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Viernes, 09 de marzo de 2012   |  Número 26
EL IDIS PROMUEVE LA DESGRAVACIÓN POR MEDIO DE UNA CAMPAÑA
El Estado debe compensar al asegurado por su doble contribución a la privada y a la pública vía impuestos
Los ponentes coinciden en que la desaparición de las mutualidades del Estado colapsaría el sistema

E. Pita / J. Barbado / F. Espoz. Imagen: A. Conde y M.Á. Escobar
La desgravación fiscal para quien contrate (o haya contratado) un seguro de salud privado constituye “un acto de justicia social” en opinión de los invitados a este nuevo debate organizado por Sanitaria 2000, empresa editora de Redacción Médica. Desde su punto de vista, no cabe duda de que, si un ciudadano paga a las aseguradoras para ser atendido en la sanidad privada, deja de gastar recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS), al que, además, no deja de financiar por medio de los impuestos. A colación de los modelos de colaboración público-privada como la mutualidad de funcionarios civiles del Estado (Muface), los contertulios no dudan de las consecuencias catastróficas de su desaparición (extremo que se barajó el año pasado por parte de algunos políticos), ya que los dos millones y medio de funcionarios que lo integran deberían ser absorbidos por el SNS, ya de por sí sobrecargado y carente de solvencia económica.

José Manuel Bajo Arenas, Juan Abarca Cidón, Concepció Tarruella e Iñaki Peralta, en los estudios de TV de Sanitaria 2000.

Ricardo López, director general de Sanitaria 2000: El IDIS ha impulsado una iniciativa para solicitar que se retome la desgravación fiscal de los seguros privados de salud. ¿Es conveniente recuperar esta fórmula fiscal, con las ventajas que ello puede suponer?

José Manuel Bajo Arenas, presidente de Facme: Querría dejar claro que la colaboración público-privada es absoluta y completamente necesaria, y que además la privada es “además de”, es decir, ejerce un efecto complementario y aligera tanto las listas de espera diagnósticas como terapéuticas del sistema público de salud. Por lo tanto no estamos hablando de una competencia, sino de una cuestión en la que se complementan un sistema con el otro, por lo que parece razonable que si aligera y contribuye a aliviar los costes del sistema sanitario público que esa privada no tenga que pagar completamente todo y reciba alguna ayuda en modo de alivio fiscal. Creo que esa es la base sobre la que podíamos sentar toda la discusión, estamos hablando de cuestiones complementarias.

José Manuel Bajo Arenas y Concepció Tarruella expresan su conformidad con la desgravación fiscal.

Cuando dicen que están privatizando y que se va más a la privada y lo que hace la pública es hacer un efecto vicariante en aquellas facetas, como puede ser los trasplantes, que de alguna forma tiene el sistema público obligación de proporcionar y hasta donde no puede llegar la privada. Pero en la mayoría de los casos esa pública aligera sustancialmente porque la burocracia dentro del sistema público es tremenda y si esas listas de espera quedan aligeradas por personas que teniendo derecho a ello no acuden porque tienen un sistema de seguro privado, pues bienvenido sea.

Concepció Tarruella, portavoz de Sanidad de CIU en el Congreso: No solo pienso que es importante esa colaboración público-privada, sino que creo que es necesaria. En un sistema como el que tenemos en Cataluña, que desde un principio ya la sanidad pública nació con esa colaboración, el poder desgravar la gente que quiere y puede tener un seguro privado, que tiene derecho a utilizar la sanidad pública porque sale de nuestros impuestos, la persona que opta por pagar un seguro privado e ir a las consultas privadas, ¿por qué no puede desgravarla? Precisamente es una manera más de quitar colapso en la sanidad, de quitar listas de espera.

En Cataluña, por ejemplo, cuando oigo estos discursos de que solamente la pública, siempre pienso que solo nos faltaría en nuestro sistema público en Cataluña, donde siempre han convivido, que quitáramos toda la sanidad privada porque el sistema, que de por sí está cargado, se colapsaría. Por lo tanto, creo que es necesario e importante que existan las desgravaciones fiscales para las personas que optan por la sanidad privada, porque teniendo derecho a usar la pública no la usan y creo que tienen derecho a ser compensadas. Sería una manera también de aliviar listas de espera.

