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Viernes, 24 de febrero de 2012   |  Número 25
SEGÚN UN ESTUDIO DE CAMPO ELABORADO POR EL IDIS
La Administración debe a la privada y concertada más de 2.000 millones de euros
La ineficiencia y el déficit financiero explican en parte la deuda acumulada

Redacción. Madrid
La deuda sanitaria de las administraciones públicas con el sector privado y concertado se estima en más de 2.171 millones de euros, según ha declarado Juan Abarca, secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en referencia al informe “Deuda pública con el sector sanitario privado”, que ha realizado esta entidad. El desglose de este dato, obtenido de la extrapolación de los datos de facturación, deuda y periodo medio de pago de una muestra de cien hospitales privados de España, revela la distribución de la deuda acumulada en 2009, en concreto 709 millones de euros a conciertos sanitarios con la red pública, y 1.462 millones a clínicas privadas.

Desglose de los conciertos con el sector privado y concertado y estimación de la deuda acumulada (año 2009). Fuente: IDIS, a partir de los datos extraídos de la Estadística de Gasto Sanitario del MSSSI y DBK.

El gasto sanitario público constituye el principal componente de los presupuestos de las comunidades autónomas (32,2 por ciento del total). Por este motivo, cualquier medida de ajuste presupuestario tiene un elevado potencial de impacto sobre la disminución del gasto sanitario y el incremento de la deuda. Entre los problemas de carácter general que continúan latentes en el Sistema Nacional de Salud, el secretario general del IDIS ha citado los referidos a su financiación y algunos aspectos de ineficiencia en la gestión de los servicios sanitarios.

Y es que, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el encuentro, la deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud y con el Sector de Tecnología Sanitaria a 31 de diciembre de 2011 alcanzaba los 11.599 millones de euros. Ante este panorama, el IDIS reivindica un aumento en los niveles de colaboración y complementariedad de los sectores público y privado. “Si se fomenta la integración del sector privado dentro del sistema sanitario, se evitarán duplicidades en el consumo de recursos que generan ineficiencias y gastos innecesarios y se facilitará que quien opte por el copago voluntario, es decir, tener una póliza privada, descargue del máximo gasto posible al sistema sanitario público”, ha afirmado Juan Abarca.

El “efecto iceberg”

El importe de la deuda sanitaria pública afecta al conjunto de los proveedores del sistema sanitario y puede clasificarse en dos grandes grupos: deuda visible, la contraída por suministro de medicamentos (6.369 millones de euros) y con las empresas de tecnología sanitaria (5.230 millones de euros), que ha crecido en 3.043 millones de euros en el período 2010-2011, y la deuda no visible. En este segundo grupo se incluye, además de la deuda con oficinas de farmacia, con empresas de servicios no asistenciales y la deuda no contabilizada o no vencida, aquella contraída por conciertos, colaboraciones y servicios externalizados con empresas privadas.

“El cálculo de la deuda sanitaria no visible es muy complejo, debido a la gran diversidad de agentes privados con los que interactúa la administración sanitaria y la no obligatoriedad por parte de las entidades privadas de desglosar las deudas de sus clientes, incluidas las de la administración pública. A todo esto hay que sumar el insuficiente desglose en las partidas presupuestarias a las que asignan los acuerdos o conciertos con el sector privado”, afirmó Juan Abarca. “Estimamos esta deuda en más de 4.100 millones de euros”, señaló.

Elementos clave

Durante la presentación del informe, el secretario general del IDIS ha explicado que en relación a la deuda sanitaria hay dos elementos clave sobre los cuales hay que poner una atención especial: el ritmo de crecimiento de la deuda vencida y el importe total de la misma. “Para calcular el impacto real de la deuda sanitaria pública en el sector privado hay que tener en cuenta que de los 15.700 millones de euros de deuda total, el 74 por ciento corresponde a deuda vencida que debería haber sido liquidada si tenemos en cuenta los límites de pago establecidos legalmente”, subraya  el secretario General del IDIS. “Si se aplicase el tipo de interés de demora correspondiente al primer semestre de 2012, el importe de los intereses anuales que la administración pública deberían pagar a los proveedores sería de 930 millones”, reveló.

Propuestas del IDIS

El IDIS defiende que para normalizar la situación es necesario poner en marcha las siguientes medidas: conocer en detalle el importe que la Administración adeuda al sector sanitario privado en su totalidad (conceptos, importes, vencimientos, etc.); establecer un plan de pagos para la deuda vencida y mecanismos que permitan la financiación de las empresas hasta el momento del cobro (confirming, etc.); normalizar el pago de los suministros y servicios ofrecidos en el año 2012; y, por último, asegurar unos periodos de pago comunes para todos los proveedores (energía, fármacos, asistencia sanitaria, etc.).

Deuda sanitaria acumulada por tipo de proveedores, deuda vencida y estimación de intereses anuales de demora (2011). Fuente: IDIS. 1: datos de 2009; 2: el tipo legal de interés de demora por aplicar durante el primer semestre natural de 2012 es el 8,0 por 100.
 

Abarca también recordó que “pese a la crisis, el gasto privado en salud muestra en España una tendencia creciente en relación con el gasto sanitario público. Es más, pese a la deuda, el aumento de la demanda de asistencia sanitaria y el apoyo a la sanidad pública en la cobertura de sus crecientes necesidades hace posible que las expectativas de crecimiento del sector privado aumenten cada año”,  ha concluido este experto.

Campaña de desgravación

Por otra parte, el IDIS ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el fin de ayudar a que se retome la deducción fiscal a los gastos de salud derivados del aseguramiento privado, medida que por un lado reconocería el esfuerzo que realizan las personas que tienen un doble aseguramiento, público y privado, y que, por otro, ayudaría a descargar de presión asistencial y financiera al sistema público de salud y dinamizar el empleo en el sector sanitario privado. La firma electrónica, individual o colectiva, puede registrarse en la web www.desgravacionfiscalsanitaria.org donde además se encuentra toda la información sobre la iniciativa y otros aspectos relacionados. La página dispone de un contador de firmas recolectadas y una calculadora que simula, en función del gasto anual en sanidad, el ahorro que supondría esta medida tanto para el asegurado como para el Estado.
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