Iñaki Peralta, vicepresidente del IDIS y director general de Sanitas Hospitales.

La atención pública sanitaria es, sin duda, una de las mejores del mundo, y es uno de los servicios más valorados por los españoles. Hasta tal extremo que el equipo de asesores del Presidente Obama se fijó en el modelo sanitario español en su intento por dar una solución coherente a su complejo sistema. Sin embargo, desde hace algún tiempo estamos siendo testigos de uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, y es su sostenibilidad. España se ha convertido en uno de los países más viejos de la UE, donde el colectivo de personas mayores se acerca ya a los ocho millones de personas. Este hecho, unido al aumento del gasto en fármacos, la aparición de nuevas patologías o el resurgimiento de otras ya existentes pero prácticamente erradicadas son algunos de los retos a los que se tiene que enfrentar el SNS. Para evitar las predicciones más catastrofistas que anuncian el fin del SNS tal y como lo conocemos en los próximos años, los organismos públicos tienen que tomar medidas. Uno de los pilares básicos para poder conseguir esta sostenibilidad es la colaboración entre la sanidad pública y privada.

Como sabemos, los ciudadanos que cuentan con una póliza de seguro privado apenas consumen recursos de la sanidad pública, lo que permite ahorrar al SNS hasta 1.189 euros por persona al año. Una cifra que no se debe olvidar. Además, la colaboración con la sanidad privada permite agilizar las listas de espera, reducir la saturación del sistema público y dar empleo a un gran número de profesionales sanitarios fuera del SNS.

Incentivos fiscales

Sectores como el automovilístico o el inmobiliario han visto cómo los gobiernos han ido estableciendo en los últimos años diferentes medidas fiscales para la reactivación económica –el conocido Plan RENOVE y las ayudas para la compra de la vivienda han sido aplaudidas por la población y se han materializado en el aumento de un 24 por ciento del número de matriculaciones y el incremento del seis por ciento en la venta de las viviendas, respectivamente-. Si esta misma estrategia se hubiera trasladado a la sanidad privada, las desgravaciones fiscales sin duda habrían sido acogidas de forma muy positiva por los ciudadanos y supondría una importante descarga económica del sistema público sanitario.

Hasta 1998 el Impuesto sobre la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) permitía al contribuyente deducirse hasta el 15 por ciento en la cuota por los servicios médicos y seguros privados de asistencia sanitaria. Esta deducción era aplicable tanto al gasto directo del contribuyente (pago de consultas médicas, estancias hospitalarias, medicamentos), como al gasto indirecto (pólizas de seguros de salud y asistencia sanitaria). Sin duda, la ventaja de la desgravación fiscal es doble, porque beneficia al ciudadano que se suscribe a un seguro privado, y, sobre todo, porque descarga económicamente al sistema público al reducir el consumo de recursos.

Motor de empleo

Así mismo, la sanidad privada supone un importante motor de desarrollo y de creación de empleo y, en este sentido, los incentivos fiscales sin duda conllevarían el aumento en el número de pólizas, de la actividad, y por lo tanto, de la demanda de profesionales sanitarios. Este hecho supondría una buenísima noticia para todos y frenaría una posible fuga de talentos al exterior.