Quiero adelantarme también a esos discursos que dicen que habría dos tipos de sanidad. Creo que la colaboración público-privada en sanidad es necesaria, se ha trabajado siempre mucho en colaboración, y a veces que haya un motor respecto a investigación o adelantos en sanidad la pública generalmente incentiva y la privada hace un magnífico papel colaborando en este punto. No hablamos de hacer dos sanidades.

Juan Abarca Cidón, secretario general del IDIS: Los españoles somos unos privilegiados, y lo creo de verdad. Observas los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno y realmente tener la posibilidad de que un paciente que no tiene recursos pueda tener todo tratado es un auténtico privilegio y además es una tranquilidad de conciencia para todo el mundo. Creo que esto no se puede perder.

Tenemos un gran sistema sanitario, pero del mismo modo creo que tenemos una fórmula de gestión que está agotada, como se ve en las cifras. Se puede como desde el año 2007 ó 2008 ha ido creciendo cada vez más el gasto sanitario público: en el 2009 creció 4.000 millones respecto a 2008 llegando al 7 por ciento del PIB, en 2010 hay cifras que dicen que el gasto estuvo por encima del 10 por ciento del PIB y en 2011 ha bajado porque no hay suficiente dinero como para poder dar cobertura a lo que realmente se necesita. Por lo tanto, aquella teoría de que lo que había que hacer era invertir más en gasto sanitario público no funciona porque la sanidad pública se queda sin gasolina, por mucho que invirtamos dinero público, el sistema no es capaz de dar la cobertura que precisa nuestra Ley General de Sanidad.

Juan Abarca Cidón e Iñaki Peralta aportan datos que avalan la campaña promovida por el IDIS.

Si tenemos el sistema sanitario público que tenemos, y eso es irrefutable, es porque existen 7 millones de personas que tienen un seguro, y esa gente como mínimo descargan de lo que le cuesta a las aseguradoras, que es una media de 624 euros por persona. Vivimos en un sistema suplementario, porque la sanidad pública cubre todo y lo que hace la sanidad privada es suplementario, por lo que se gastan las aseguradoras se lo están descargando directamente del sistema público.

Pensando fundamentalmente en los enfermos y en aquellos que no tienen posibilidades, creemos que la desgravación fiscal, como copago voluntario, es una medida que hay que imponer, primero porque no cambia el sistema, no incluye ninguna reforma sustancial; segundo porque no quita derechos, y tercero porque tenemos estudios que demuestran que aplicar una desgravación fiscal promovería que una parte importante de la población saliera, en todo o en parte, del sistema sanitario público, dejando sitio a quien no tiene posibilidades. Solamente por eso me extraña que no se haya puesto en marcha todavía, porque creo que es un planteamiento absolutamente solidario y vendible.

Iñaki Peralta, director general de Sanitas Hospitales: Me gustaría exponer tres ideas. La primera es el papel de la sanidad privada en cuanto a tamaño, importancia y servicio que da a la sociedad. Hay muchos debates y muchos foros donde parece que la sanidad privada es un ámbito muy reducido, pero no es así, el tamaño y la relevancia que tiene en la actividad sanitaria es muy importante, y es un sector que está cerca del 3 por ciento del PIB, por lo que desde el punto de vista de tamaño y volumen de negocio supone una parte muy importante de nuestra economía y que deberíamos cuidar. En segundo lugar, creo que básicamente este trozo de la tarta de nuestra economía está basado en el sector asegurador, por lo que creo que debiéramos cuidarlo, protegerlo, incentivarlo y hacer que vaya a más, no intentar destruirlo.

José Manuel Bajo Arenas.

Por último, todas estas personas que han apostado por el aseguramiento privado están realizando un doble pago, por lo que creo que es una cuestión de justicia social. Si alguien está pagando dos veces y solo consume una, hay una cuestión de redistribución que hay que poner sobre la mesa, que es precisamente lo que enfoca el IDIS.

Ricardo López: Esta fórmula ya existía en España, estuvo vigente unos años pero se decidió retirarla. ¿Cómo funcionó entonces? ¿Supuso realmente un incentivo para la contratación de un seguro privado?

