Redacción. Madrid
La supresión de las mutualidades estatales para la asistencia sanitaria (Muface, Mugeju e Isfas) llevaría consigo la pérdida de empleo de miles de puestos de trabajo del sector sanitario privado, y, por si fuera poco, supondría el colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ahora se ve descargado de la prestación recibida por quienes se acogen a ese modelo, según ha advertido el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) en un comunicado que sirve de réplica al informe de la Fundación Alternativas publicado la semana pasada.
En su escrito, esta organización –próxima al PSOE tanto desde el punto de vista ideológico como por sus mimbres fundacionales– argumenta que la eliminación de las mutualidades permitiría “integrar en un plazo fijado todos los sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema único basado en la condición de ciudadanía española”, opción que, desde su punto de vista, sería más justa, equitativa e incluso eficiente.
Manuel Vilches, director general del IDIS.
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El IDIS ha dejado clara su “preocupación por algunas de las propuestas recogidas [en el informe de la fundación] que pueden ahondar más si cabe en el progresivo deterioro que vive nuestro Sistema Nacional de Salud; un sistema de todos, imprescindible, que necesita preservar toda su esencia y sus características de universalidad, equidad, cohesión, y accesibilidad. Pero también un sistema muy sobrecargado que no puede permitirse errores de diagnóstico y enfoque que conlleven ineficiencias frente al incremento en la demanda, desequilibrios en el acceso y la equidad y un mal dimensionamiento en los servicios ofertados”, añade.
Con relación a la eliminación del modelo de Muface, el escrito del IDIS argumenta que, en 2014, “la población de las mutualidades de funcionarios atendida por aseguradoras privadas era de 1,94 millones de personas, es decir, cerca de dos millones de personas que eligieron voluntariamente esa opción descargando de presión asistencial a un dispositivo sanitario público desbordado por la incesante demanda, lo que tiene como consecuencia más grave y frustrante las listas de espera”.
Desde el punto de vista del IDIS, que aglutina a los principales agentes del sector sanitario privado en España, “el modelo del mutualismo administrativo favorece un cierto equilibrio entre el dispositivo sanitario público y el privado, aportando eficiencia en la prestación de un servicio público como es la asistencia sanitaria, garantizando la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y reduciendo la presión de la demanda de pacientes en el prestador público”.
“En términos económicos, el mutualismo administrativo es un modelo que aporta eficiencia en la prestación de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta por entidades privadas es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita, en términos de cobertura equivalentes”, diferencia que –siempre según el IDIS– se sitúa al menos en un 30 por ciento.
Un error "demasiado grave"
Por ello, la institución avisa de que “no aprovechar la contribución del mutualismo administrativo para moderar la presión social y financiera sobre el dispositivo público, cuando ya confía en él un 85 por ciento de los afiliados en las mutualidades que pueden elegir, sería un error demasiado grave que no nos podemos permitir”.
Asimismo, el colectivo “ofrece al Gobierno su apoyo y colaboración para el diseño de estrategias encaminadas a seguir disfrutando de un sistema sanitario de referencia en todo el mundo, con la atención puesta en el paciente como objetivo final de todos los esfuerzos”. |
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