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Jueves, 11 de octubre de 2012   |  Número 38
PRIMER PLANO
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ CARRÓN, CONSEJERO DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL DE EXTREMADURA
“Estamos planteando la colaboración público-privada para el nuevo hospital de Cáceres”
Defiende buscar fórmulas para conseguir recursos y seguir manteniendo las infraestructuras sanitarias de la comunidad

Cristina Mouriño / Imagen: Diego S. Villasante y Adrián Conde. Madrid
Luis Alfonso Hernández Carrón ha destacado la importancia de que los profesionales sanitarios se conciencien de que ellos son parte de la solución al problema de la sostenibilidad. El consejero de Salud y Política Social de Extremadura ha visitado la sede de Sanitaria 2000, empresa editora de Publicación de Sanidad Privada, para hacer balance de estos primeros meses al frente de la sanidad extremeña. Hernández Carrón estima que a final de año su departamento habrá logrado un ahorro aproximado de 125 millones con las diferentes medidas puestas en marcha a través del Plan Económico Financiero de la Junta de Extremadura. Entre sus retos más inmediatos, el consejero ha destacado el pacto por la sostenibilidad de la sanidad extremeña con el que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema desde un entorno de diálogo y colaboración con todas las organizaciones sectoriales.

Empieza el nuevo curso político con importante reto entre manos: el pacto por la sostenibilidad de la sanidad extremeña, una iniciativa en la que viene trabajando junto con los profesionales sanitarios desde principios del mes de agosto, ¿en qué situación se encuentra? ¿Qué medidas contempla?

En efecto. He de decir que a partir de mediados de agosto abrimos un entorno de diálogo y colaboración, un espacio de consenso con las organizaciones sectoriales de la sanidad en Extremadura con el objeto de poner en el centro del diálogo las decisiones que hay que tomar para hacer sostenible el sistema sanitario extremeño.

Entendemos que hacer sostenible nuestro sistema público de salud es una tarea de todos, incluyendo a los profesionales sanitarios, como no puede ser de otra forma, pero también a los usuarios y desde luego a la Administración. Tenemos que reconocer que hemos puesto en el centro del diálogo a los profesionales sanitarios porque ellos tienen una gran parte de decisión en este tema al igual que la Administración.

Desde la Administración estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para que sin tocar la calidad consigamos mantenerla al menor coste posible. Creo que ese es el reto que tiene en estos momentos nuestro Sistema Nacional de Salud. Y ahí desde luego los profesionales tienen mucho que decir.

Hay que decir que se han abordado, evidentemente, cuestiones que afectan al capítulo uno y que hemos dejado para la Mesa Sectorial. Precisamente, recientemente hemos conseguido que la implantación de las 37,5 horas semanales se haya hecho dentro de un espacio de consenso y de diálogo con la aprobación de una gran parte de las fuerzas sindicales. Nos parece que ésta es una buena premisa para llegar al Pacto Sanitario para Extremadura.

Este Pacto viene a sumarse a las medidas que ya pusieron en marcha con el Decreto-Ley de Medidas Urgentes que comprendía, entre otros asuntos, la reordenación de los Puntos de Atención Continuada para lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, ¿qué balance hace desde su puesta en marcha? ¿Qué ahorro ha supuesto para el SES?

Dentro del Plan de Equilibrio Financiero que el Gobierno de Extremadura presentó al Gobierno de España para conseguir el objetivo de déficit, se han puesto en marcha muchísimas medidas para conseguir una eficiencia y bajar los costes sanitarios en Extremadura manteniendo la calidad. Como decías, una de las medidas que quizá más contestación social ha tenido ha sido la modificación de horarios y el cierre de Puntos de Atención Continuada (PAC). Concretamente se actuado sobre los PAC accesorios, no sobre los cabecera. En Extremadura tenemos 102 PAC cabecera que en estos momentos siguen abiertos, y solamente se ha actuado en 21 accesorios.