Concepció Tarruella: Como decía Peralta, el que opta por el sistema privado está pagando dos veces la sanidad, y por lo tanto es lógico que se desgrave. Sinceramente no entendí cuando se quitaron estas desgravaciones fiscales, y creo que el tiempo da la razón a que es bueno y positivo que se desgrave. En Cataluña un 25 por ciento de la población tiene seguros privados, y es importante entender que si acudieran a la sanidad pública sería carísimo. Si la sanidad pública tiene en estos momentos un déficit de 15.000 millones, si le vertiéramos todo lo que atiende la sanidad privada, ¿a dónde llegaría ese déficit?

En este momento estamos todos preocupados por nuestro sistema sanitario público, que es magnífico, con unos profesionales estupendos, por ver cómo lo pagamos, cómo la mantenemos y cómo la sostenemos. Si una parte de la población opta por, pagando igual esta sanidad pública (otra cosa sería que dejara de pagarla, entonces sí podríamos hablar de dos tipos de sanidades, pero se contribuye igual con los impuestos) quiere y puede además optar por pagar una sanidad privada, creo que puede y debe desgravar. Mi partido lo llevaba en el programa electoral y lo hemos defendido siempre. Espero que esto pueda llevarse a término en esta legislatura.

José Manuel Bajo Arenas: Hay que dejar claro que la calidad de la asistencia privada es muy buena, los médicos están muy bien formados y se ha hecho un esfuerzo inversor en tecnología en los últimos años, y buena prueba de ello es que, hasta donde llegan mis conocimientos, a lo largo de 2010 siguió creciendo el número de pólizas y el número de personas que hacían uso de la sanidad privada.

Si resulta que es buena, si resulta que descarga a la sanidad pública y permite que esta siga siendo buena, yo no veo inconveniente para que desgrave y para facilitar que esto se produzca porque los vectores confluyen en la misma dirección: que todo el mundo, tanto en la sanidad pública como en la privada, tenga una buena atención.

Juan Abarca Cidón: Que es buena es evidente, porque, si no fuera así, se cerraría.

Concepció Tarruella: Y es voluntaria.

Juan Abarca Cidón: Efectivamente. Concretando datos, el sector asegurador ha seguido creciendo por encima del 3 por ciento, el 82 por ciento de los mutualistas de Muface han elegido sanidad privada. Quien cuestiona la calidad de la sanidad privada es porque tiene intereses que no se corresponden con la realidad. Quizá ese es el tema que hay que analizar, ¿por qué existe ese miedo a que la sanidad privada ocupe el papel que ocupa? Creo que no es un problema de lo que pueda crecer la sanidad privada, sino de los que defienden equivocadamente que con la privada la sanidad pública pierde poder, cuando nosotros en ningún caso queremos ser alternativa de nada.

La calidad de la sanidad privada depende de las administraciones públicas, que es la que tiene que legalizarla o no, y si no, lo que tiene que hacer es regularla y supervisarla mejor, pero tanto con la privada como con la pública.

Con respecto a la supresión de la desgravación fiscal del año 1998, hay que recordar que no afectaba solo a los seguros, sino que era para todos los gastos sanitarios, y la gente metía ahí hasta las facturas del veterinario, con lo que se daba muchísima picaresca. Además, había un problema logístico y burocrático. Por eso nosotros hicimos una propuesta que era inicialmente la desgravación solo de los seguros, que desde mi punto de vista sería de justicia social.

Concepció Tarruella.

Si a esos siete millones de personas que tienen seguro de salud privado se les desgravara, quizá supondría un incremento importante del dinero que dejaran de recibir las arcas del Estado. Según un estudio que realizamos si esos 7 millones dejaran de ingresar al Estado ese 15 por ciento supondrían 400 millones de euros. Precisamente por eso pedimos que se pusiera una desgravación por renta, porque creo que lo más importante aquí no es solo el hecho de que sea justo que los que pagan dos veces se les desgrave, sino que lo más importante es aliviar el sistema público de gasto y por eso donde había más proporción de crecimiento era en las rentas medias y bajas que es donde no había seguro privado. Por eso promovíamos una desgravación fiscal con un límite de 30.000 euros, porque lo importante es que salga gente voluntariamente del sistema público, porque la sanidad pública no llega correctamente y además no paga la deuda.

