Redacción. Madrid
El presidente de Aragón, Javier Lambán.
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El Departamento de Sanidad de Aragón y las delegaciones territoriales de Muface, Mugeju e Isfas, encargadas de la asistencia sanitaria de funcionarios públicos, militares y jueces adscritos, han acordado hoy un acuerdo transitorio que elimina la entrega directa del recibo a los pacientes por ser atendidos en la sanidad pública.
De esta manera, los centros de salud públicos de la comunidad serán los encargados de expedir las facturas directamente a las aseguradoras, por lo que se evita que sean los pacientes los encargados de entregar al final de cada mes el total de facturas recibidas a las mutuas.
En esta primera reunión, ambas partes esperan llegar a un acuerdo final porque “son conscientes de las necesidades por las que pasa el usuario en las zonas rurales”, según cuentan desde el departamento de Sanidad aragonés. Además, el departamento subraya "el afán de colaboración que hay entre ambas partes para llegar a un acuerdo definitivo lo antes posible”.
La confrontación entre Salud y mutuas afecta a un total de 16.800 personas que residen en zonas rurales de menos de 20.000 habitantes por municipio. La consejería de Salud desde un principió reconoció que en 2015 se cambió el modelo que se venía prorrogando entre la consejería y las mutuas desde 2002.
“Hasta la prórroga de 2015, Muface pagaba al Salud por esta asistencia una cantidad fija por persona (1.600.000 euros en total) para cubrir toda la asistencia pero en la prórroga de ese año se modificaron las condiciones, de modo que solo se pagaba una cantidad fija por persona en concepto de asistencia urgente (200.000 euros), mientras que el resto de las asistencias se debían facturar directamente por el Salud a la compañía aseguradora del usuario”, explican.
Este sistema, según la consejería, provocaba “dificultades administrativas e incluso de cobro, dado que con estas condiciones el Salud debía facturar directamente a las compañías aseguradoras de cada usuario, además de una considerable merma económica para el sistema público”.
Así, el Gobierno de Javier Lambán ha estado negociando una vuelta a los anteriores parámetros que, por el momento, ha resultado infructuosa. “Es voluntad del Departamento renovar el convenio, pero con las condiciones anteriores al 2015 y en la misma línea al que tienen el resto de comunidades”, matizan.
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