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Lunes, 23 de octubre de 2017   |  Número 96
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editorial
 
Listas de espera e incertidumbre
 
Recientemente la revista científica The Lancet, una de las más prestigiosas y con mayor factor de impacto publicaba un artículo en el que se analizan 32 indicadores de salud, también de acceso al sistema y calidad de la atención recibida. España alcanza una posición preponderante, entre los diez primeros países, en concreto el octavo de los 33 evaluados.

Este hecho sin duda nos debe llenar de satisfacción pero no de complacencia, que es algo bien distinto. Satisfacción porque a pesar de la situación por la que atraviesa nuestro sistema público de salud, con un detrimento en su gasto sanitario en relación al PIB, con una insuficiencia evidente en tantos ámbitos, a pesar de ello, salimos más que airosos de este análisis.

Bien es cierto que el trabajo evalúa una serie de indicadores en una población concreta, en cada uno de los países objeto del análisis, y este objetivo muestral recae sobre ciudadanos que en muchos casos poseen un doble aseguramiento, público y privado.

El esfuerzo que está realizando la sanidad de titularidad privada en nuestro país es más que considerable, no solo en términos de porcentaje sobre el PIB, que ya estamos por encima del 3,5 por ciento, sino también en apuesta tecnológica y de captación del talento dentro del sector, buscando y contratando a aquellos profesionales que tienen un perfil más brillante y más acreditado en cada una de las especialidades médicas y quirúrgicas. Esto se debe fundamentalmente a la necesaria competencia entre centros, grupos asistenciales y aseguradores que trata de fidelizar al ciudadano a través de adquirir los mayores estándares de calidad, seguridad, resultados de salud y percepción, todos ellos capaces de generar credibilidad confianza y reputación en definitiva.

La sanidad privada cuenta con más de 10 millones de asegurados, de los cuales más de dos son profesionales que desempeñan su función en la administración central, una cifra que se incrementa a un ritmo del 4,9 por ciento, según los últimos datos aportados por el informe Sanidad privada, Aportando valor, edición 2017 presentado recientemente.

Esta cifra poblacional nos lleva a afirmar que cerca de una cuarta parte de la población española mantiene un aseguramiento privado y que 7,8 millones de personas tienen un doble aseguramiento, descargando de presión financiera y asistencial al sistema de una forma más que notable. Imaginemos un escenario en el que toda la asistencia sanitaria fuera de carácter público, ¿en qué situación nos encontraríamos si estos más de 10 millones de personas acudieran a los servicios públicos de salud, cuando ya de por sí se encuentran desbordados?. Asistiríamos sin duda a una situación de enorme dificultad y colapso del sistema.

Pues bien, a pesar de todos estos datos y otros complementarios que aborda cada año el informe referido, el sistema público de salud afronta entre otros muchos problemas uno que sin duda transmite su pulso -podríamos asegurar que es su termómetro-, que es el de las exasperantes listas de espera.

Recientemente, a finales de 2016, el Ministerio de Sanidad publicaba los datos referidos a este concepto en el ámbito global y territorial, en cada comunidad autónoma, diferenciando la lista de espera quirúrgica de la lista de espera de especialidad clínica.

Los datos no dejan de ser muy reveladores y preocupantes a la vez; cerca de 615.000 personas se encuentran en España incluidas en dichas listas de espera quirúrgica, con una espera media que alcanza los 115 días, pero que en especialidades complejas como Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica, etc… Llega a los 140 días y más en dependencia de la especialidad y de la comunidad autónoma en la que fijemos nuestra atención (Canarias, 182 días de media; Cataluña, 173; Castilla La Mancha, 162; Extremadura, 134; Castilla y León, 107, etc…).

En cuanto a la lista de espera por especialidad clínica aquí la cifra llega a superar los dos millones de personas con una espera media de 72 días (ya de por sí por encima de los 60, cifra utilizada habitualmente como indicador), pero en algunas especialidades como oftalmología o traumatología, esta cifra se dispara hasta alcanzar los más de 80 días; en cualquier caso estas cifras varían también mucho entre comunidades autónomas pero de nuevo son Cataluña y Canarias las que lideran este aspecto.

Según advierte un artículo titulado Policy strategies to reduce waits for elective care: a synthesis of international evidence, publicado en el British Medical Bulletin (Oxford University), las listas de espera son fuentes de incertidumbre y angustia para los pacientes, hasta tal punto que en algunos casos tiene consecuencias adversas para la salud. 

Tras poner de manifiesto este panorama plagado de incertidumbre para pacientes y familiares, siendo conscientes del enorme problema que tenemos en este sentido y pensando que en vez de mejorar con el tiempo, este problema de demoras se va a ir recrudeciendo por la ingente y creciente demanda asistencial vinculada al envejecimiento y cronicidad, la Fundación IDIS ha planteado un plan de choque de listas de espera quirúrgica, de tal forma que aportando todos los recursos disponibles se pudiera alcanza a corto plazo el objetivo “listas de espera a cero” en 3 ó 4 meses y a partir de ahí establecer una estrategia concreta y conjunta de abordaje y solución también en el medio y largo plazo.

Desde el punto de vista financiero se evaluó el coste en aproximadamente 1.500 millones de euros, cantidad que por otra parte va a ser gastada en este mismo capítulo por la sanidad pública pero con una eficiencia y efectividad mucho menor. Ello supondría procurar una dotación extraordinaria del 1,5 por ciento sobre el gasto total de 2017 de la sanidad en España y el conjunto de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que un tercio de la misma, 450 millones aproximadamente, podría retornar a las administraciones vía impuestos.

En este contexto económico, el gobierno anunció una partida extra de más de 5.300 millones de euros a los presupuestos de las comunidades autónomas para que los destinaran a aquello que cada cual considerase más necesario y urgente. Qué mejor que emplear parte de ese dinero, un 30% aproximadamente, a este capítulo que como hemos visto genera tanta incertidumbre y preocupación en los ciudadanos (la sanidad es ya una de las seis preocupaciones más importantes para los españoles según la última encuesta del CIS y la salud es sin duda el bien más preciado que poseemos junto al de la vida).

Se ha demostrado en múltiples encuestas que la preocupación fundamental para los ciudadanos no es si el centro en el que son atendidos es de titularidad pública o privada; lo que sí que es relevante, y así lo manifiestan los participantes en los diferentes estudios, es que la atención sea pronta y eficaz por parte de los mejores profesionales, con los mejores medios y en las mejores condiciones posibles. Lo demás es demagogia. En este sentido, un último apunte: todos los profesionales sanitarios se forman en diferentes universidades, pero con los mismos criterios de evaluación, porque medicina solo hay una, buena o mala, y tanto el paciente como el profesional es el mismo, independientemente de la titularidad.

Para concluir, un hecho que ha sido refrendado desde la Unión Europea: la sanidad privada es un aliado estratégico que permite garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y la propuesta de la Fundación IDIS para poner las listas de espera a cero se enmarca en el cumplimiento uno de sus objetivos fundacionales, conseguir la mejor integración de los sistemas sanitarios público y privado, liberando recursos y contribuyendo a una mayor y mejor accesibilidad de la población a la atención sanitaria.

 

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