Iñaki Peralta:Me parece importante que el dato al que hacía referencia antes Concepció, que el 25 por ciento de la población en Cataluña tiene un aseguramiento privado (en España está en torno a un 20 por ciento). Esto da muestra de que la calidad es alta y evidente. La siguiente cuestión derivada es qué haríamos si no existiera el aseguramiento privado. Querría decir que esos cercado de 8 millones de personas irían a usar los servicios públicos. Qué sostenibilidad tendría el sistema cuando a día de hoy hay una enorme deuda y hay que buscar cómo se financia la excelente sanidad pública que tenemos.  El bloqueo económico que tendría el sistema sería brutal. No cabe debate sobre el hecho de que al sector hay que protegerlo y mimarlo, y sobre todo, más que al sector, a las personas que lo hacen posible, que son las que están poniendo recursos económicos en una situación actual de crisis.

José Manuel Bajo Arenas: Y todo el empleo que genera para los profesionales sanitarios.

Juan Abarca Cidón: Es el único sector que posiblemente con el turismo no haya bajado, y aquí nadie se plantea si el turismo es bueno o es malo. Genera empleo y es privado.

Ricardo López: ¿Es un problema de voluntad política? ¿Por qué se decide eliminar esa edida y por qué no se pone?

Juan Abarca Cidón: Para mí es un misterio, porque es tan sencillo.

Se ha hecho un estudio por parte del IDIS, pero ¿ha hecho la Administración algo parecido o está valorando el que ha hecho el IDIS para decidir?

Concepció Tarruella: Yo no lo sé, pero me cuesta muchísimo entender. La mayoría de la población afirma que la sanidad pública es buena, que la sanidad privada es buena y que la colaboración público-privada no sólo es buena, sino que es necesaria. Si la gran mayoría defiende esta postura y la mayoría de partidos políticos también, por qué no facilitamos que la gente que opta por no cargar a la pública desgrave. Me cuesta entenderlo. Me parece indispensable la colaboración y, por lo tanto, el apoyo a la privada.

José Manuel Bajo Arenas: Aquí se da una doble paradoja. Yo la vivo. Por un lado se ponen en cuestión la calidad de la asistencia privada y por el otro se dice que va a haber una sanidad buena para los ricos y otra mala para los pobres. ¿En qué quedamos? Lo justo es decir que ambas son necesarias y que se complementan dando buenos resultados.

Ricardo López: Lo decíamos porque antes Abarca Cidón no lo decía de forma directa, pero casi, el tema de la ideología, de la temida privatización como amenaza…

Juan Abarca Cidón: Posiblemente sea un tema de comunicación, de no conseguirlo explicar bien, porque, qué medida es más solidaria y de izquierdas que decir ‘hágase usted un seguro privado para que el sistema público llegue correctamente a quien no tiene posibilidades’.

Es como cuando la gente dice lo del copago. El que no conoce el sistema le llega indirectamente que hay mucho uso de la sanidad, que la sanidad no llega, que hay que meter más dinero… y dice copago, y lo hace porque no conoce el sistema. Y no conoce que en España tenemos la suerte de articular una serie de mecanismos, entre ellos el seguro privado, que es suplementario a la sanidad pública, que hace que no sea necesario el copago. En Inglaterra, con un modelo similar al español, hay un 15 por ciento de población con aseguramiento privado, y aquí el porcentaje es del 26 por ciento. Ese 10 por ciento equivale a tres millones de personas.

Ricardo López: ¿En otros países esta medida de la desgravación fiscal está vigente?   

Juan Abarca Cidón: Hay dos sistemas. El sistema Bismack, que lo utilizan los países que financian la sanidad con el IRPF. En estos países no hay tendencia a la desgravación del seguro individual porque no hace falta, ya que todo va a través de la empresa. Lo que hay es una desgravación de los seguros colectivos. El segundo sistema es el Beveridge, donde se financia a través de impuestos, como España, Portugal o Italia, hay más peso de los seguros individuales.

Yo no soy un técnico en el tema fiscal. Pero participando en un debate escuche a un especialista la justificación legal de la desgravación fiscal. Argumentaba que todos aquellos gastos que son derivados para el trabajo tienen que ser desgravables. Por eso, en los países en los que la sanidad se financia con el IRPF se desgrava todo como gasto. En España se financia con impuestos, pero las personas que contratan un seguro privado de salud lo hacen para poder trabajar más, para ser más productivo. Por este motivo debería ser justificable la desgravación fiscal.     

Ricardo López: ¿En qué parámetros se basa el límite de rentas para establecer el porcentaje del 15 por ciento?

