|
La actividad asistencial requerida por el colectivo mutualista de nuestro país impacta directamente sobre 47.351 profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en el ámbito privado de la provisión sanitaria o, lo que es lo mismo, sobre el 19% de las personas que trabajan en el sector sanitario privado. De ellos, 12.165 son médicos y 35.186 otros profesionales.
Muchos de estos profesionales desarrollan su labor en áreas geográficas cuyo mercado laboral sanitario privado tiene una gran dependencia del colectivo mutualista y que, por tanto, sería difícil de mantener sin su existencia”. Así, las comunidades autónomas que cuentan con un mercado laboral sanitario privado más ligado al ámbito mutualista son Extremadura, con el 79% de sus profesionales del sector privado, Castilla-La Mancha y Castilla y León (con el 49%,) Galicia (con el 42%), Andalucía (con el 38%) y las Ciudades Autónomas (con el 35%).
El colectivo de mutualistas que optó por la asistencia sanitaria privada en 2010 rondó los dos millones de personas, el 4,2% del total de la población española y el 21% del total de población asegurada. No cabe duda de que las ventajas asistenciales (libertad de elección de médico, listas de espera, dotación tecnológica, etc.) ha hecho que el porcentaje de mutualistas que eligen la asistencia privada se haya situado en los últimos años en torno al 84,3% del total del colectivo, mientras que el 13% restante ha optado por recibir la provisión sanitaria mediante la afiliación al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
En cuanto a la distribución geográfica de los mutualistas con asistencia sanitaria privada frente al total de población asegurada, el Informe IDIS muestra un reparto irregular, destacando como los territorios con mayor número de mutualistas sobre población asegurada las Ciudades Autónomas con un 65% de mutualistas sobre el total de población asegurada, la Comunidad de Extremadura con un 54% y la Región de Murcia y el Principado de Asturias con un 43%.
En lo que al consumo de recursos asistenciales por parte de este colectivo de mutualistas, se resumen en una actividad de 232 mil ingresos, los cuales generaron un total de 1,1 millones de estancias hospitalarias, 109 mil actos quirúrgicos entre actos de cirugía mayor y cirugía menor ambulatoria y 1,3 millones de urgencias hospitalarias. A nivel extrahospitalario, generaron una actividad de 17,5 millones de consultas y de 34,9 millones de pruebas de diagnóstico, pruebas biológicas y otros actos terapéuticos, lo que pone de manifiesto la importancia del sector sanitario privado en nuestro país.
La sanidad española se caracteriza por una importante integración de los componentes públicos y privados, integración que permite mantener un sistema equilibrado y altamente satisfactorio en sus resultados y que tiene en las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS Y MUGEJU) un claro exponente. No en vano, estas mutualidades constituyen un modelo de gestión sanitaria eficiente, que no genera déficit y beneficia a todos:
• Al Estado, por el coste fijo que le supone.
• A la sanidad pública, por la reducción de la demanda de los pacientes y el apoyo prestado por recursos privados cuando lo necesita.
• A los usuarios, que pueden elegir qué entidad les prestará la atención sanitaria.
• Y a la sanidad privada, por los hospitales, clínicas y personal cualificado que trabaja en este sector.
Y es que, bajo el conocido como “Modelo Muface” las mutualidades conciertan la provisión de la asistencia sanitaria con entidades de seguro privadas y con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), abonando a las entidades concertadas la cuota caritativa mediante una prima mensual por persona protegida. A partir de aquí, son los propios asegurados, en este caso funcionarios del Estado, militares y miembros de la administración de Justicia, quienes eligen libre y voluntariamente si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una aseguradora, opción esta última escogida en los últimos años por el 84,3% de los beneficiarios. Este dato demuestra que la cobertura sanitaria de gestión privada es la que mejor respuesta proporciona a los usuarios, realidad a la que hay que sumar que su coste es un 30% inferior al del Sistema Nacional de Salud y sin posibilidad de endeudamiento.
