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Cristina Alcalá. Madrid
La Defensora del Pueblo mediará entre el Ministerio de Hacienda y el colectivo de funcionarios suscrito a Muface e Isfas, para que el Gobierno garantice la continuidad asistencial, especialmente en pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, que se ofrece a estos beneficiarios.
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.
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Ese es el compromiso que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han arrancado este martes a la Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferrer i Casals, quien les ha asegurado que su departamento elevará el informe de los recortes sanitarios al departamento que dirige Cristóbal Montoro “de forma inmediata”, tal y como han confirmado estas fuentes a Redacción Médica.
“No somos ciudadanos de segunda”
“Buscamos el amparo de este organismo para conseguir recuperar toda la oferta sanitaria perdida desde 2015”, ha explicado minutos antes de la reunión el secretario de Acción Sindical de CSI-F y consejero de Muface, Eliseo Moreno. En su queja, el sindicato plasmaba la situación de seis beneficiarios de Muface que actualmente ven peligrar sus prestaciones (especialmente oncológicas) tras las reducciones económicas por parte del Gobierno desde este año. “No somos ciudadanos de segunda”, ha espetado.
A pesar de que Hacienda ha asegurado la continuidad asistencial en un máximo de un año, según estas organizaciones sindicales, los recortes llevados a cabo por el departamento de Cristóbal Montoro han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión de la terapia integral de los pacientes a su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.
Además, denuncian que la “burocracia y el silencio” por parte de la Administración central está generando una situación de indefensión en el colectivo. Primero, porque no han informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria, sino que lo han constatado a posteriori, cuando el propio centro les denegaron la atención (en quimioterapia, radioterapia, consulta, urgencias, etc.).
Una situación que les ha llevado, después, a iniciar un ‘peregrinaje burocrático’ por diferentes centros, algo que provoca retraso en sus tratamientos y pruebas diagnósticas. De hecho, dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, algunos de los enfermos no han obtenido respuesta por parte de la Administración. Incluso aquellos funcionarios que, teniendo la oportunidad de cambiar de tratamiento al Régimen General de la Seguridad Social, ya no pueden hacerlo, dado que no tuvieron constancia de su situación y el plazo ya ha expirado, denuncian los sindicatos.
Partida específica para los mutualistas
Para ello, y coincidiendo con la celebración del debate sobre el estado de la nación, los funcionarios reclaman al Ejecutivo un plan de viabilidad específico para dotar de la financiación adecuada a este colectivo.
En la actualidad, dos millones de personas (entre titulares y beneficiarios) están sujetos a estas entidades aseguradoras, a las que también piden responsabilidad en los recortes y tachan de “haber tomado como rehenes” a los enfermos, tal y como ha explicado Moreno. |
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