Javier Barbado. Madrid
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha emitido un comunicado en el que expresa su enérgico rechazo a la proposición de Convergencia i Unió (CiU) de modificar, en Cataluña, la legislación por la que se rigen el departamento de Salud autonómico y el Instituto Catalán de la Salud (ICS) de manera que se permitiera promocionar la actividad privada en los hospitales públicos catalanes.

Lluís Monset i Castells.

En declaraciones a este periódico, el director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) y vicepresidente del IDIS, Lluís Monset, ha tildado de “clara distorsión del mercado” la situación que se derivaría de esa propuesta de modificación de la llamada “Ley Ómnibus”, ya que atentaría contra los centros sanitarios privados al partir los públicos con ventajas: “Habría muchos más competidores que no trabajarían en las mismas condiciones, ya que cobrarían un sueldo por las mañanas [por su actividad en la sanidad pública] y, por tanto, podrían trabajar de manera privada por las tardes a otros precios”, ha señalado.

En opinión de Monset, la posible nueva situación “crearía importantes problemas éticos a la hora decidir por qué una persona que va a un centro público paga y se le pasa delante a de una lista de espera”. “Desde un punto de vista global –ha concluido– no parece comprenderse la necesidad de estimular la inversión de las empresas y mantener la sanidad privada”, que se vería perjudicada a todas luces con la medida.

Además, Monset ha replicado, en nombre de los asociados de ACE (que espera ser recibida  por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para hacerle entreha de un manifiesto con su postura), que, de cambiarse las reglas de juego, también debería concederse al ciudadano la opción de escoger con libertad entre la sanidad pública y la privada, “y, en ese caso, estaríamos absolutamente convencidos de que la mayoría elegiría los centros privados, tal como sucede con los usuarios de Muface”.

El documento enviado a los medios por el IDIS puntualiza que, de llevarse a la práctica la propuesta de CiU, ello “alteraría alteraría de manera irremediable el concepto de sanidad pública, y profundizaría más en el concepto de diversidad asistencial, generando mayores desequilibrios territoriales, ahondando en la falta de equidad y cohesión de un sistema ya de por sí en crisis de solvencia financiera y de gestión”.

Asimismo, se considera que “se da la circunstancia de que, quien tiene que regular en Cataluña la actividad privada es la propia Administración, la cual realiza la propuesta, por lo que esta medida generaría por sí misma una autentica situación de indefensión a los proveedores privados”. Prosigue con la aclaración de que “si a esta situación, ya de por sí muy grave, le añadimos las consecuencias de esta propuesta estamos abocando a la catástrofe a un sector que genera empleo de calidad y riqueza, y ayuda a que el sistema público siga siendo viable a través de la descarga que produce no solo de la demanda sino también de la partida sanitaria de los Presupuestos Generales del Estado (1.400 euros por persona asegurada y año)”.

Cortoplacismo economicista

Además, recuerda que “en el espíritu de cualquier anteproyecto de ley no debería primar el cortoplacismo economicista, sino el interés sanitario general y la salvaguarda a ultranza del sistema en su conjunto, tanto en su vertiente pública como en la privada, y más si cabe en un momento en que todos los indicadores concluyen que la sostenibilidad del sistema está realmente en entredicho”.

Por último, pone especial énfasis en que el sector sanitario privado “necesita marcos estables de referencia para su desarrollo”, y se solicita de manera formal “la retirada del proyecto de modificación del artículo 15.2 de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, que recoge el artículo 277 del Anteproyecto de ley propuesto por el Departamento de Salud, de simplificación, de agilidad y restructuración administrativa y de promoción de la actividad privada (Ley ómnibus), por resultar totalmente perjudicial y contrario al buen funcionamiento del sistema sanitario y sin duda contrario al principio de libre competencia que debe existir en nuestro Estado de Derecho”.