Iñaki Peralta: Antes de entrar con los datos. Me gustaría decir sobre el tema de la privatización de la Sanidad, que hay que pedir a los responsables políticos seriedad en el debate y no demagogia a la hora de hablar con fines electorales. Es evidente que ambas sanidades se necesitan. Creo que no es una cuestión partidista, sino de responsabilidad con el sistema. Meter el miedo al ciudadano con criterios de gestión no va a ningún sitio. 

Sobre los datos, cuando hicimos el estudio, ciframos el corte para rentas menores de 30.000 euros, pero no por una cuestión de cálculo. Con ese corte veíamos que apoyábamos a un segmento de población que no tenía la posibilidad de contratar aunque, por justicia social, todo el que lo contrate debieran tenerla. No era una propuesta sólo para estas personas, sino que era un estudio aritmético en el que se probaba que sólo con  ese porcentaje de población ya se generaban unos números positivos para las arcas públicas, por el impuesto de sociedades de las aseguradoras, por IRPF del empleo que se generaba, etc. La propuesta no sólo es para esas rentas, sólo demostrábamos uno de los escenarios.

Concepció Tarruella: Si la gente que tiene una compañía aseguradora y que está pendiente con un diagnóstico en la sanidad pública, y que le piden unas pruebas que van a tardar uno o dos meses para poder volver al médico, que es lo que suele pasar hoy día en la pública, y esa persona va a causar ausencias en su sitio de trabajo, esto cuánto vale, cómo se cuantifica, qué cantidad de dinero nos cuesta… si esta persona sale del sistema, aparte de aligerar las listas de espera, va a llegar a un diagnóstico y tratamiento más rápido. Se está haciendo una reforma laboral, se está hablando de absentismo y creo que por aquí se puede reducir absentismo justificado.

Juan Abarca Cidón.

En cuanto al tope en la desgravación, en algún sitio hay que poner el corte, pero hay que saber justificar muy bien porqué se pone en 30 o en 40. Además, me parece que si uno va a hacerse una operación en la privada o una consulta, si puede permitírsela, y no va a ir a la pública, por qué no va a poder desgravársela. El estudio del IDIS me parece muy bien. Creo que hay que estudiarlo bien, pero lo importante es que se llegue a un pacto y se hagan las desgravaciones.

Iñaki Peralta: Es que no hay argumentos serios en contra.

Concepció Tarruella: Hay algún partido político que argumenta algo pero son más razones ideológicas que económicas.

Ricardo López: Por hacer de abogado del diablo, algunas voces preguntan qué hacer con las personas que ya tienen un seguro privado. ¿Esta desgravación iría sólo para las nuevas incorporaciones?

Concepció Tarruella: Las personas que ya lo tienen se podrían acoger a partir del día que se apruebe.

Juan Abarca Cidón: Salvo que se ponga un límite de renta.

Iñaki Peralta: Cuando decía que el estudio del IDIS aseguraba que las cifras serían positivas para las arcas públicas, ya contemplaba las pérdidas de esa desgravación de esos ocho millones.

José Manuel Bajo Arenas: ¿Cuándo se aplicó esa medida de retirar la desgravación?

Juan Abarca Cidón:En el año 1998 se cambió la desgravación individual y colectiva.

Concepció Tarruella: Faltaban muchos más inspectores entonces. Había gente que desgravaba la factura de la farmacia y muchas veces en esa factura aprovechaba para desgravar todo lo que compraba en la farmacia que no eran medicamentos. Se desgravaban hasta las facturas del veterinario. Hoy es fácil pulirlo y llevar los controles muy bien con las herramientas informáticas.

José Manuel Bajo Arenas: ¿Y se hizo por el mecanismo de ‘agua va’ o hubo un debate sobre el tema?

Juan Abarca Cidón: Fue de un día para otro. Uno de los argumentos que alegan es que no están a favor de la desgravación fiscal porque si mañana salen mucha gente del sistema público al privado va a producir que haya menor presión sobre el sistema público. La gente que podría presionar ya no tiene necesidad porque se le ha favorecido que se vaya a la privada.

Ricardo López: ¿Qué le sistema público pueda perder competitividad?

