Redacción. Madrid
Los modelos de colaboración público-privada contribuyen, de forma significativa, a la sostenibilidad del sistema y permiten, en la caso concreto de la Comunidad Valenciana, ofrecer asistencia sanitaria en zonas en las que el sistema público no cuenta con infraestructura suficiente. Sobre las diferentes fórmulas de cooperación entre los sistemas público y privado se ha debatido hoy en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de Valencia, con motivo de la conferencia 'Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Sanidad privada, portando valor', impartida por Adolfo Fernández-Valmayor, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Adolfo Fernández-Valmayor, presidente de IDIS.

En esta misma línea, Alberto de Rosa, presidente de la Comisión de Cooperación Público Privada (CPP) de la CEV, ha insistido en que “la colaboración público privada es imprescindible además de para contribuir a la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar, para ayudar a cambiar un sistema con estructuras y mentalidad de hace 40 años, y para que España no se aleje de todos los países del entorno europeo que han emprendido reformas contando con la iniciativa privada”.

Estos modelos son un elemento clave para la mejora de la economía y del tejido empresarial valenciano en general. Y es que, según datos del último informe del IDIS Sanidad privada, aportando valor: Análisis de la situación 2016, en la Comunidad Valenciana, el sector sanitario privado representa actualmente un 34 por ciento del gasto sanitario de dicha comunidad, una cifra que viene a justificar su elevado peso en el sector productivo general.

El sector sanitario privado cuenta en la Comunidad Valenciana con el 42 por ciento del total de centros hospitalarios existentes y el 18 por ciento del total de camas y dispone del 58 por ciento de los PET y el 47 por ciento de las resonancias magnéticas. El informe muestra también que se ha registrado un incremento anual del 0,8 por ciento en el número de asegurados en el período 2012-2015, representando el 8,1 por ciento del mercado nacional en volumen de primas. Además es importante reseñar que la actividad realizada por los hospitales privados en el total de actividad asistencial regional sigue siendo muy relevante. La sanidad privada de dicha comunidad autónoma llevó a cabo en 2013 el 21 por ciento de los actos quirúrgicos, el 19,2 por ciento de las altas y atendió el 20,5 por ciento de las urgencias.

Los modelos de concesión administrativa

Los estudios económicos pronostican que dentro de unos años el gasto sanitario necesario para dar cobertura universal en condiciones de equidad será el doble que en la actualidad. Por este motivo, desde IDIS se sigue apostando por la colaboración de la sanidad pública con los centros privados, una acción que contribuye de manera significativa a la sostenibilidad del sistema. Actualmente existen en España nueve hospitales (cinco en la Comunidad Valenciana y cuatro en Madrid) bajo el modelo de concesión administrativa que incluye la construcción de hospitales y la gestión de los servicios sanitarios y no sanitarios.

“Los modelos de concesión administrativa permiten asegurar la necesaria inversión de capital sin incremento de la deuda pública, apunta Fernández-Valmayor. Se trata de un modelo de financiación pública que cuenta con un gasto predefinido y asegurado, suponiendo también una descarga de los presupuestos públicos, ya que a través de este modelo de concesión se obtiene un coste de al menos un 25 por ciento inferior a la media de la gestión pública”.

Un estudio de investigación multinacional desarrollado en la Universidad de Berkeley (EEUU) concluye que en 2012 el hospital de La Ribera ahorró casi un 30 por ciento al Consell por cada uno de los 250.000 habitantes que atendió este hospital, concretamente un 29,7 por ciento. Según estos datos, un ciudadano costaba a la administración pública 1.324 euros en departamentos de gestión pública directa mientras que en la concesión administrativa ese mismo ciudadano costaba a la administración 931 euros. En cuanto a los resultados en salud, también mejoran al ser comparados con la media de la Comunitat Valenciana, por ejemplo: 20 días en el tiempo de espera para primeras visitas, frente a una media de la Conselleria de 39 días; 40 frente a 57 para las intervenciones quirúrgicas; también es menor la estancia media en Alzira, 4,64 días, que la media de Conselleria, 5,74, entre otros indicadores.

“Por último, en relación a los profesionales, este modelo de gestión potencia su figura, apuesta por la gestión por competencias, y reconoce y premia la carrera profesional. Y, en el caso de los ciudadanos, el valor de este modelo recae en una mayor accesibilidad a los centros sanitarios, reduciéndose las listas de espera y contando con una mayor amplitud de horarios, recibiendo el usuario un trato personalizado y cercano”, añade el presidente de IDIS.

Garantía de transparencia

La CEV constituyó el pasado mes de noviembre la Comisión de CPP con el objetivo de valorar la gestión privada en los servicios públicos y fomentar los mecanismos de colaboración entre ambos ámbitos. Forman parte de la Comisión sectores vinculados con sanidad, farmacia y asistencia social, energía, suministro y depuración de aguas, gestión de residuos, servicios de limpieza, colegios concertados, servicios de transporte y logística, entre otros.

“Consideramos que en un contexto económico y presupuestario como el actual que obliga a ser más eficientes que nunca y rentabilizar al máximo los limitados recursos públicos, la CPP está llamada a jugar un importante papel en la construcción y sostenimiento del actual estado de bienestar: un modelo económico y social sostenible exige el concurso y la participación de la iniciativa privada”, apunta Salvador Navarro, presidente de la CEV.

En esta misma línea, la Confederación ha propuesto también la constitución de un Observatorio de la CPP en la Comunidad Valenciana que realice seguimiento, control y evaluación de esta colaboración y proponga, además, nuevas fórmulas de cooperación. “Por un lado, es importante arbitrar los mecanismos que garanticen a la sociedad los principios de transparencia y ética que deben regir cualquier vinculación con la administración pública y, por otro, es necesario preservar y garantizar la seguridad jurídica de los contratos públicos que gestionan empresas privadas”, concluye Navarro.