Hace unos días hemos conocido la medida aprobada por el Gobierno de las Islas Baleares por la que realizará una deducción autonómica del 15 por ciento de los gastos del contribuyente por contratación del seguro sanitario privado en mayores de 65 años, personas con un 65 por ciento de minusvalía y familias numerosas, desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) consideramos que esta iniciativa contribuye a la rebaja de la presión asistencial en un sistema sanitario público desbordado, esta primera iniciativa de desgravación de los seguros privados de salud coincide con una de nuestras líneas de actuación.

Cualquier medida encaminada hacia la promoción del seguro sanitario privado es eficaz para contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sobre todo si esta medida no conlleva reducción alguna de los derechos de los ciudadanos. El sector sanitario privado es fundamental para el sostenimiento del sistema sanitario, ya que libera de recursos y gastos a la sanidad pública por medio de la financiación de los ciudadanos a través de las entidades aseguradoras.

La contratación de un seguro privado de salud es una medida que debería ser bonificada fiscalmente dado el ahorro que supone para un sistema sanitario público con problemas de solvencia y sostenibilidad, por lo tanto desde IDIS aplaudimos la puesta en marcha de esta iniciativa del Gobierno Balear para jubilados, personas con un 65 por ciento de minusvalía y familias numerosas ya que son los colectivos a los que la contratación de un seguro de salud les supone un mayor esfuerzo económico.

Mientras aumenta la preocupación por la enorme deuda que arrastran las comunidades autónomas y se alerta sobre la insuficiente financiación de la sanidad pública, el IDIS insiste en que se debería incentivar que los ciudadanos contraten su asistencia médica con mutuas o empresas aseguradoras privadas.

En España, hay más de 7 millones de usuarios de la sanidad privada que tienen un doble aseguramiento y que no consumen recursos de la sanidad pública, o los consumen parcialmente, generando una importante disminución en la presión asistencial, en los tiempos de demora y en las listas de espera, lo que se traduce en una liberación de recursos sanitarios para el sistema y una ayuda financiera que puede llegar a ser hasta de 1.448 euros por persona y año. Este es un aspecto irrefutable, de consenso por parte de los expertos y que debería ser tenido muy en cuenta de cara a la planificación y diseño que se haga de cara al futuro.

Dentro del marco regulatorio español, un incentivo como el de la desgravación fiscal supondría un incremento del número de asegurados con doble cobertura, pública y privada que los expertos estiman en un 15 por ciento aproximadamente, lo cual significaría una descarga de recursos y de presión asistencial a un sistema público ya de por sí desbordado, con problemas de solvencia y sostenibilidad y necesitado de generar ahorros a través de una gestión eficiente.

El citado crecimiento del 15 por ciento del número de asegurados en la población, supondría que mas de 1 millón de personas saldrían de manera voluntaria, parcial o totalmente, del sistema público lo que podría suponer a su vez un ahorro de hasta 1.500 millones de euros (Más de 600 millones de euros por término medio si la desgravación se aplica a rentas inferiores a 30.000 euros anuales y 447 millones de euros si la deducción se aplica sin límite de renta) y una importante liberación de recursos sanitarios para el sector público que mejoraría sin duda la accesibilidad del resto de la población.

La puesta en marcha de la desgravación fiscal del 15 por ciento del coste de los seguros sanitarios de salud, supondría un ahorro medio de entre los 107 euros y 365 euros anuales en las familias de 4 miembros que contrataran seguros sanitarios privados y, como consecuencia del incremento del número de asegurados, se crearían más de 18.000 puestos de trabajo directo de media en dicho sector. Sin duda, las familias serían las principales beneficiadas por la puesta en marcha de esta medida, ya que se contribuiría a la generación de ahorro y se facilitaría el acceso de éstas a los servicios sanitarios en su conjunto.

El IDIS considera imprescindibles propuestas concretas de futuro que incidan en la necesaria complementariedad e integración de ambos sistemas, público y privado, en torno al paciente, de forma que se evite la utilización ineficiente de los recursos bien sea por duplicidades en el uso o consumo o bien como consecuencia de carencias de estrategias conjuntas y sinérgicas de actuación. Ninguna de las actuaciones del sector privado quiere poner en cuestión el valor de la sanidad española. Las ofertas de colaboración con el sector público que ofrece el sector privado parten de la identificación de los valores del sistema sanitario público y de la conciencia de que el sector privado, con su aportación, puede contribuir a afianzarlo y hacerlo sostenible.

En conclusión, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) quiere dejar constancia de su apoyo a esta iniciativa emprendida por el gobierno Balear, primera comunidad autónoma que oferta un incentivo a la contratación de un seguro médico a determinados colectivos de la población, es un importante paso en la dirección correcta teniendo en cuenta que el IDIS defiende una desgravación fiscal sanitaria universal que reconozca el esfuerzo que realizan hoy más de 7 millones de personas en España que son las que mantienen un doble aseguramiento y asumen por lo tanto un copago voluntario que contribuye a dotar de estabilidad a todo el sistema sanitario en su conjunto.