuesto autónomico. Por lo tanto, se trata de una decisión que tomarán las comunidades autónomas, pero nosotros, desde luego, estamos trabajando y estudiando el impacto que tendría desde el punto de vista de las cuentas públicas y la generación de ingresos, dado el momento especial que estamos viviendo. Por lo tanto, cuando ese estudio esté terminado haremos una propuesta.

Ha hablado del modelo Muface. Nos gustaría conocer su opinión sobre el futuro de esta fórmula de aseguramiento, de la que uno de los vicepresidentes del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Luis Mayero, ha declarado que desconfía de su continuidad en términos financieros pese a que, al mismo tiempo, confíe en la voluntad política de mantenerlo…

Creo que el problema real en estos momentos es que el partido que gobierna tiene que asegurar y declarar públicamente que va a mantener el modelo Muface, porque ustedes saben que el último decreto-ley incluye la desaparición de una parte del futuro de las clases pasivas, por lo que los nuevos funcionarios que se incorporen ya no lo harán a este modelo de pensiones públicas a los funcionarios del Estado. A mí me gustaría tener un Gobierno que asegurase a los funcionarios que el modelo va a continuar.

Mi obligación no es hablar como Gobierno, que no lo soy, sino como responsable de Sanidad del Partido Popular, y quiero asegurar que, con el Partido Popular, Muface tiene el futuro asegurado.

Otro asunto que está de actualidad es el de la normativa de la Unión Europea sobre sanidad transfronteriza. ¿Es una oportunidad, en su opinión, para que la sanidad privada se beneficie de esta adaptación legislativa?

Ana Pastor considera que los sectores público y privado sanitarios deberían planificar juntos sus acciones.

En primer lugar, la nueva normativa es una buena oportunidad para todo el sistema sanitario del país, público y privado. Es un buen momento para reordenar aquellas cosas que no están bien estructuradas, y, sobre todo, es un buen momento, para que el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad coloquen en las comunidades autónomas el dinero que éstas gastan en atender a los pacientes que vienen de otros países de la Unión Europea. Como ustedes saben, este dinero lo recauda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y, sin embargo, sólo una parte de esos ingresos retorna a quien los ha gastado por anticipado. Así que será un buen momento para eso, y creo también que es una oportunidad para que todos los europeos sepan que tenemos un magnífico sistema sanitario público y privado, y que podemos ser una referencia para toda Europa de que tenemos muy buenos profesionales e instalaciones, con un equipamiento tecnológico que está a la vanguardia en Europa.

En caso de llegar al Gobierno, ¿se plantean un IVA reducido en el consumo de servicios sanitarios al igual que ocurre con bienes y servicios de primera necesidad como pueden ser los medicamentos?

No sólo eso, sino que ya hemos presentado aquí, en el Congreso de los Diputados, el IVA reducido para el sector de la Dependencia, propuesta que fue rechazada por el partido en el Gobierno. Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo en este campo; ya saben que hay una parte del ordenamiento jurídico que es europeo, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo en varios aspectos, como en replantearse el IVA en los servicios sanitarios y en replantearse cómo es posible que la mayoría de los fármacos, que es de financiación pública, tenga IVA, un sobrecoste para las propias administraciones, porque son las administraciones públicas las que lo pagan (aunque luego una parte la devuelva el Estado). Por lo tanto, uno de los primeros planteamientos es la reconsideración del IVA.

Creo que hay que ir a un IVA reducido de los servicios sanitarios, pero, sobre todo, de los productos sanitarios y de los medicamentos. Esto me parece que está teniendo un coste innecesario. De cada cien euros en medicamentos, una parte es IVA y la pagan las comunidades autónomas; de ese IVA, una parte se la queda el Estado, y sólo una parte se le devuelve a las comunidades autónomas. Por lo tanto es un poco absurdo.

¿No cree que es hora de que se efectúe una planificación conjunta con vistas a la integración y complementariedad real de los dos sistemas de provisión de servicios sanitarios, público y privado? ¿Confía en que, en un futuro, se reconozca, por ejemplo, la prescripción realizada en el entorno privado de tal forma que el usuario de este sistema no se vea penalizado, cuando con su contribución voluntaria está descargando de presión económica y asistencial al sistema público?

Como les decía, creo que tiene que haber una colaboración muy estrecha con el sector privado, el cual, para planificar sus recursos, tiene que tener claro que se espera de él por parte de las administraciones públicas. Tiene que hacerse una planificación que debería extenderse a todos los recursos, públicos y privados, y es muy importante que haya una coordinación. Es más: creo que tiene que haber una historia clínica qaue pudiera ser compartida.

Hay otras cosas que también me preocupan mucho, como son el registro de profesionales (en estos momentos, como saben, sigue sin desarrollarse un registro nacional de profesionales) y la falta de planificación que existe en materia de recursos humanos. En las administraciones públicas, las autoridades sanitarias tienen que velar por tres aspectos fundamentales, tanto para la asistencia sanitaria pública como privada (dentro de que somos un sistema nacional de salud público y universal y para todos los ciudadanos): que el sector privado conozca la planificación y lo que se espera de ellos dentro de un servicio de utilización pública; en segundo lugar, que hay que velar por la calidad de los servicios que se prestan y por la evaluación (en este sentido, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud ha de velar por la calidad de todo el sistema, tanto del sector público como del privado); y, en último término y muy importante, el desarrollo profesional y la planificación de recursos humanos para todos los sectores (público y privado), y también tener en cuenta que éste último aporta una parte del PIB del país, es decir, es un sector que aporta riqueza, que está intentando mejorar cada día, y que, en suma, no se le puede obviar en la actuación política, en la planificación, en velar por su calidad y por que esos recursos se consideren necesarios para el resto del país.

Por último, háganos una valoración de esta nueva iniciativa representada por el IDIS dentro de un sector bastante atomizado y necesitado de un valedor que represente los intereses globales y que aúne, a su vez, a los operadores del sector, aseguradores y provisores.

La responsable de Sanidad del Partido Popular aclara los motivos que han impedido un Pacto por la Sanidad, entre otros la ausencia de compromiso explícito del Gobierno para preservar el modelo Muface.

Creo que es una iniciativa muy buena para el sector y para el conjunto de la sanidad española. Creo que el hecho de que el sector privado pueda unir sus conocimientos y experiencias, y que todos se planteen objetivos comunes, es muy importante tanto para el sector del aseguramiento como para el de la provisión de servicios privados, y creo que es también muy importante porque, de esta manera, la interlocución es mucho más fluida y mucho más eficaz.

Como saben, soy la responsable de la sanidad en la oposición, y desde luego, he visto un antes y un después en la interlocución, con el respeto a todas las organizaciones e instituciones que representan al sector privado. Y creo también que es un revulsivo que ha venido bien para ver cómo se unen aseguradores y provisores, porque creo, asimismo, que todos, al final, tienen un solo objetivo como lo tenemos todos: la mejor sanidad posible para nuestro país. E insisto y repito: nuestro sistema sanitario es un sistema público, universal para todos los españoles, pero este sistema, como tal, tiene responsabilidades como autoridad sanitaria: las de velar por la calidad de todos los servicios sanitarios de nuestro país (por ley), y por la calidad de los servicios que se prestan y el desarrollo profesional de todos los sanitarios que trabajan en el sector privado (quienes, por cierto, tienen que tener carrera profesional y desarrollo profesional).

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