Ricardo López / Javier Barbado. Madrid
El secretario general de Sanidad considera que el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), creado en verano del año pasado, constituye una iniciativa “muy interesante y muy positiva”, entre otras cosas por el papel de interlocución que va a desempeñar entre las entidades que lo constituyen y las autoridades sanitarias. Además, asegura que, desde el Ministerio, el instituto se concibe como “una oportunidad para mejorar nuestro trabajo”, en concreto en lo referente a la actividad concertada con los centros de naturaleza privada. Recuerda que, en el futuro, “hay situaciones nuevas” que puede aprovechar el sector sanitario privado, por ejemplo las consecuentes de la aplicación de la directiva europea sobre sanidad transfronteriza. Respecto del modelo Muface, matiza que no responde a su estricta área de competencia pero que, en todo caso, “debe continuar”. Resalta los peligros de instauran un sistema de copago para financiar el Sistema Nacional de Salud y se decanta por que los presupuestos en materia sanitaria sean finalistas. Se muestra prudente respecto de la desgravación fiscal para contratistas de seguros privados y aboga por una planificación conjunta de la política sanitaria en cada comunidad autónoma, sanidad privada incluida, sin dejar de subrayar la posición de absoluto respeto del Ministerio respecto a las competencias transferidas a los gobiernos autonómicos.

El pasado mes de junio se constituyó una nueva organización que agrupa a dieciséis centros sanitarios privados y aseguradoras de salud de toda España. ¿Qué valoración hace de la creación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)?

Es una iniciativa muy interesante y muy positiva. Todos los sectores que se agrupan en organizaciones que le dan coherencia en sus planteamientos y en sus análisis de futuro, siempre se revelan de enorme utilidad para el propio sector, y luego también a la hora de plantearse una interlocución entre la agrupación y las autoridades sanitarias. Así que la iniciativa del IDIS es una gran idea.

Sus planteamientos, si los sintetizamos, a mí me parecen que son muy oportunos porque se encaminan hacia la búsqueda de la excelencia, y eso en la sanidad y en la Medicina siempre es importantísimo. El conjunto de organizaciones que componen el IDIS también son muy respetables; tienen una gran tradición en el marco de la sanidad en España, bien sea en el ámbito puramente privado, bien sea en el ámbito del concierto con la sanidad pública. En definitiva, es una magnífica idea y nosotros la hemos acogido con mucho cariño y como una oportunidad de mejorar nuestro trabajo, ante todo en las administraciones sanitarias y en el Sistema Nacional de Salud, entendiendo el caso de la actividad concertada con la sanidad privada.

La sanidad privada en España representa el 30 por ciento de la actividad asistencial del sector, genera riqueza al crear puestos de trabajo y descarga al Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista financiero y económico. ¿Sería partidario de fomentar medidas que remarquen su carácter complementario respecto de la sanidad pública?

La Ley General de Sanidad establece que la actividad sanitaria en el ámbito privado es complementaria del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que hay un campo, lo ha habido siempre, de provisión privada concertada con el sistema público, de manera que es tradicional y se ha actuado siempre con calidad. Lo que pasa es que el futuro abre demasiadas oportunidades porque hay situaciones nuevas.

En el futuro inmediato, la sanidad tendrá que seguir trabajando por reformar determinado tipo de elementos organizativos que le permitan ser más eficaz y más eficiente. Eso es lo que concretamos en el Sistema Nacional de Salud cuando, en el Consejo Interterritorial de marzo del año pasado, definimos una serie de rutas de trabajo a realizar para hacer un sistema más eficiente, sostenible y con más calidad. Ahí es donde hay que revisar dónde podemos encontrar complementariedades que nos puedan servir para ser más eficaces en este aspecto, y ahí trabajaremos con la sanidad privada conjuntamente. Por eso decía antes que el IDIS es una buena oportunidad para tener una interlocución en temas tan relevantes.

Luego también, el contexto futuro al que me refería es que, de aquí a dos años y medio, cuando la nueva directiva de asistencia sanitaria transfronteriza entre realmente en vigor en el conjunto del territorio de la Unión Europea, habrá oportunidades para los servicios de salud de todos los Estados miembro y, en el caso de España, también habrá oportunidad para atraer a pacientes que quisieran venir a ser atendidos a nuestro país (cumpliendo los requisitos que establezca la directiva en su desarrollo) bien sea en los servicios públicos o en los servicios privados. Por lo tanto, solamente desde la perspectiva de la sanidad privada hay una oportunidad potencial de captar pacientes si se hace una oferta de servicio de calidad, adaptándose a lo que establezca finalmente la directiva.

