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Viernes, 09 de marzo de 2012   |  Número 26
editorial
Deuda sanitaria o el efecto ‘iceberg’

La deuda sanitaria de las Administraciones Públicas con el sector privado y concertado se estima en más de 2.171 millones de euros. El desglose de este dato, obtenido de la extrapolación de los datos de facturación, deuda y periodo medio de pago de una muestra de cien hospitales privados de España, revela la distribución de la deuda acumulada en 2009, que corresponde en 709 millones de euros a conciertos sanitarios con la red pública y, 1.462 millones a clínicas privadas propiamente dichas.

El gasto sanitario público es el principal componente de los presupuestos de las Comunidades Autónomas (32.2 por ciento del total). Por este motivo, cualquier medida de ajuste presupuestario tiene un elevado potencial de impacto sobre la disminución del gasto sanitario y el incremento de la deuda. Entre los problemas de carácter general que continúan latentes en el Sistema Nacional de Salud figuran los referidos a su financiación y algunos aspectos de ineficiencia en la gestión de los servicios sanitarios.

La deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud y con el Sector de Tecnología Sanitaria a 31 de diciembre de 2011 alcanzaba los 11.599 millones de euros. Ante este panorama, el IDIS reivindica un aumento en los niveles de colaboración y complementariedad de los sectores público y privado. Si se fomenta la integración del sector privado dentro del sistema sanitario, se evitarán duplicidades en el consumo de recursos que generan ineficiencias y gastos innecesarios y se facilitará que quien opte por el copago voluntario, es decir, tener una póliza privada, descargue del máximo gasto posible al sistema sanitario público.

El importe de la deuda sanitaria pública afecta al conjunto de los proveedores del sistema sanitario y puede clasificarse en dos grandes grupos: deuda visible, la contraída por suministro de medicamentos (6.369 millones de euros) y con las empresas de Tecnología Sanitaria (5.230 millones de euros), que ha crecido en 3.043 millones de euros en el período 2010-2011, y la deuda no visible. En este segundo grupo se incluye, además de la deuda con oficinas de Farmacia, con empresas de servicios no asistenciales y la deuda no contabilizada o no vencida, aquella contraída por conciertos, colaboraciones y servicios externalizados con empresas privadas.

El cálculo de la deuda sanitaria no visible es muy complejo, debido a la gran diversidad de agentes privados con los que interactúa la administración sanitaria y la no obligatoriedad por parte de las entidades privadas de desglosar las deudas de sus clientes, incluidas las de la administración pública. A todo esto hay que sumar el insuficiente desglose en las partidas presupuestarias a las que asignan los acuerdos o conciertos con el sector privado. Estimamos esta deuda en más de 4.100 millones de euros.

En relación a la deuda sanitaria hay dos elementos clave sobre los cuales hay que poner una atención especial: el ritmo de crecimiento de la deuda vencida y el importe total de la misma. Para calcular el impacto real de la deuda sanitaria pública en el sector privado hay que tener en cuenta que de los 15.700 millones de euros de deuda total, el 74 por ciento corresponde a deuda vencida que debería haber sido liquidada si tenemos en cuenta los límites de pago establecidos legalmente, si se aplicase el tipo de interés de demora correspondiente al primer semestre de 2012, el importe de los intereses anuales que la administración pública deberían pagar a los proveedores sería de 930 millones.

El IDIS defiende que para normalizar la situación es necesario poner en marcha las siguientes medidas: conocer en detalle el importe que la Administración adeuda al sector sanitario privado en su totalidad (conceptos, importes, vencimientos, etc.); establecer un plan de pagos para la deuda vencida y mecanismos que permitan la financiación de las empresas hasta el momento del cobro (confirming, etc.); normalizar el pago de los suministros y servicios ofrecidos en el año 2012, y asegurar unos períodos de pago comunes para todos los proveedores (energía, fármacos, asistencia sanitaria, etc.).

Pese a la crisis, el gasto privado en salud muestra en España una tendencia creciente en relación con el gasto sanitario público. Es más, pese a la deuda, el aumento de la demanda de asistencia sanitaria y el apoyo a la sanidad pública en la cobertura de sus crecientes necesidades hace posible que las expectativas de crecimiento del sector privado aumenten cada año.

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