La pandemia de la COVID-19 ha traído consigo múltiples consecuencias. Entre ellas, el incremento de los conflictos judiciales y, dentro de estos, dirimir las consecuencias económicas. En este sentido, cobra relevancia el papel que tienen los actuarios para la cuantificación de los daños y el cálculo de las indemnizaciones de forma más precisa y rigurosa, ajustada a cada caso concreto. Así se ha puesto de manifiesto durante la tertulia jurídico-médica "El lucro cesante derivado de la responsabilidad civil sanitaria" celebrada en el marco del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario y donde el Dr. Manuel Moya, director de Formación de Promede, moderó la sesión en la que María Rodríguez de Alba Galofre, directora Médico del Departamento de Responsabilidad Sanitaria de Promede, fue la relatora.

En la sesión participaron como ponentes Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña; Teresa Criado del Río, profesora Titular de Medicina legal y Forense de la Universidad de Zaragoza; Carlos Represas Vázquez, director de Innovación de Promede; Carlos Sardinero García, doctor en Medicina y en Derecho, y Rosa Martínez Cal, responsable de lucro cesante en Promede.

Durante la tertulia jurídico-médica, a la que asistieron juristas, abogados y peritos, se generó un debate sobre el lucro cesante, concepto difícilmente cuantificable puesto que consiste en la valoración económica de las pérdidas derivadas de ingresos que se van a dejar de obtener, lo que implica introducir una variable de probabilidad para analizar el perjuicio que se va a producir en un futuro. De hecho, se trata de un concepto basado en expectativas que pueden cambiar a lo largo del tiempo, especialmente cuando el escenario es a muy largo plazo; por ello, el papel de los actuarios se convierte en un elemento esencial para realizar la cuantificación económica de la indemnización derivada de los daños y proporcionar una valoración lo más ajustada posible.

En el debate se analizó, asimismo, la necesidad de crear un baremo específico para el entorno médico-sanitario dada la complejidad de la valoración del daño del paciente y se abrió la posibilidad de mejorar el cálculo de la indemnización con datos estadísticos y económicos que representen más fielmente las situaciones particulares.
Según la coordinadora del departamento de informes de lucro cesante de Promede, Rosa Martínez Cal, “aunque se cuenta con tablas actuariales que proporcionan una información estadística en determinados rangos, es importante contar con actuarios que puedan ajustar el cálculo de la indemnización de forma personalizada para dar más objetividad”. Además, hay que tener en cuenta también las variables biométricas, económicas y valorar que no haya un enriquecimiento injusto en la demanda, ya que normalmente se suele reclamar una cuantía por encima de la realidad. 

La resolución extrajudicial de conflictos

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la necesidad de que exista un marco jurídico para hacer frente a este tipo de crisis. Por ello, es preciso acelerar la implantación de la resolución extrajudicial de conflictos como método clave para evitar acudir a la vía judicial. Este ha sido el eje central del taller "La hora de la resolución extrajudicial de conflictos" que PROMEDE ha organizado en el marco del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Ofelia de Lorenzo Aparici, vicepresidenta 1ª de la Asociación Española de Derecho Sanitario, en un momento del encuentro.

En concreto, se analizó la importancia de esta herramienta para crear espacios de diálogo, llegar al entendimiento entre las partes, ahorrar costes y disminuir el tiempo de conclusión; así se puso de manifiesto durante la sesión en la que participó Ofelia de Lorenzo Aparici, vicepresidenta 1ª de la Asociación Española de Derecho Sanitario y director de la plataforma REDES (Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario), junto con Yolanda Aguilar Olivares, subdirectora en la Dirección General de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Javier Villalba Rodríguez, director de Siniestros en BH Speciality Insurance; Francisco Sánchez Mendo, director de Sanidad y Farmacia de Aon Risk Solutions, y Joaquín Cayón, jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria y Director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario de IDIVAL-Universidad de Cantabria.

Durante el taller se aseguró que el contexto jurídico y social actual es el idóneo para para la introducción de sistemas alternativos de resolución de conflictos. El objetivo es que se favorezca la información hacia el paciente, se refuerce la relación médico-paciente y, cuando proceda, se puedan ofrecer soluciones indemnizatorias para evitar acudir a la vía judicial, lo que además supone una humanización del proceso. A modo de ejemplo, se mencionó el éxito de la implantación de este servicio para pacientes y profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).