La revisión del sistema sanitario, a consecuencia de la crisis económica, plantea la necesidad de reducción del gasto público por dos razones principales: para que el sistema sea sostenible y por ser requisito imprescindible para que nuestros socios comunitarios, que están contribuyendo a su financiación, continúen haciéndolo, ya que nos exigen una mayor eficiencia en el gasto y un ajuste entre éste y los ingresos.

Desde hace años, vivimos en el sector sanitario un cambio de sistema al que en los últimos meses se ha unido la creación de una Comisión Parlamentaria para su revisión, se han aprobado decretos que van en esta misma dirección y en el próximo Consejo Interterritorial comenzará la revisión de la cartera de servicios.

Es decir, estamos revisando un sistema que no es sostenible, pero sin embargo lo hacemos con los mismos apriorismos de siempre y en ningún caso adoptando las soluciones que ya tomaron los socios comunitarios hace años, como el aumento de la colaboración público/privada, de forma que el mix entre ambos no sea residual, sino real, y permita el mantenimiento de un sistema de acceso a la salud equitativo.

El Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, ya desde el año 1997, ligaba el mercado interior al acceso a la salud, y reconocía que dicho acceso (servicios sanitarios) tiene que ser independiente del sistema de financiación del proveedor. La Unión Europea, y la mayor parte de sus estados miembros, han diferenciado claramente ambos conceptos, pero en España, un país en el que la calidad de los servicios sanitarios de carácter privado se encuentra al menos al mismo nivel que los de la sanidad pública -y así lo acreditan los organismos competentes-, se sigue hablando exclusivamente de proveedor público.

La políticas de la Unión Europea, con la futura aprobación de los presupuestos y programas para el periodo 2013–2020, al igual que la llamada Estrategia 2020, mantienen esta tendencia, de forma que la colaboración público/privada en la provisión de servicios se convierte en imprescindible hasta el punto de que, si se quiere acceder a financiación comunitaria, se ha de concurrir con socios del sector privado.

La participación en el sector sanitario español de proveedores privados supone el 27,5 por ciento del gasto general en sanidad, el 2,51 por ciento del PIB, toda vez que los operadores privados tienen unos costes por paciente de 631 euros frente a los 1.255 euros del sistema público. En estos momentos, además, hay que añadir, en beneficio de la sanidad privada, que hay 7,6 millones de personas con doble aseguramiento que descargan al sistema público de gasto y 253.000 profesionales con empleo en este sector. Es por ello que parece razonable que una mayor profundización en esta colaboración, que cuenta con el aval internacional, sólo puede traer ventajas para todos los afectados. Medidas propuestas, como el reconocimiento de las pruebas diagnósticas realizadas en centros privados, que evitarían que el paciente tenga que volver a someterse a la misma prueba y el gasto consiguiente, o la deducción fiscal para el seguro privado, una petición de la Fundación IDIS para las rentas inferiores a 30.000 euros, descargarían al sistema y mejorarían su cuenta de resultados. Frente a estas ideas nos encontramos con medidas que se han tomado con respecto a Muface que claramente van en la dirección contraria.

Creemos que la complementariedad existe, y en la creación de sinergias que contribuyan a una verdadera colaboración público/privada que vaya en consonancia con las prácticas de otros países como Alemania, el Reino Unido o los Países Bajos, o con las directrices de la Unión Europea y organismos internacionales, con los que tenemos un mismo objetivo: que el sistema funcione por la seguridad y salud de los ciudadanos.