Leire Sopuerta / Javier Barbado. Madrid
La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, se ha hecho eco de la preocupación del sector sanitario privado por la posible extinción del modelo Muface, que da cobertura sanitaria a funcionarios del Estado. Además,  Pastor ha explicado que el sector de la sanidad privada denuncia la “falta de planificación de los recursos humanos del sistema sanitario y la escasez de médicos y enfermeras, algo que repercute de manera directa a la sanidad privada”.

La reunión con Pastor, en la que estuvo presente la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP); el portavoz de Sanidad del Partido Popular, Mario Mingo; y el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana de esta formación política, Julio Sánchez Fierro, sirvió para expresar, desde un punto de vista general, las inquietudes y necesidades del sector sanitario privado, entre ellas la idea de que el modelo Muface debería ser potenciado con un aumento de las primas para hacer sostenible el sistema sanitario en España.

En la actualidad, dicho modelo supone un importante ahorro para la Administración pública, ya que el coste por cada beneficiario es aproximadamente un 50 por ciento inferior al coste de los ciudadanos no adscritos a Muface.

Del mismo modo, en el encuentro se abordó la necesidad de incentivar el aseguramiento privado para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, razón de que los portavoces del sector sanitario privado expresasen la necesidad de que el PP defienda la desgravación fiscal del seguro de salud, así como de que el material fungible sanitario tenga un IVA del 4 por ciento en lugar del 8 por ciento actual.

Otros de los asuntos hablados en la reunión fueron la necesidad de que se fije un sistema común de CMBD (conjunto mínimo base de datos) entre todas comunidades autónomas ya que, en la actualidad, cada comunidad autónoma tiene el suyo propio; la necesidad de agilizar la homologación de títulos de especialistas no comunitarios; estudiar la aplicación especifica de la LOPD en el sector sanitario, y la exigencia del cumplimiento de la ley de morosidad en las diferentes administraciones públicas, ya que algunas están incumpliendo el plazo de 30 días de pago a los hospitales privados concertados.