Yo creo que hay camino por recorrer, y nosotros tenemos servicios de sanidad públicos de una calidad y de una excelencia indiscutibles, como también hay servicios de sanidad privados que tienen calidad y excelencia, y es evidente que el IDIS quiere caminar en esa dirección. Eso nos ha dado oportunidades de trabajar de manera complementaria, y nos ha dado oportunidades de ganar también pacientes, y por lo tanto ingresos, prestigio... para nuestra sanidad, sea la pública o la privada, cada uno en nuestro ámbito y a veces de manera conjunta, vamos a encontrar muchas cosas que hacer en el futuro.

El modelo Muface constituye un buen ejemplo de la complementariedad de los sistemas sanitarios público y privado. Ha habido ciclos en su evolución en los que, al menos parte de la prensa, ha puesto en cuestión ese modelo. ¿Sería dañino para el conjunto del sistema sanitario que no se confiara en el sistema Muface?

Primero, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no es el competente para la organización del modelo Muface, aunque siempre tiene algo que decir y que hacer siempre que se relacione con la atención sanitaria a un volumen importante de ciudadanos como es el caso de Muface. Pero también es verdad que yo no conozco que haya habido ningún planteamiento de extinción del modelo Muface. Yo creo que eso son siempre rumores. De hecho, a las pruebas me remito: no ha habido cambios en ese sentido.

Nosotros, como Sistema Nacional de Salud y Ministerio de Sanidad, lo que estamos es dando pasos incluso para coordinarnos aún más. En el último tiempo, trabajamos todavía de manera más estrecha, en este caso, con la secretaría de Estado de Función Pública de la que dependen este tipo de cuestiones, para coordinarnos y aprovechar las experiencias y las sinergias que nos podemos dar unos a otros. A mí me parece que, en el futuro, éste es un modelo que debe continuar. Pero también lo digo desde una posición que no es la de la competencia (no es una competencia nuestra), pero sí que pensamos que es un modelo que debe continuar y ése es el planteamiento que entendemos que tiene el Gobierno. Por lo tanto, ninguna novedad en este sentido. Lo que habrá que trabajar (porque surgen nuevas necesidades de los pacientes y de los ciudadanos, estén atendidos donde estén atendidos), es cómo se pueden ir consiguiendo respuestas eficaces, incluso cómo se pueden incorporar en las actividades que se ofrezcan a los ciudadanos que están en ese modelo, servicios y nuevos programas que desarrolle el propio Sistema Nacional de Salud. La atención a los pacientes crónicos nos está ocupando un esfuerzo importante de reflexión y de reorientación y es un ejemplo de algo que se está haciendo y que puede convertirse en un elemento de incorporación al trabajo cotidiano en este tipo de servicios, de tal manera que, se trate de una persona recibiendo atención sanitaria en el modelo Muface o de otra en el Sistema Nacional de Salud, no haya injerencias, porque tienen obligación de que la cartera de servicios sea igual.

A raíz de unas declaraciones sobre el copago sanitario del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en un periódico de difusión nacional, usted ha publicado una columna de análisis, en el mismo medio, en la que resalta los peligros de implantar una medida de financiación de ese tipo, y también se decanta por que se aumenten los presupuestos sanitarios de las administraciones y se fijen objetivos concretos para su uso. ¿Es factible tomar medidas de esta índole?

En el Consejo Interterritorial del año pasado, un acuerdo unánime por parte de todos los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas y de nosotros, del Ministerio, decía que los eventuales incrementos de financiación que puedan venir destinados a los servicios de salud en el futuro, tengan carácter finalista. Sobre esa base, pensamos que los recursos del Sistema Nacional de Salud probablemente se tendrían que incrementar fruto de las necesidades, de las nuevas tecnologías... y, por tanto, si hay que poner recursos adicionales deberían de quedarse en la sanidad. Esto cuenta con un acuerdo político del Consejo Interterritorial.

