Redacción. Barcelona
Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña Cataluña (CCFC), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac), la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor), la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir) han comparecido ante los medios de comunicación para manifestar y denunciar de manera conjunta la dimensión del problema al que se está enfrentando la Sanidad sin que las administraciones tomen las medidas necesarias para solucionarlo, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los ciudadanos.

Representantes de PMCM, ACES, CCFC, Fefac, Fetor, Fedifar y Upimir.

Las organizaciones convocantes han coincidido en afirmar que estamos en una situación insostenible y de máxima urgencia por la falta de corresponsabilidad de las Administraciones. Consideran inaceptable que un derecho básico y fundamental como es la salud (incluyendo la protección social al dependiente) no esté garantizado.

Ante esta situación, exigen ser tratados con el mismo sentido de la responsabilidad que el sector ejerce hacia los ciudadanos, a los que lleva años dando cumplimiento a sus derechos debiendo buscar recursos propios para no dejar de prestar el servicio y de proporcionar los medicamentos y productos empleados, poniendo en riesgo la propia viabilidad.

El presidente de Pimec, Josep González, ha abierto las intervenciones poniendo de relieve que la patronal apoya y se suma a las reivindicaciones porque "es del todo necesario encontrar una solución urgente e inmediata a esta grave problemática que atenta contra la viabilidad de los centros sanitarios, las farmacias y el sector de la dependencia, y pone en peligro miles de puestos de trabajo".

Esta situación ha supuesto un impacto directo en sus relaciones con clientes y proveedores, ya que "se han visto obligados a aplazar el pago a terceros, lo que genera situaciones de tensión, además del incremento de gastos financieros", ha agregado.

Por su parte, la presidenta de ACES, Cristina Contel, ha manifestado que "las entidades sanitarias y sociosanitarias tienen a día de hoy una deuda acumulada del 33 por ciento de la facturación del mes de junio y el 100 por ciento de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y, por tanto, llevan más de cuatro meses prestando servicios sanitarios a la ciudadanía, pagando a sus trabajadores, a sus proveedores (detrás de los cuales hay nóminas), la seguridad social y demás impuestos. Todo ello, sin cobrar".

Esto se traduce en un importe de deuda en torno a los 380 millones de euros por cada mes y afecta a 60.000 trabajadores que están en el convenio Siscat (Sistema Integral de Salud de Cataluña).

En cuanto al sector farmacéutico, Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, ha reiterado que "estamos ante un problema que ha demostrado ser estructural, que se repite desde hace cuatro años y que se puede prever desde el momento en que se aprueban los presupuestos". "Pedimos responsabilidad a todos, porque la salud es una necesidad básica y todos tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para que este derecho esté garantizado", ha añadido.

En este sentido, ha instado a todas las fuerzas políticas a "comprometerse para encontrar una solución definitiva que permita garantizar la viabilidad de los servicios sanitarios, que durante todos estos años han mostrado su compromiso absoluto con la salud de la población".

Por su parte, Antoni Torres, presidente de la Fefac, ha manifestado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido un 27 por ciento en los últimos cinco años" (pasando de 1.863 millones de euros en 2009 a 1.355 el año 2014, es decir, 508 millones de euros menos, mientras que el presupuesto en Salud en el mismo periodo ha pasado de 9.400 millones de euros a 8290, 1.110 menos).

Esto lleva a que "casi 1 de cada 2 euros de recorte en gasto de salud los han aportado las farmacias". Por ello, "han tenido que realizar un importante esfuerzo de contención, que se agrava con los continuos retrasos en el pago de las facturas desde hace cuatro años". Hoy, la deuda acumulada es de 330 millones de euros de los medicamentos dispensados en julio, agosto y septiembre.

Fedifar también ha manifestado su preocupación por la situación de impagos que viven las oficinas de farmacia de Cataluña y ha reclamado que se ponga solución a un problema que pone en riesgo la prestación de un servicio básico para la sociedad catalana. En este sentido, el vicepresidente de Fedifar, Vicenç Calduch, ha señalado que "es necesario encontrar una solución urgente y definitiva para acabar con un problema que se ha cronificado, y se deben poner las medios necesarios para evitar que se vuelva a producir una situación similar en el futuro".

El presidente de Fetor, Santiago Maza, ha recordado que el sector de la ortopedia "ya se movilizó el pasado 5 de octubre contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad, ya que afecta gravemente a los usuarios y pone en peligro la viabilidad económica de los centros dispensadores y complica enormemente la prescripción".

A esto hay que unir que "los pagos de las administraciones, por encima de los plazos legales establecidos, dificulta el día a día de muchas ortopedias, especialmente en unos momentos en que conseguir algún tipo de financiación es una tarea complicada".

En su turno, Vicente Botella, presidente de Upimir, ha reiterado que "el sector social es un sector no financiero, que cuida y atiende a los ciudadanos más frágiles y con más necesidades, los dependientes. Asimismo, ha recordado que "la mayoría de las empresas que lo engloban son pymes". Ante esta realidad, ha denunciado que "no entendemos el continuado y progresivo desmantelamiento de la ley de la dependencia" y ha puesto de relieve que el sector de la dependencia "es la cuarta pata del bienestar de la sociedad".

Para Antoni Cañete, secretario general de Pimec y presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), “tanto la directiva europea como la ley española obligan a pagar a 30 días en el ámbito público y, por lo tanto, es difícil de explicar que los plazos de pago estén empeorando en vez de mejorando, en un momento en que las recaudaciones por impuestos han subido. No se puede jugar con un servicio básico como la salud”.
Las entidades convocantes alertan de la situación y exigen que se arbitre y libere de manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada, suficiente para que les permita hacer frente a sus obligaciones con terceros este mismo mes de noviembre, y que se determine un calendario de liquidación de la deuda restante. Asimismo, piden que se cumplan los plazos de pago que la ley o conciertos determinan.

Además de esto, que se diseñe y se implante un nuevo sistema de financiación. El actual ha demostrado ser ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o similares problemas en los pagos. El nuevo sistema debe evitar que se acumulen retrasos que asfixian a los centros y farmacias y generan importantes dificultades de funcionamiento y costes financieros, una situación que posteriormente se ha intentado solucionar liberando fondos de forma masiva para hacer frente a la deuda acumulada.

También que las Administraciones elaboren y aprueben presupuestos reales. No permitir espejismos contables, haciendo cambios en el sistema actual de elaboración, control y aprobación de presupuestos que impidan la infrafinanciación crónica de la salud, con la justificación de que es la única partida presupuestaria que posteriormente se puede ampliar, pues los hechos demuestran la complejidad de hacerlo, que pone en riesgo las prestaciones.

Es necesario, pues, una respuesta inmediata y valiente que dé salida a esta grave situación en la que nos encontramos sumidos por parte de las administraciones que tienen la obligación de tutelar y garantizar la efectividad del derecho de protección a la salud.