Creo que el tiempo ha demostrado que se ha hecho bien la planificación que se hizo sobre esos PAC accesorios porque a día de hoy los tiempos de respuesta y la calidad asistencial siguen siendo los mismos. Demuestra que se puede sostener la Atención Primaria de urgencia en el territorio extremeño a un menor coste. Este es un mensaje muy importante para los ciudadanos, para su seguridad. Creo que los mensajes alarmistas que se han podido lanzar a lo único que invitan es a incendiar un clima que, en estos momentos, lo que requiere es consenso y sosiego.

El consejero explica las medidas puestas en marcha para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

El gerente del Servicio Extremeño de Salud anunciaba hace unos meses en una entrevista realizada en esta casa, la apuesta de la Consejería de Salud por la colaboración público-privada en la puesta en marcha del nuevo hospital de Don Benito, ¿se plantea su departamento extender este modelo a otros centros?

Por supuesto. Nosotros en un momento de restricción del crédito y de bajada de los ingresos, tenemos que buscar fórmulas e ingeniárnoslas para conseguir los recursos y seguir manteniendo nuestras infraestructuras, no solamente para construir nuevas infraestructuras, sino para mantener las que tenemos. En Extremadura el Gobierno se ha encontrado, en materia de infraestructuras, con dos problemas graves. Por un lado, el hospital comarcal de Don Benito-Villanueva que está completamente obsoleto y que se ha quedado pequeño. En este hospital estamos contemplando fórmulas de colaboración público-privada.

Estas fórmulas de colaboración público-privada ya nos las encontramos diseñadas por el anterior gobierno que nos dejó realizados los primeros avances jurídicos y administrativos, y desde luego no renunciamos a ella en un momento de restricción de crédito y presupuestaria.

Por otro lado, se pone de manifiesto otro problema en otro hospital en la ciudad de Cáceres. Cáceres tiene dos hospitales: el Virgen de la Montaña, que es el antiguo hospital provincial; y el Hospital San Pedro de Alcántara. Son hospitales que se están quedando obsoletos y que son insuficientes. En este sentido, ya estaba previsto por el anterior gobierno la construcción de un nuevo hospital. Ese nuevo hospital se está construyendo, y el problema es que el diseño de construcción se hizo en dos fases. La primera está a punto de finalizar y ahora habría que acometer la segunda fase. En esta segunda fase tenemos un problema presupuestario y nosotros estamos planteando la posibilidad de acudir a la colaboración público-privada para completar todo el complejo.

¿Desde la Consejería se ve más posibilidades por alguna de las distintas fórmulas de este modelo?

Creo que nos estamos decantando claramente por un modelo donde externalizamos los servicios salvo aquellos que hagan referencia a la ‘bata blanca’. Es decir, todo excepto la ‘bata blanca’ porque hay una serie de condicionantes políticos que nos obligan a ello, y desde luego, es un modelo que puede dar resultados a las necesidades que tenemos ahora mismo en Extremadura.

Dentro de estas medidas económicas no sé si se podría incluir la atención sanitaria a los inmigrantes. Si los Puntos de Atención Continuada han generado polémica, el tema de la asistencia a los inmigrantes no se queda atrás. ¿Lo ve como una medida de racionalización? ¿Cree que puede generar inequidades el hecho de que cada comunidad decida regularlo de distinta manera? ¿Contempla Extremadura alguna fórmula al respecto?

Lo primero que tengo que decir es que no entiendo esta medida como una medida economicista.  Es una medida de seguridad jurídica y de replantear algunas situaciones que había quedado alegales o fuera de un estricto control en el pasado. Creo que la regulación que ha hecho sobre el aseguramiento de los irregulares en España es una regulación que necesitábamos, sobre todo en algunas comunidades autónomas, no es el caso de Extremadura.

En nuestra comunidad este fenómeno no es alarmante, ya que sobre una población de 1.100.000 habitantes tenemos 1.250 extranjeros irregulares. Así todo, nosotros estamos en consonancia con lo que está prescribiendo el Ministerio y es lo que tendríamos que hacer todas las comunidades autónomas si queremos tener un Sistema Nacional de Salud homogéneo. La ministra ha hecho una medida valiente que sin duda alguna era necesaria, y en Extremadura no ha habido ningún tipo de problema en su aplicación.

El consejero extremeño en un momento de la entrevista con Ricardo López, director general de Sanitaria 2000, y la redactora Cristina Mouriño.