La reflexión que yo hacía sobre el copago tenía varias vertientes. Primero, desde la perspectiva de evitar barreras de acceso, hay que tener mucho cuidado con poner precio al uso de los servicios, porque eso puede modular la demanda asistencial en este caso, y como la decisión de usar y pagar unos servicios o no hacerlo sería del ciudadano, se trataría siempre de una decisión sin asesoramiento clínico, y podría ser perjudicial para su salud. Por eso no hay unanimidad cuando se habla de los copagos, porque se sabe que se puede convertir en una barrera de acceso que sea perjudicial para algunas personas. Ésa era una primera reflexión: nosotros no somos partidarios del copago, y es algo en lo que coinciden todas las fuerzas parlamentarias (hay quien plantea que sí, que haya un copago, pero hay un acuerdo general sobre el hecho de que los copagos pueden generar dificultades de acceso).

Y luego hacía, entre otras, una reflexión adicional sobre las características que tiene el modelo de financiación autonómica, donde no hay obligación de que los ingresos que tienen las comunidades autónomas provengan de donde provengan (o bien de decisiones del Estado y del Gobierno de España, o bien de decisiones de las propias autonomías, porque no hay que olvidar que las comunidades tienen transferidas las competencias también en impuestos) los destinen a la sanidad. Por lo tanto, con ese contexto jurídico, la hipótesis de un copago no garantiza que el dinero que pueda ingresarse en las comunidades autónomas por poner ese copago vaya a quedarse en la sanidad. Mi opinión es que el ciudadano estaría menos de acuerdo todavía en pagar algo por usar unos servicios sin que tuviera la garantía de que la aportación se destinase a la sanidad.

Eran reflexiones de esa naturaleza. Pero, ahora mismo, no hay ninguna fuerza política que esté planteando el que sea necesario hacer una medida de copago. No la hay. Por otro lado, sobre cómo han funcionado los servicios de salud en los últimos años en España, creo que ha sido un éxito el hecho de que su financiación venga por los impuestos. Ha sido un éxito de eficiencia, de equidad, de legitimidad de la sociedad. La sociedad sabe que paga unos impuestos cada uno en función de sus ingresos, y eso tiene destinos, y uno de ellos es el Sistema Nacional de Salud. Yo soy partidario de que cuando se aborde la posibilidad de que haya más ingresos, aparte de que sea sobre la base de lo acordado en el Consejo Interterritorial de que esos ingresos tengan un carácter finalista (esos ingresos: no toda la financiación, sino los ingresos adicionales), por qué no hablar también de que los ingresos vengan de los impuestos, porque además pienso que los ciudadanos lo entenderían todavía mucho más, porque es el modelo vigente. Ahora mismo los ingresos de los impuestos son los que financian el sistema sanitario. Éstos son los elementos que hay que tener en cuenta en este debate.

Al igual que hay voces que, aunque no provengan de fuerzas políticas, últimamente, reclaman un copago, también se han escuchado peticiones de desgravaciones fiscales de los seguros privados, es decir, la posibilidad de que aquella persona que decide contratar un seguro privado pueda desgravarse dado que está descargando al sistema público por otra vía. Es una medida que ya se implantó en España hace bastantes años y al final se desechó. ¿Le parece una idea acertada?

Es una cuestión de la que pienso que no somos nosotros los que tenemos que opinar. Lo mismo que antes decía que cuando se decida plantear que haya más ingresos para los servicios de salud o para la financiación autonómica, mi opinión es que, en la reflexión, también tiene que constar el asunto de los impuestos. Eso no quiere decir que yo diga que ahora hace falta dinero y haya que subir los impuestos: no nos toca esa decisión. Cuando en este país se decida abordar si hay que poner más recursos para las autonomías, mi opinión es que también tiene que estar en la reflexión el tema de los impuestos porque creo que tiene más apoyo ciudadano.

Lo mismo que digo eso, en el asunto de las desgravaciones fiscales no es la Secretaría General la que tiene que opinar, porque eso está en el marco de una política más global de economía, y no estoy seguro de que eso sea una buena solución (por falta de experiencia, de conocimiento, no me podría pronunciar). Sí que sé que se está reivindicando y que quien lo reivindica lo tiene que argumentar en el sentido de que sea bueno para esa descarga [del sistema sanitario público]. Habrá que verlo.