Juan Abarca Cidón: Hoy por hoy hay mucha gente en la sanidad pública que no tiene más opción. Es gente que tiene capacidad de presión para que cambien las cosas en el sistema sanitario público y para que se hagan una serie de reformas que son necesarias. Pero en el mismo argumento está la solución, porque si reconoces que va a quitar presión quiere decir que la medida es eficaz.

Concepció Tarruellas: En este argumento también discrepo, porque la gente que tiene un asegurador privado, si tiene problemas muy serios suele ir a la pública también. Hay mucha gente que usa la privada para unas cosas y la pública para otras, o gente que por no esperar mucho va a la privada. Hay mucha relación. Creo que la desgravación mejoraría mucho la pública también en cuanto a rapidez, pero la presión no bajaría, porque la gente usaría mayormente la sanidad pública. Es un método colaborador y complementario.

Ricardo López: Hemos hablado sobre el informe del IDIS. Nos gustaría que nos dieran algunas cifras que hagan referencia a lo que supondría la implantación de esta medida, en cuanto a creación de puestos de trabajo, generación de ingresos para el Estado…

Juan Abarca Cidón: Hicimos la propuesta en base a la renta de 30.000 euros. Vimos que por encima de esta cifra, el 75 por ciento de la gente ya contaba con una aseguradora. Por debajo, sólo el 3 por ciento. De cara a crecer y descargar el sistema público la medida era más efectiva actuando sobre esta renta. 442 millones de euros suponía aplicar la desgravación del 15 por ciento a los ocho millones, y sólo aplicarlo a los de menos de 30.000 euros suponía unos 150 millones de euros. Hicimos el estudio estimando crecimiento del 5, 10 y 15 por ciento y a eso le aplicábamos qué es lo máximo que podía  ahorrar la sanidad pública, el coste total.

Eso va por regiones. Hay regiones en las que la sanidad privada tiene menos volumen y no puede prestar una atención integral, que cubra toda la demanda, pero tampoco la pública. Ahí no puede haber una descarga de todo el coste, pero en Madrid o Barcelona sí. Si aplicábamos sobre el crecimiento del 15 por ciento el número de asegurados, el dato salía que el Estado ahorraría 600 millones.

Iñaki Peralta: El volumen de las deducciones sería de menos 600 millones para las arcas del Estado. El aumento en la recaudación tributaria por aseguradoras de provisión sanitaria sería de 62 millones. El incremento del IRPF por los puestos que se generan sería de casi 9.000 millones y el ahorro estimado para el Sistema Nacional de Salud (que sería de las personas que no acudan a él) sería de 700 millones. En total, hablaríamos de unos 600 millones como decía Abarca Cidón.

Juan Abarca Cidón: Es que luego viene la segunda derivada, que nosotros siempre hemos defendido con independencia de la ideología. El sector sanitario privado es un sector que genera empleo y riqueza, que tiene 330.000 individuos y que es de los pocos que está manteniendo el tipo a pesar de la crisis y al que, sin embargo, parece que están atacando sin mirar las consecuencias. Recordemos cuando se barajó la opción de quitar el modelo Muface el año pasado. De haberse hecho, hubiese sido una debacle para el sector sanitario privado sobre todo en provincias, rompiendo el equilibrio que hubiese supuesto con el correspondiente hospital público, es decir, hay muchas provincias donde hay un hospital comarcal y un hospital privado al que se deriva la lista de espera, de modo que, si se cierra Muface, hubieran cerrado el centro y se hubiera roto el equilibrio. En muchos sitios, el hospital privado es el centro [sanitario] más importante de la ciudad, y a su alrededor se generan comercios y negocios.

Concepció Tarruella:En la legislatura pasada, como sabéis, ya hubo una subcomisión para el Pacto por la Sanidad, y allí compareció muchísima gente, pero no llegó a buen término y lo cierto es que uno de los puntos por los que no hubo acuerdo fue la petición por algún partido político de la desaparición de las mutualidades administrativas. Otros dos partidos nos oponíamos a ello frontalmente, y eso también fue uno de los varios motivos que llevaron al desacuerdo. Por eso ahora buscamos un acuerdo fuera o más allá de los partidos políticos, fuera de la discusión política.

Iñaki Peralta: Sería una barbaridad [la desaparición de las mutualidades] porque, ¿cómo vas a poner a esos más de dos millones de mutualistas en la sanidad pública? Sería imposible y es de una irresponsabilidad pasmosa.

