Redacción. Madrid
El Sistema Nacional de Salud debe tener como prioridad facilitar el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica y de diagnóstico, de nuevas tecnologías, de gestión, etcétera. En este sentido, el Secretario General del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), Juan Abarca, ha asegurado en el transcurso de su intervención durante la Jornada Acceso del paciente a la innovación, que para la institución que representa, “existen aún en tiempos de crisis, diversos aspectos de la sanidad que son intocables como la innovación tecnológica para pacientes pediátricos, innovación útil para procesos graves que comprometen la vida del enfermo o bien avances que favorecen la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, etcétera”.

Abarca Cidón en la jornada sobre acceso a la innovación.

La situación económica actual impone que para llegar a ofrecer a los ciudadanos dicha innovación es necesario acometer una serie de medidas que hagan del Sistema Nacional de Salud un entorno sostenible. En este sentido, en España el 20% de la población (7 millones de personas) copaga voluntariamente un seguro de asistencia sanitaria que descarga de gasto sanitario público de una media de 631 euros por persona y año. En palabras de Abarca, “favorecer la suscripción voluntaria de seguros de salud por medio de una desgravación fiscal para rentas inferiores a 30 mil euros, podría incrementar el número de asegurados hasta producir un ahorro fiscal superior a los 600 millones de euros”.

Además, explica Abarca: “Existen otras soluciones que hacen viable disminuir el gasto sanitario público sin restar calidad al sistema y por tanto permitiendo acceder al paciente a la innovación, como la ampliación del modelo de los mutualistas a nuevos colectivos y el fomento de modelos de gestión que faciliten la colaboración público-privada”.

Colaboración público-privada

Sin duda, la colaboración público-privada ofrece al Sistema Nacional de Salud una potencial herramienta para garantizar la sostenibilidad del mismo. Además del mutualismo, destacan como formas de esta colaboración los conciertos y las concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios. Respecto a los beneficios, Juan Abarca destaca ”la transferencia del riesgo financiero en cuanto a que es la empresa privada la que asume los posibles reveses, la innovación tecnológica, la aportación de Recursos Humanos complementarios así como la descarga de los presupuestos públicos”.

Ampliación del mutualismo

Fuente: Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS).

Por otro lado, según el secretario del IDIS, el mutualismo administrativo permite mantener el equilibrio de la oferta del sistema sanitario público, ya que por sí sola no es suficiente para absorber la demanda sanitaria existente. “El trasvase al modelo Muface de 1,8 millones de personas, hablamos de los funcionarios al servicio de las comunidades autónomas, generaría un ahorro de 956 millones de euros a la sanidad pública”. Otra manera de promover un ahorro en los sistemas de gestión es a través de las concesiones administrativas que incluyen la gestión sanitaria.

Abarca hace hincapié asimismo en que “el sector sanitario privado constituye un importante aliado estratégico del sistema público de salud, siendo la colaboración entre ambos sectores un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario español”. En la misma línea, añade, “la posibilidad de permitir el uso de una manera complementaria de los recursos públicos y privados en función de la cobertura que contraten los usuarios del sector privado, sin duda, evitaría la existencia de duplicidades e ineficiencias y facilitaría la promoción de la contratación del seguro, con lo que conlleva de ahorro en coste y recursos para el sector público”. No obstante, en cualquier caso, es fundamental que las autoridades sanitarias establezcan una definición de la cartera de servicios ofertada por el sistema sanitario público. Según el secretario general de IDIS, “es necesario definir, que no recortar, la cartera de servicios que se pueden ofertar con el fin de que toda la población tenga acceso equitativo a todos los servicios esenciales”.