Suponemos entonces que el problema no es tanto esa población que es reducida sino ese aluvión de pacientes que siguen recibiendo desde Portugal, pero que parece que ya ha quedado resuelto con el abono de la deuda.

Claro. Hay una diferencia en las dos situaciones. Una cosa es la atención a extranjeros irregulares en el sistema de salud y con la nueva figura reglamentaria lo que se hace es que se identifican cuales son los mecanismos para articular el pago de esa prestación sanitaria.

Por otro lado, el convenio con Portugal es un convenio perfectamente reglado entre dos países de la Unión Europea que va a encaminado a ciudadanos perfectamente identificados y regulares, es decir, que tienen sus sistema de aseguramiento en Portugal. El problema era que la anterior Administración extremeña no estaba haciendo convenientemente las gestiones para articular ese cobro a terceros.

En el tema de la deuda a proveedores, parece ser que a diciembre de 2011 no hay ningún problema pero que las empresas de tecnología, laboratorios farmacéuticos e industria se quejan de que ha arrancado 2012 y la inercia viene a ser la misma de estos años anteriores.

Tengo que decir que, afortunadamente, Extremadura es una de las comunidades autónomas que está pagando mejor y en menor tiempo según Farmaindustria y Fenin. Excluyendo a aquellas comunidades que tienen un sistema fiscal propio, Extremadura debe ser la primera o la segunda comunidad que mejor está pagando a este tipo de proveedores. Realmente es un problema y creo que las comunidades autónomas tenemos que hacer un esfuerzo porque contribuirá en materia de credibilidad del país.

¿No hay facturas en el cajón como ha pasado en otras comunidades?

Nosotros si nos encontramos muchas facturas en el cajón, especialmente relacionadas con la industria farmacéutica y la tecnológica; y lo primero que hemos hecho ha sido pagarlas. En este aspecto tenemos que agradecer al Gobierno algunas fórmulas que ha puesto en marcha como la del ICO que nos ha permitido solventar deuda. Lo que intentamos es seguir con responsabilidad pagando lo que en estos momentos estamos generando y procurando, sobre todo, que no crezca esa deuda.

Centrándonos en la política farmacéutica, una de las medidas que se puso en marcha fue la nueva aportación en el copago farmacéutico. Su Consejería anunció que estaba estudiando una fórmula que evitara a los pensionistas tener que adelantar su dinero por los medicamentos, ¿ya está definida?

En estos momentos hay un grupo de trabajo entre los colegios de farmacia y la Consejería para precisamente terminar de poner en marcha ese sistema de tope en los 8 y los 18 euros para los pensionistas que permita que no sigan pagando a partir de esas cantidades. Prácticamente en la receta electrónica, que en Extremadura funciona en el 80 por ciento, esta es una cuestión que está prácticamente solventada. El problema que tenemos, y es en el que se está trabajando en estos momentos, es en la receta de papel que todavía tenemos en torno al 20 por ciento en nuestra comunidad autónoma. En lo que estamos trabajando ahora es en las fórmulas para electronificar esas recetas en papel.

Nosotros nos comprometimos a colaborar con la ministra en la implementación de este sistema porque nos parece muy importante teniendo en cuenta que Extremadura tiene el gasto farmacéutico más alto de España. Con respecto a este asunto, ha habido un 0,3 por ciento de reclamaciones  con respecto a este sistema sobre 1.070.000 tarjetas, lo cual es muy poco. Muy probablemente, a primeros de año, estos topes puedan estar en marcha.

El consejero explica las medidas puestas en marcha para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Con respecto a la revisión de la cartera de servicios, ¿su departamento ha reflexionado sobre las técnicas o prestaciones que por razones económicas haya que dejar de hacer?

Afortunadamente el Gobierno de Mariano Rajoy y Ana Mato ha decidido tirar para adelante con este asunto en un país donde estábamos yendo hacia 17 carteras diferentes de servicios que estaban desfragmentando el Sistema Nacional de Salud. Afortunadamente tenemos ahora una referencia en la que podemos trabajar y aportar todos. Me parece que esto ha sido lo más inteligente y valiente que se ha hecho en esta materia en estos últimos años en España.