Ricardo López: Hablemos ahora de la campaña para la desgravación fiscal de quien disponga de un seguro privado que promueve el IDIS

Juan Abarca Cidón: En efecto, hemos creado una iniciativa para fomentar la desgravación fiscal sanitaria (http://www.desgravacionfiscalsanitaria.org/). Sin embargo, hay que tener en cuenta que sobre asuntos fiscales, en teoría, no se pueden llevar firmas al Parlamento, porque, si no, hay quien pediría la retirada de impuestos, por ejemplo. Pero sí que creemos que es un buen gesto y que, si conseguimos un importante número de firmas, eso nos dará juego. Así que hemos creado esa web, que avanza con lentitud al ser muchas las compañías integradas, pero bueno, tenemos todo el año para ir recogiéndolas.

Concepció Tarruella:Pero va saliendo. Yo lo he visto ya varias veces.

Ricardo López: La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha planteado el Pacto por la Sanidad en su comparecencia en el Congreso, e incluso ha hablado de cierto margen para, por lo menos, ver los contenidos. ¿Se contempla, en el sector sanitario privado, que la medida de la desgravación fiscal quede recogida en el Pacto?

Concepció Tarruella:En estos momentos están sobre la mesa dos planteamientos  o tipos de Pacto por la Sanidad. El de la ministra Mato, que hizo en su día, y que es un buen planteamiento, pero que no es el que proponemos desde CiU. El planteamiento de la ministra es hacer un acuerdo sanitario entre comunidades autónomas y Gobierno y otro acuerdo entre ambos sobre servicios sociales, y después llevarlos al Parlamento, someterlos al debate de los políticos y que de ahí salga una nueva Ley Básica de Sanidad y Servicios Sociales.

Iñaki Peralta.

Eso es una manera de verlo. Y el otro planteamiento que hemos puesto sobre la mesa, y que vamos a votar mañana mismo [por el martes 21 de febrero; la moción de Ciu se aprobó por mayoría en el Congreso con tan solo tres abstenciones], que es hacer una subcomisión (dentro de la Comisión de Economía y Hacienda) para decir que cantidad de dinero se va a invertir en sanidad, de dónde va a salir qué se va hacer con él. Nosotros hacemos un paralelismo con lo que se hizo en 1993 con el Pacto de Toledo, que se hizo finalmente en el 95, y que consistió en colocar el asunto de las pensiones fuera del debate político. Ahora proponemos un Pacto por la Sanidad estable que nos sirva para ahora y para dentro de diez años o más. Pero primero tenemos que saber cómo se va a inyectar dinero a ese sistema.

Iñaki Peralta: No vaya a pasar como en la Ley de Dependencia.

Concepció Tarruella:Se trata de aclarar cómo vamos a llevar ese dinero al sistema: ¿va a haber unos impuestos directos, finalistas…? En definitiva, qué es lo que tenemos y cómo podemos mantener ese sistema que ahora comprobamos que va resultando insuficiente por muchos motivos (la gente vive más años, los tratamientos son más caros…). Y cuando sepamos cómo lo vamos a mantener y a financiar –como hicimos en su día con el sistema de pensiones– entonces acordamos un pacto. Hay que hablar, por ejemplo, de la cartera de servicios… Y lo proponemos al Ministerio de Economía y Hacienda, y en la subcomisión pueden estar diputados tanto de Sanidad como de Hacienda. Encerrémonos y salvemos el sistema. En nuestro programa electoral, Durán se comprometió a que su primera comparecencia en el Congreso versaría sobre el sostenimiento del sistema. Para nosotros es fundamental no pelearnos en este asunto y salvar el sistema juntos.

Ricardo López: Pero, ¿estará la desgravación fiscal dentro del Pacto por la Sanidad?

Juan Abarca Cidón: Yo creo que no tiene nada que ver. El Pacto tiene que tener otros objetivos…

Concepció Tarruella: Eso tiene que ver con las formas de gestión y se vería después.

