Viernes, 22 de septiembre de 2017 | Número 95 |
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La enfermedad no admite demoras |
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Cuando se habla de eficiencia, o de resultados de salud, o de calidad, o de vías clínicas, procesos o procedimientos, como es lógico, de lo primero que hablamos es de cifras y porcentajes que nos permitan comparar una situación, una evolución o el resultado de una serie de medidas que hemos podido establecer e interponer. Lo mismo ocurre cuando hablamos de listas de espera.
No es objeto de este editorial pormenorizar las cifras que supone este hecho, las aportadas por el propio Ministerio de Sanidad hablan por sí solas, todo un drama que es consecuencia de la insuficiencia de un sistema sanitario público que sufre las consecuencias de una demanda creciente motivada por el envejecimiento poblacional, entre otros muchos factores.
Subrayar la espera media quirúrgica o la espera a consulta especializada en cuanto a número de pacientes y tiempo a través de los datos y cifras debería ser, cuando menos, motivo no solo de reflexión sino de acción inmediata por parte de los responsables en los que recae la responsabilidad de gestionar la salud de nuestra población.
Desde la Fundación IDIS se ha planteado un plan de choque que, utilizando todos los recursos disponibles, independientemente de la titularidad, permitiría poner a cero las listas de espera quirúrgica de aquí a finales de año. Para ello, el plan contempla poner a disposición del sistema todos los medios materiales y humanos necesarios del entorno privado de provisión.
El presupuesto estimado para acometer este reto supone una dotación económica cifrada en mil quinientos millones de euros, algo menos del 30 por ciento de los 5.300 millones de euros suplementarios que al parecer el Gobierno va a destinar a las comunidades autónomas. No cabe ninguna duda de que dicho porcentaje no podría encontrar mejor destino que el de contribuir a solventar este problema tan grave y tan acuciante.
Según los datos que aporta la última oleada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la sanidad es una de las cinco preocupaciones mayores de los españoles tras el paro, la situación económica, la corrupción y los políticos en general. Esto significa que la sociedad española ya está percibiendo que nuestro sistema es insuficiente, encontrando cada vez más dificultades y trabas burocráticas en el acceso y la equidad fundamentalmente, principios esenciales de nuestro sistema reflejados en la Ley General de Sanidad.
Todos seremos o somos ya pacientes y, por lo tanto, conocemos de primera mano la situación de extraordinaria dificultad por la que pasa nuestro sistema público de salud en múltiples contextos. Cuando pasamos por una situación de enfermedad todos queremos una atención pronta, ágil, eficaz, segura, de calidad y con los mejores resultados de salud posibles; algo que, por otra parte, es exigible a un sistema que presume desde siempre de encontrarse entre los mejores del mundo.
Tras los fríos datos se encuentran siempre historias personales, situaciones de ciudadanos que justo en los momentos en los que más necesitan la protección del sistema, más dificultades encuentran y más trabas a la hora de solventar tanto su problema de salud como las consecuencias del mismo.
La enfermedad genera situaciones no solo de sufrimiento que afecta a la calidad de vida del paciente, sino que produce incertidumbre, siendo esta mayor cuanto más complejo y complicado es el proceso. Si a esta situación de preocupación y estrés le añadimos la ansiedad de la espera, podemos pensar en qué situación y de qué forma viven muchos españoles ese largo camino que les lleva primero a la consulta, luego a las pruebas diagnósticas, en ocasiones también al quirófano y finalmente a afrontar periodos más o menos largos de rehabilitación, un sumatorio de múltiples turnos de espera y circunstancias que se hacen imposibles de comprender y asimilar en el siglo XXI.
Ante este escenario se hace imprescindible aportar lo mejor de cada cual para solventar este grave problema; en ese sentido, hemos de recalcar que en España hay ya más de 7,8 millones de usuarios de la sanidad privada que tienen un doble aseguramiento y que no consumen recursos de la sanidad pública, o los consumen parcialmente; a ellos, hay que sumar los dos millones de mutualistas que eligen año tras año la asistencia sanitaria privada, en total 10 millones de ciudadanos que son atendidos por los servicios ofertados por la red sanitaria de titularidad privada.
Este aspecto es digno de mención puesto que, si a pesar de esta evidente descarga asistencial y financiera, el sistema público se encuentra con insuficiencias evidentes traducidas en demoras crecientes y persistentes, imaginemos la situación que se generaría si el sistema público tuviera que absorber toda la demanda generada por los diez millones de personas que hoy son atendidas en el sistema privado de salud.
Además de favorecer e impulsar el aseguramiento y provisión de naturaleza privada con diferentes medidas fiscales y sociales, se hace imprescindible reformar el sistema, utilizar de una forma sinérgica, eficiente y coordinada todos los recursos disponibles sin apriorismos ni intereses preconcebidos, actuando además sobre la demanda e involucrando al propio paciente en la gestión responsable de su propia salud en colaboración con el propio profesional sanitario.
Ante los crecientes problemas que acucian al sistema público de salud es bueno recalcar que la sanidad privada es un socio imprescindible de la sanidad pública al descongestionar las listas de espera, aliviar al sistema de presión financiera y procurar unos estándares de calidad asistencial muy relevantes que hacen que estemos a la cabeza de los sistemas homólogos más avanzados de nuestro entorno. |
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