Hace tiempo que está sobre la mesa el Pacto de Estado por la Sanidad. De llegarse a un acuerdo, ¿en qué lugar quedaría la sanidad privada?

Fue el Congreso de los Diputados el que creó una Subcomisión específica para eso, pero los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo, aunque sí hubiera acuerdos en muchos puntos, fundamentalmente porque el Partido Popular pedía una financiación adicional de 11.000 millones de euros, como si fuera el Estado el que tiene que asumir la hipotética deuda que puedan tener las comunidades autónomas (como si las comunidades autónomas no tuvieran ninguna responsabilidad en esa deuda). En fin: como si pudieran salir 12.000 millones de euros de la chistera.

El caso es que no se cerró el acuerdo, y yo creo que hay que seguir con la idea de buscarlo, pero eso corresponde al Parlamento. En la parte que corresponde al Ministerio, hicimos nuestro trabajo, que fue el acuerdo de marzo del año pasado, donde hay puntos que ya están desarrollados, y puntos que están por desarrollar. El propio acuerdo establecía un marco temporal de 2010 a 2013. Todo lo que dependa del Ministerio y de las comunidades autónomas estoy seguro de que hay un espacio de posible entendimiento y soluciones. Otras cuestiones que no son competencia ni de las autonomías ni del Ministerio de Sanidad se tienen que resolver en el ámbito parlamentario. Yo creo que hay que seguir hablando y buscando soluciones, pero no depende sólo del Ministerio, sino de los grupos parlamentarios.

¿Está la sanidad privada en alguno de los puntos que se han desarrollado?

No de manera explícita, pero en el tema de Muface, por ejemplo, estaba en las reflexiones que hicieron los grupos parlamentarios, con lo cual, desde esa perspectiva sí estaba.

La futura directiva europea sobre sanidad transfronteriza, de la que ha hablado antes, todavía tardará un par de años (30 meses, para ser exactos) en ser incorporada a nuestra legislación. ¿Existe el riesgo de que se produzca una discriminación hacia el sector privado con relación a los pacientes de otros países que quieran ser atendidos en este ámbito asistencial?

Las condiciones serán diferentes en función de la calidad de la oferta, porque el ciudadano que pueda elegir en las condiciones que se establezcan en la directiva podrá elegir servicios en un sitio o en otro. Por lo tanto será el atractivo que tenga la oferta para el ciudadano que pueda elegir el que decidirá quiénes están en mejores o peores condiciones de recibir pacientes. En ese sentido no habrá diferencia, y eso es bueno para el ciudadano, que la diferencia sea por la calidad.

Aquí se abre una oportunidad para el sector privado que yo la veo como una oportunidad para España, porque tanto en los servicios sanitarios públicos como en los de naturaleza privada hay calidad para hacer oferta, y como se trata de servicios que se podrán cobrar, pues hay elementos de interés común para el país. Todo lo que podamos atraer de demanda asistencial de otros países que va a ser cobrada, pues en un momento determinado puede ser también de interés para la sanidad privada. Ahí es donde veo una oportunidad del sector para posicionarse con el fin de dar servicio a nivel europeo.

Por último, ¿le parece conveniente que, en determinadas comunidades autónomas donde el sector sanitario privado tiene un peso importante (como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana…), los responsables sanitarios autonómicos hicieran una planificación conjunta del año desde el punto de vista de la sanidad?

Yo creo que para el sector sanitario privado puede ser interesante saber qué expectativas tiene, no sé si anual o con una perspectiva de tiempo más amplia. Pero es verdad que la manera de poder hacer que los esfuerzos que hace el país en materia sanitaria, sea con recursos públicos o privados, tengan una mayor eficiencia social, pasa por que haya más acuerdos y más planificación. Eso depende de cada comunidad autónoma: cómo hacerlo y si es su voluntad hacerlo. Pero me parece importante que el sector privado trabaje en esa dirección, porque eso le permite planificar sus esfuerzos, sus inversiones, e incluso ubicarse en áreas que pueden ser no preferentes para el sector público, y que puedan ser importantes para la sociedad y que ahí haya un espacio de negocio eficiente. A mí me parece que ése es un buen método de trabajo, pero no me atrevería yo a recomendarlo desde la perspectiva de autoridad sanitaria, porque tenemos que ser, como bien sabéis, muy respetuosos con las cuestiones competenciales.