Nos enfrentamos a un enorme problema, el de la geriatrización de nuestra sociedad, acuciado, además por el desempleo y le emigración de nuestros jóvenes. Es decir, son tres “E” (Edad, Empleo y Emigración) que hacen que una jubilación, tal y como hoy la conocemos en términos de sostenibilidad y contenido, sea prácticamente una ilusión en el futuro.

Ante este marco de referencia etario, desde hace años se está alentando a la población a que contrate planes de pensiones privados, con entidades financieras y aseguradoras, especialmente en esta época de final de ejercicio, la justificación y la realidad provienen de que el sistema de pensiones va a ser difícilmente sostenible tal y como lo conocemos en cuanto a nivel de prestación y ventajas asociadas. Este mensaje ha calado en la población alentado por la rebaja, en forma de deducciones fiscales, que suponen dichos planes a la hora de hacer la declaración de la renta (IRPF).

La pregunta es ¿por qué no se hace lo mismo con la sanidad? ¿Por qué si todo el mundo reconoce que nuestro sistema es difícilmente sostenible y solvente en la forma y contenidos actuales, no se promueve la contratación de seguros privados de salud y se incentivan además mediante desgravaciones fiscales en el IRPF? Supondría simplemente asumir el mismo escenario que tenemos hoy en día en el caso de las pensiones y beneficiaría a todos en términos de acceso al sistema, eficiencia en su gestión, ahorro en las familias y por lo tanto consumo y por supuesto en todo lo relacionado con el empleo.

Hasta el año 1998, el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) permitía al contribuyente (individuos o familias) deducirse hasta el 15% de los servicios médicos y seguros privados de asistencia sanitaria que este libremente adquiriese. Esta deducción del 15% era aplicable tanto a gasto directo del contribuyente (pago de consultas médicas, estancias hospitalarias, compra de medicamentos, etc.) como a gasto indirecto, es decir, contratación de pólizas de seguros de salud y asistencia sanitaria.

Durante los años 90, tanto el número de contribuyentes que solicitó dicha deducción como la cantidad deducible crecieron notablemente; así, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 1990 el 22% de los contribuyentes (2,4 millones aproximadamente) solicitaron deducciones relacionados con servicios sanitarios privados, mientras que en 1998 lo hicieron cerca del 46% (7,1 millones de contribuyentes). Ante esta situación, en 1998 se aprobó la modificación del impuesto de la renta sobre personas físicas (Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias), eliminando las deducciones por servicios médicos y contratación de seguros privados de asistencia sanitaria.

La mayoría de los Estados miembros de la UE ofrecen hoy en día algún tipo de incentivo fiscal en el gasto sanitario directo a las familias (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Rumania, etc.) o en colectivos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Letonia, y Suecia) beneficiando a las empresas, situación actual que se da en España. Así mismo, sería interesante analizar la situación de otros países europeos como Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia donde existen beneficios fiscales tanto en seguros individuales como a colectivos. Además se da la característica de que la deducción en los países en los que se aplica suelen tener como límite una cantidad económica y no un porcentaje en la renta o cuando se toma como base un porcentaje de la renta es habitualmente cercana al 30%.

En España el Parlamento de Baleares ha ratificado recientemente la desgravación del 15% del gasto en seguros de Salud. El Pleno del Parlamento de Baleares aprobó el pasado mes de marzo el Decreto Ley de Medidas Tributarias para la reducción del déficit de la comunidad que incluye la deducción en de la cuota íntegra autonómica del IRPF del 15% de los gastos del contribuyente en concepto de primas de seguros individuales de Salud.

Esta medida se aplicará a partir de 2013 en tres casos: mayores de 65 años, personas con una minusvalía igual o superior al 65% y familias numerosas.

El objetivo de esta medida, es descongestionar la sanidad pública e incentivar el sector privado. El coste que supondrá esta deducción es de unos tres millones de euros y se calcula que beneficiará a unas 50.000 personas.

Otras Comunidades Autónomas ya han mostrado su receptividad, si bien algunas de estas autoridades visualizan la medida para un escenario venidero que sea más estable en lo económico.

IDIS ha realizado un análisis del impacto que la medida podría generar en las familias, para lo cual se ha tenido presente el tamaño de los hogares españoles y el coste que supone la contratación de un seguro de salud. Tomando como referencia la prima media de un seguro individual, y aplicando el supuesto vigente hasta el año 1998 (la desgravación del 15% de la cuota), un hogar con una sola persona podría ahorrarse hasta 109 euros anules, mientras que en el caso de un hogar de 5 personas (1 pareja + 3 hijos) supondría un total de 544 euros anuales.

La deducción fiscal propuesta del 15% sobre el gasto anual en seguros individuales de salud generará un impacto sobre los Presupuestos del Estado, pues inicialmente significa un dinero extra que el Estado deberá destinar a este fin. Según los escenarios de crecimiento definidos, el importe total de las deducciones oscilará entre los 155.609.518 millones de euros hasta los 200.677.795 millones de euros (siempre estimando que el 100% de las personas con renta inferior a 30.000 euros anuales y con seguro individual realizan la declaración del IRPF y se deducen el 15%).

Por otro lado, el incremento en asegurados generará un incremento en los ingresos de las aseguradoras (a través del incremento en volumen de primas) y en los centros de provisión (el mayor número de aseguradores generará un incremento en la actividad de estos centros, aumentando por tanto sus ingresos). Este incremento de ingresos se trasladará a un incremento en la recaudación del Estado a través del Impuesto de Sociedades e IRPF, el cual se estima que puede situarse entre los 20.727.078 millones de euros (escenario del 5%) y los 62.181.233 del supuesto más optimista. Este incremento de la recaudación contribuirá a contrarrestar a las nuevas deducciones.

Finalmente, otro aspecto que debemos tener presente dentro de este apartado es el ahorro que puede suponer para el sistema público y el Estado que se genere un incremento en el número de asegurados privados, los cuales presumiblemente, reducirán el uso que hasta el momento realizaban de los servicios públicos. En este sentido, se estima que los nuevos asegurados pueden generar un ahorro máximo al Estado que se situaría entre los 111.373.404 millones de euros y los 600.289.971 millones de euros (siempre contemplando un uso de los servicios exclusivamente privado).

A raíz de los resultados obtenidos en experiencias similares en otros ámbitos, la introducción de ayudas fiscales por parte de los gobiernos permite dinamizar la actividad de los sectores a los que dichas medidas van dirigidas, especialmente en el momento de su puesta en marcha y en los meses previos a su retirada. Sin duda que esta dinamización incidiría en la mejora del empleo en el sector, un sector el de la sanidad privada que genera 253.000 empleos (55.000 facultativos) y supone el 2,53 del PIB que si se le suma la parte pública correspondiente a las diferentes formas de colaboración público-privada, alcanza la cifra del 3,2% del PIB, comparable en términos porcentuales a lo que significan para España el sector de la agricultura y la pesca juntos, alcanzando además el empleo cualificado un porcentaje muy elevado con todo lo que ello supone de cara al nuevo modelo económico que entre todos queremos fraguar para nuestro país basado en la transferencia tecnológica y la gestión del conocimiento.