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Redacción. Zaragoza
Según el informe Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2011”, el potencial ahorro en los modelos de colaboración público-privada se estima en un 25-45 por ciento para medicamentos, tecnologías médicas, atención domiciliaria y larga estancia; entre un 15 y un 25 por ciento en atención primaria; de un 30-45 por ciento en servicios clínicos y no clínicos y de un 2-5 por ciento en infraestructuras. Estos son algunos datos que justifican que las fórmulas de colaboración público-privadas son tan eficaces como necesarias para lograr altos estándares de calidad sin perjuicio para los pacientes y en un entorno de sostenibilidad.
Juan Abarca Cidón, secretario general del IDIS; Luis Mayero, delegado de Asisa en Madrid; Carlos Izuel, delegado de Asisa en Aragón, Manuel Fernández Ilarraza, miembro del consejo rector de Asisa; y Alfredo Pérez Lambán, director de la Clínica Montpellier.
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La mejora de la salud y la calidad de vida del paciente es el objetivo prioritario de un sistema sanitario, como lo es también que éste sea sostenible. Para que eso sea una realidad, “debe existir una colaboración público-privada a nivel de organización, eficiencia, control de costes e integración de profesionales con el fin de que el paciente vea cubiertas sus necesidades”. Así lo ha asegurado Juan Abarca, secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), durante la Jornada “Futuro Inmediato en la colaboración público-privada”, celebrada en Zaragoza, enmarcada en el XIII Ciclo del Aula Montpellier. Juan Abarca ha añadido que “la colaboración público-privada más importante es la que cuenta con la integración de los recursos públicos y privados en virtud de la libertad de elección del paciente de elegir el tipo de provisión”.
Aún así, durante su intervención, el secretario general del IDIS revisó algunas de las propuestas que la entidad hace para mejorar la sostenibilidad del sistema, sin perjudicar a los pacientes. Entre ellas se encuentra la prestación de servicios mediante conciertos, que suponen un desahogo en las listas de espera y ofrecen asistencia sanitaria en aquellas zonas geográficas en las que no cuenta con infraestructura suficiente. En este sentido, Juan Abarca señala que “se estima que solo el 10 por ciento del gasto sanitario público se destina a conciertos con la sanidad privada. No obstante, hay que tener en cuenta que los conciertos para pruebas, procedimientos diagnósticos o prestaciones sanitarias suponen un ahorro significativo para el sistema público. Por ejemplo, un procedimiento de liberación de túnel carpiano puede suponer un ahorro del 58,88 por ciento al sistema público si se hiciera mediante concierto”.
En la imagen de la izquierda: Pérez Lambán, Abarca Cidón y Mayero. A la derecha, la sala donde se ha celebrado la jornada.
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Asimismo, considera que la ampliación del mutualismo administrativo supondría un ahorro público de unos 608 millones de euros, con el trasvase de otros colectivos al modelo Muface. Esta fórmula supone que el Estado abona a la aseguradora y asume los costes por cada ciudadano que elige la sanidad privada. Las mutualidades más conocidas son Muface, Mugeju e Isfas y “hay casi 2 millones de mutualistas que son atendidos por la sanidad privada, lo que supone una reducción y un desahogo para el sistema público. De hecho, este sistema supone un ahorro del 40 por ciento con respecto al Sistema Nacional de Salud”, explica Abarca.
De izquierda a derecha: Manuel Bueno, presidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza; Enrique de la Figuera, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza; Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo del IDIS.
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La desgravación fiscal por la contratación de un seguro sanitario es otra de las propuestas que IDIS hace: “un incentivo fiscal del 15 por ciento para rentas inferiores a 30.000 euros que contraten un seguro de salud podría hacer crecer un 15 ciento el número de asegurados en la población, lo que equivaldría a que aproximadamente un millón de personas salgan de manera voluntaria, parcial o totalmente, del sistema público, generando un ahorro de entre 631 y 1.225 euros per cápita, lo que da como resultado una descarga de gasto para el sistema público”.
Por último, IDIS considera que es conveniente la promoción de concesiones, que consiste en adjudicar mediante concurso la atención sanitaria a una población a largo plazo por un per cápita que se va actualizando a lo largo de los años. “Una de las ventajas de este sistema para la Administración es que se trata de un modelo de financiación pública que cuenta con un gasto predefinido y asegurado, lo que supone una descarga de los presupuestos públicos, ya que se obtiene un coste de al menos un 25 por ciento inferior a la media de la gestión pública”, comenta el secretario general del IDIS, quien también hace referencia a los beneficios para el ciudadano “debido a que existe una mayor accesibilidad a los centros sanitarios, reduciéndose las listas de espera y ofreciendo al ciudadano un trato personalizado”.
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