Los acontecimientos ocurridos en torno a los cambios en relación a la Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid durante las últimas semanas, han promovido que el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que representa de forma mayoritaria al sector sanitario privado en España, haya expuesto su preocupación por afirmaciones sobre la colaboración público-privada que permite establecer modelos de gestión más eficientes para la Sanidad pública controlados por la Administración, tanto en el sentido de la propia gestión como de los resultados y que de ninguna forma implican privatizar la Sanidad.

Los modelos de colaboración no suponen una disminución de los derechos de los ciudadanos en relación al acceso a la Sanidad y no conllevan un coste añadido para los usuarios ni una disminución en las prestaciones ofertadas por la Sanidad pública, ejemplo de ello son centros como el Hospital Infanta Elena o el Hospital de Móstoles, en los que desde su puesta en marcha se ha aplicado el modelo de concesión administrativa que incluye la gestión de servicios sanitarios.

La colaboración en sus diversas formas no implica una merma en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos, tal y como se ha demostrado reiteradamente en las encuestas de satisfacción realizadas en centros que en el momento actual funcionan bajo este modelo de gestión. Del mismo modo, los modelos de gestión basados en la colaboración en ningún caso implican que se deriven los pacientes graves a otros hospitales, siendo esto determinado de manera exclusiva por cuestiones relacionadas con el volumen de actividad y el nivel de especialización del centro.

Los modelos de colaboración público-privada no tienen por qué conllevar necesariamente la pérdida de puestos de trabajo, ni la existencia del mismo en condiciones de precariedad. En este sentido, la Sanidad Privada en España genera en la actualidad más de 330.000 puestos de trabajo, de los que el 85 por ciento es empleo fijo y estable. Una gran mayoría de estos profesionales tienen una elevada cualificación profesional y, actualmente, en los modelos de colaboración público-privada que están operando, trabajan diariamente orientados a hacer la mejor medicina para los pacientes que atienden, se sienten parte del sistema sanitario público español y ejercen su actividad con los más altos niveles de calidad asistencial.

La constitución española consagra el derecho a la salud para todos los españoles, pero en ninguna forma determina quién ha de ser el proveedor, el Estado debe ser garante de la calidad y los resultados en una provisión pública o privada. Al fin y al cabo lo importante no es quién provea sino que los resultados y calidad en salud sean los más elevados; por lo que la sanidad debería estar basada en parámetros clínicos y no políticos, y debería estar desvestida de todo dogmatismo ya que es un bien universal que afecta a todos los ciudadanos y no debe representar un elemento de confrontación.

El IDIS defiende que la Sanidad debe ser universal, gratuita y equitativa y a la vez promueve un uso complementario de todos los recursos disponibles, públicos y privados que doten de eficiencia al sistema, eviten duplicidades y permitan el uso integrado de todos los recursos disponibles en beneficio de todos, siendo el único objetivo de IDIS el informar a la sociedad de la alta calidad y recursos que la sanidad privada pone en manos de la población, abordando incluso las patologías y métodos diagnósticos y terapéuticos más complejos. El sector privado no busca de ninguna manera ampliar su base de actuación sino que trata de poner a disposición de las administraciones públicas todos sus recursos en beneficio de la solvencia y sostenibilidad de un sistema que de otra forma está abocado a una política de recortes que redundará en detrimento de la necesaria accesibilidad del paciente al sistema y la fundamental cohesión del sistema.

En estos momentos de complejidad y dificultad extrema el IDIS trata de poner en manos de la sociedad elementos de calidad asistencial en forma de recursos que traten de aliviar a un entorno público agobiado por la carencia de recursos y la deuda agobiante que le asfixia. Los siete millones de usuarios que optan en España por la Sanidad Privada y el 82,1 por ciento de los funcionarios civiles del Estado que han elegido en 2012 una cobertura sanitaria de gestión privada, son los mejores indicadores de la alta satisfacción de este modelo, ratificada además por las altas puntuaciones obtenidas en el barómetro anual publicado recientemente.

Por todo ello el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad apela sistemáticamente a la responsabilidad de todas las partes implicadas en este escenario de crisis económica en el que nos encontramos a fin de que se pueda encontrar una solución de consenso que no genere merma para la asistencia de los ciudadanos, ni distorsione la imagen de un sector, el sector sanitario privado, que es un ejemplo de lealtad al sistema sanitario público y una fuente de generación de empleo y riqueza para nuestra sociedad.