Lo que si se ha decidido por parte del Ministerio es encargar esta responsabilidad a los expertos y por eso se han montado los grupos de trabajo que están en estos momentos debatiendo cuáles son esas prestaciones. Los políticos tenemos que estar viendo, desde fuera, los resultados de estas comisiones y yo no me voy a aventurar a hacer ningún tipo de 'quiniela' sobre que va a pasar con respecto a la cartera básica de servicios.

¿No cree consejero que corremos el riesgo de que al ser una decisión no vinculante cada comunidad decida mantener unas prestaciones y no otras?

Es cierto, y ahí, desde luego, hay que apelar al sentido de responsabilidad de las comunidades autónomas. Ahí tienen un papel importante los presidentes de las comunidades y por eso en breves días va a haber esa Conferencia de Presidentes donde se tiene que hablar de lo que nos une y lo que nos separa. Y en estos momentos debemos centrarnos en lo que nos une.

Hemos hablado de decisiones y medidas que están generando contestación en la sociedad, no solo en el sector sanitario, ¿le preocupa más esa contestación por parte de la población o la contestación de los profesionales? ¿Se separa bien una de otra, o por el contrario el ruido político muchas veces tapa el profesional?

Evidentemente, como políticos nos preocupa mucho lo que la ciudadanía expresa, y hay que diferenciarlo muy bien del ruido que producen los partidos políticos desde la ciudadanía en ciertos colectivos, de lo que realmente los ciudadanos demandan. Desde luego nosotros estamos manteniendo siempre desde la Consejería un equilibrio entre las decisiones, entre lo que puede afectar a los profesionales, a los ciudadanos y en definitiva a los gestores. Por eso hablaba del pacto. Realmente lo que se pretende con el pacto por la sostenibilidad es que esas decisiones también sean compartidas con los profesionales, los usuarios y con los gestores.

Hablando de presión o de condicionantes, no sé si la situación política de Extremadura con ese pacto casi anti natura entre Partido Popular e Izquierda Unida, ¿desde la Consejería siente que condiciona de alguna manera el devenir de las decisiones que se toman?

Mentiría si dijera que no nos condiciona. Evidentemente tomar decisiones de una forma libre se hace pero siempre hay que tener en cuenta que hay un grupo parlamentario que es decisivo en este caso y que permitió acceder al Gobierno al presidente Monago y tenemos que tener siempre presente que ese apoyo parlamentario es necesario para la sostenibilidad del gobierno y por lo tanto, nuestras decisiones, aunque se hacen siempre mirando por el interés de los extremeños, siempre hay que tener en cuenta que hay un apoyo parlamentario de IU que nos hace en muchos casos tomar en consideración algunas de las decisiones que hemos tomado.

¿Y trabaja el Gobierno extremeño, no solo la Consejería, condicionada de alguna manera por esos permanentes rumores de pérdida de confianza, de posible adelanto electoral?

El gobierno está trabajando con absoluta normalidad, sin ningún tipo de presión. Muchas veces eso obedece a un ruido mediático interesado por parte de algunos actores políticos en Extremadura que pretenden crear tensiones políticas. Yo tengo que decir que, afortunadamente a día de hoy, el Gobierno está trabajando de una forma muy eficaz.

Usted conocía bien toda la política regional por su experiencia como portavoz del Grupo Popular en la Asamblea regional, y por tanto podía tener una idea de lo que era la sanidad. ¿Se ha alejado mucho esa visión de lo que se ha encontrado?

Desde luego me ha tocado vivir un momento muy complicado en cuanto a la sanidad en Extremadura y la situación económica en España. Creo que estos cuatro meses que llevo de consejero han sido los más intensos de mi vida. En absoluto arrepentido, todo lo contrario.

Para mí es un honor y un orgullo que el presidente Monago decidiera que yo podía afrontar esta dura y difícil tarea, y desde luego lo estoy haciendo con el máximo esfuerzo y con la mayor de las ilusiones porque sé que en estos momentos nos jugamos mucho y que Extremadura tiene un sistema sanitario bueno, pero hay que seguir trabajando para hacerlo sostenible. Ese es el gran reto que tenemos en estos momentos.

Acceda a la entrevista completa en Sanitaria 2000.tv


 

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