Juan Abarca Cidón: ... A mí me parece elemental saber qué cartera de servicios vamos a tener, y luego, por supuesto yo creo que ahí habrá una serie de medidas, que no sé si incluirán o no la desgravación fiscal que reclamamos, que desarrollen cómo se va a emplear la financiación disponible. Y, se llame pacto o no, creo que, en el futuro de la construcción del sistema sanitario, tiene que haber agentes de la sanidad privada, y, en ese sentido, el IDIS es el organismo que mejor lo representa. Tiene que haber representantes que participen y que den su opinión y planificación sobre cosas como la unificación de la historia clínica, la tarjeta sanitaria… No se puede construir un sistema sanitario solvente en España sin contar con el sector sanitario privado, y, si no, seguiremos perdiendo el tiempo.

Concepció Tarruella: Estoy completamente de acuerdo. De la misma manera que, cuando se hizo el Pacto de Toledo, hubo que contar con los agentes sociales, ahora, en el Pacto por la Sanidad, hay que contar con todos los actores, pero también es indispensable contar con las comunidades autónomas, porque el 93 por ciento del gasto público de la sanidad lo pagan las autonomías, y solo un 7 por ciento sale del Estado.

José Manuel Bajo Arenas:Nada tiene que ver el Pacto por la Sanidad, en todo caso, con la relación público-privada, que está contemplada en la Ley General de Sanidad de 1986. Pero yo quisiera que la Comisión de Economía de Hacienda revelara a cuánto asciende la deuda.

Concepció Tarruella:Reconocida a 15.000 millones de euros.

José Manuel Bajo Arenas: Per creo que es más. Por lo tanto, hay que aclarar a cuánto asciende, cómo se va a tapar ese agujero, y ligar el Consejo Interterritorial a la capacidad ejecutiva en materia de criterios económicos: si no, estamos perdidos. Por otra parte, la mayoría de los políticos está de acuerdo en que debe llevarse a cabo la colaboración público-privada.

José Manuel Bajo Arenas: Pero, ¿sabe por qué? Porque la focalizan en el modelo de gestión PPP. Se reduce a los modelos de gestión.

Concepció Tarruella: Ese es otro tema que ya se puso a debate en el Congreso en su día, y ahora ya hay una propuesta para modificar este aspecto por parte del partido que antes lo defendía.

Ronda de conclusiones:

Iñaki Peralta: La sanidad privada es buena per se. Ayuda a la sostenibilidad del sistema y su principal sostenimiento es el aseguramiento. Por tanto no debe caerse en un debate demagógico sobre si se privatiza [la sanidad] o si esto lleva a que ciertos agentes sociales se enriquezcan, sino que debemos ir a su esencia y concluir que algo bueno debe cuidarse. En cuanto a la desgravación fiscal, vuelvo al punto inicial y digo que es una cuestión de justicia social, porque hay personas que están pagando dos veces y, además, una de ellas de su propio neto (es decir, una vez pagado el IRPF, pagan de nuevo para recibir sus servicios sanitarios y descargan con ello al Sistema Nacional de Salud). Así que, si están ayudando al sistema público, éste también debería poner un ojo sobre ellos, y ayudarles a su propia sostenibilidad.

Los contertulios resumen sus puntos de vista.

Juan Abarca Cidón: Agradezco a Concepció Tarruella su presencia en el debate, porque lo cierto es que, salvo CiU, los partidos políticos no han querido decantarse sobre la desgravación fiscal del seguro privado. Creo que ésta es la mejor manera de proteger al sistema sanitario público; el copago voluntario por el cual hay gente que paga al margen del sistema sanitario público permite a éste un ahorro en coste y recursos. Así que hago mía las declaraciones de este fin de semana [por los pasados días 18 y 19 de febrero y en alusión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy] y digo que la desgravación fiscal sanitaria es justa, buena y necesaria.

Concepció Tarruella: Para nosotros este debate es importante, ya que nuestro partido siempre ha defendido estas ideas, y, por lo tanto, era relevante nuestra presencia aquí. Suscribo lo que acaba de decir Abarca Cidón, es decir, para nosotros las desgravaciones a las compañías aseguradoras –que son las que mantienen la privada– son importantes y necesarias, y, por lo tanto, nosotros estaremos en ello e intentaremos convencer al resto de partidos de que esto se lleve a cabo cuanto antes.

José Manuel Bajo Arenas: Creo que la colaboración público-privada es saludable e imprescindible. Parece, pues, razonable, que quien tributa doblemente tenga algún beneficio fiscal que no es muy difícil de implementar ahora mismo, porque se dispone de las herramientas y de los medios para ellos.

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