El envejecimiento demográfico de la población de los países desarrollados está cambiando las previsiones sociales y sanitarias de la sociedad occidental. Los avances científicos, médicos y técnicos han incrementado la esperanza de vida sustancialmente; un logro que está planteando nuevos retos, no solo en términos económicos y sociales, sino también asistenciales. Concretamente en España, el porcentaje de personas mayores de 65 años se ha duplicado en poco más de dos décadas y, según las previsiones, en el año 2050 la población que haya superado esa edad se situará en el 36 por ciento, colocando a nuestro país como tercera nación más envejecida del mundo, por detrás de Japón y Corea.
Pero la atención sociosanitaria no implica tan solo al proceso de envejecimiento, aunque en buena parte de las ocasiones los cuidados y la atención sociosanitaria están íntimamente ligados a este proceso. Una estrategia, en este contexto, debe contemplar cuatro ámbitos diferenciados aunque no excluyentes: personas con pérdida de la autonomía, personas con enfermedades crónicas, personas con necesidades de cuidados intermedios post-hospitalarios y personas con necesidades de atención en salud mental.
Los datos de varios estudios económicos establecen que, para ofrecer una cobertura universal en condiciones de equidad, a este segmento de la población será necesario al menos doblar el gasto sanitario, lo cual plantea el reto de generar nuevas estructuras o reconvertir eficazmente los servicios ya existentes.
A tenor de los datos, España tiene aún un largo recorrido por delante si quiere situarse al nivel de los países de su entorno respecto al tejido de los cuidados sociosanitarios intermedios. Un concepto que engloba las prestaciones y actividades que requieren los pacientes en transición entre el hospital de agudos y su domicilio, caracterizadas fundamentalmente por una situación de dependencia médica y social.
El informe El Reto de los Cuidados Sociosanitarios Intermedios, editado por la Fundación IDIS, muestra un panorama sanitario en el que el 45 por ciento de las altas médicas anuales se producen en pacientes mayores de 65 años, buena parte de los cuales serían claros beneficiarios de los cuidados sociosanitarios intermedios (fracturas de cadera, episodios cerebrovasculares, seguimiento de un episodio agudo…).
Cada vez tenemos más pacientes con dolencias y patologías que precisan cuidados intermedios. Se trata de servicios de Enfermería, rehabilitación y actos médicos de baja complejidad para que el paciente recupere su funcionalidad después de un episodio que requiere una recuperación más o menos prolongada y el entorno de hospitalización de agudos no es el más adecuado.
La inexistencia de los recursos sociosanitarios requeridos por este perfil de usuario está causando, según destaca el citado informe, además de ineficiencias asistenciales derivadas del alargamiento de la estancia de estos usuarios en hospitales de agudos, un gasto estimado de 884,8 millones de euros, equivalentes a 4.300 camas de hospitalización.
También se detectan carencias derivadas de altas tempranas, seguidas del posterior ingreso en centros residenciales privados o de la marcha al domicilio; entornos que en muchas ocasiones tampoco disponen de los recursos necesarios para ofrecer una buena rehabilitación del paciente.
Además, el estudio ha puesto de manifiesto claras desigualdades en la disponibilidad de recursos sociosanitarios intermedios entre las diferentes comunidades autónomas. Destacan las excepciones de Cataluña respecto a la oferta de camas sociosanitarias y la Comunidad Valenciana en relación a las plazas a domicilio. Por su parte, las comunidades con menor densidad de población se encuentran en una situación algo mejor en cuanto a plazas en centros residenciales.
En cualquier caso, la situación de nuestro país es claramente deficitaria en relación a otros países de nuestro entorno como Alemania, Suiza o Francia que ofrecen una cobertura en servicios sociosanitarios intermedios hasta siete veces mayor que España.
Hasta ahora la demanda se ha absorbido de forma bastante eficiente, pero la transformación de la realidad demográfica y social nos indica que estos mecanismos no podrán mantenerse durante mucho más tiempo. La alternativa más sensata, con mejor coste y mayores beneficios para los pacientes pasa, sin duda, por los cuidados sociosanitarios intermedios, ya sean ofrecidos en un centro específico, en centros residenciales debidamente acreditados o en el propio domicilio del paciente.
La evidencia revisada para la elaboración del informe revela que los servicios sociosanitarios intermedios mejoran la satisfacción del paciente que demanda una atención más integral, reducen el número de readmisiones hospitalarias y la utilización de otros servicios sanitarios (visitas y urgencias), además de aliviar la carga asistencial de los centros de hospitalización de agudos. Asimismo, estos servicios intermedios obtienen los mismos resultados en términos de mortalidad y recuperación funcional de los pacientes que los que se obtienen en centros de hospitalización de agudos.
Todos estos datos instan a los expertos a reclamar una serie de medidas de implantación urgente para hacer posible el desarrollo de un sistema de cuidados intermedios al mismo nivel que los países de nuestro entorno, basado en centros específicos, unidades residenciales debidamente acreditadas y una atención domiciliaria suficientemente formada y dotada. Y, en este escenario, el sector sanitario privado es un aliado imprescindible del sistema sanitario público, para articular el conjunto de medidas necesarias y asumir el reto de manera exitosa.
Es necesario establecer los cuidados sociosanitarios como una prioridad política. Además, hay que desarrollar un sistema de acreditación de centros para asegurar la calidad de los servicios y apostar por un desarrollo normativo que defina el perfil del beneficiario, la cartera de servicios y las bases del modelo asistencial para asegurar la equidad asistencial.
La utilización del dispositivo asistencial más adecuado en cada momento conlleva una mejora en la eficiencia, al liberarse recursos de los hospitales de agudos, con un coste estancia/día mucho más elevado que el de otros niveles asistenciales.
El sector privado, a través de su extensa red de centros y profesionales, asume actualmente buena parte de la presión social y asistencial que generan estas situaciones de dependencia y cronicidad, de manera que se encuentra perfectamente preparado para afrontar este nuevo reto, ya que en los últimos años ha sido especialmente patente su apuesta por la calidad, los resultados y la eficiencia.
Las conclusiones del documento auguran un futuro marcado por la necesidad de prestar servicios sanitarios adecuados a un perfil de paciente cada vez más mayor, con una dependencia y cronicidad crecientes, e insisten en responder a esta demanda con iniciativas que contribuyan a crear un entorno sociosanitario integrado, solvente y sostenible.
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