La sociedad es la principal beneficiaria de la existencia de elección para el colectivo mutualista, la cual facilita el acceso a los servicios sanitarios públicos y potencia la existencia de un ámbito de provisión privado con una cartera de servicios, equiparable al ámbito público, completa y un cuadro médico amplio y especializado. Las mutualidades no sólo representan un ejemplo de colaboración público-privada que genera múltiples beneficios en la gestión del sistema público, sino que además forman un modelo fundamental para el mantenimiento del sistema sanitario privado y permiten mantener el equilibrio de la oferta del sistema sanitario público, que por sí sólo no es suficiente para absorber la demanda sanitaria existente.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ya manifestó recientemente, en septiembre de 2012, sus pesimistas previsiones para 2013 debido a la reducción de la aportación del Estado (en un 12,5%) y de las subvenciones (2,85%) y frente a ello hay que tener en cuenta que el mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU), no solo representa un ejemplo de colaboración público-privada que genera múltiples beneficios en la gestión del sistema público, sino que además es un modelo fundamental para el mantenimiento del dispositivo sanitario privado que le complementa (aseguradoras y clínicas), y permite mantener el equilibrio de la oferta del sistema sanitario público, ya que por sí sola no es suficiente para absorber la demanda sanitaria existente.
En cuanto a costes, el modelo MUFACE tiene un coste notablemente inferior (en el entorno del 40%) al de la fórmula general del Sistema Nacional de Salud. Por este motivo, el IDIS no solo defiende el mantenimiento de este modelo, sino que propone su ampliación como una medida que generaría un ahorro significativo de gasto sanitario público (alrededor de 531 millones de euros con el trasvase de un millón de personas).
Respecto a la prima de los Conciertos de estas Mutualidades, esta es más insuficiente cada año, tal como demuestran los estudios de siniestralidad del sector. Teniendo en cuenta la previsión de presupuesto de MUFACE para el año 2013, que estima una subida del 0,19% en el capítulo de Asistencia Sanitaria, la situación puede hacerse insostenible. Es obvio que la insuficiencia de prima acabará llevando a las compañías actuales a replantearse su concurrencia, como hicieron otras hace dos años. La insuficiencia de la prima hace que los datos de siniestralidad sean cada vez más preocupantes. En el último año se ha agravado aún más (es muy superior a la media del sector asegurador de Salud), consecuencia también de la falta de entrada en el modelo de nuevos funcionarios..
Habría que tener en cuenta que las consecuencias de la desaparición del modelo MUFACE se verían reflejadas fundamentalmente en que el Régimen General de la Seguridad Social se incrementaría en varios millones de personas con el consiguiente riesgo de posible colapso del sistema general. Las listas de espera serían más largas, etc. El costo económico para el Gobierno sería mucho más elevado pues hay que multiplicar el diferencial actual de 589€/año/afiliado por la cifra de dos millones, es decir alrededor de 1.200 millones de euros/año más las necesidades de la sanidad pública para un aumento significativo del número de pacientes atendidos en términos de instalaciones, equipamiento, personal, etc…
Aunque en el plano contractual el modelo a corto plazo parece garantizado, el IDIS considera urgente que se articulen soluciones que permitan vislumbrar su supervivencia a medio y largo plazo. Entre ellas IDIS propone la ampliación a nuevos colectivos del modelo MUFACE (funcionarios de Comunidades Autónomas, corporaciones locales y provinciales, Seguridad Social, etc.) ya que ello puede reducir la alta siniestralidad actual y, a la vez, lograr un ahorro inmediato de gasto sanitario público.
En conclusión, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) defiende la necesidad de apoyar y reforzar el modelo sanitario del mutualismo administrativo como una herramienta eficaz para la mejor gestión del sistema público, el ahorro de gasto sanitario y el mantenimiento de la actividad sanitaria privada. La ampliación del mutualismo administrativo supondría un ahorro público de unos 608 millones de euros, con el trasvase de otros colectivos al citado modelo MUFACE. |
Acceda a nuestra hemeroteca
