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Viernes, 19 de octubre de 2018   |  Número 107
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Subida impositiva, incremento del gasto público y penalización del emprendimiento privado, un cóctel cuando menos inquietante

Andamos en España enfrascados en la cuestión de las cuentas públicas ante nuestros socios comunitarios de la Unión Europea y ante las propias Cámaras, y este reto que nos compete a todos viene cargado de incertidumbre; primero, por el hecho de ver si se van a aprobar o no los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y también por cotejar si se va a cumplir con todos los parámetros de credibilidad y confianza que puedan aportar los datos y las cifras a todos aquellos que han de analizarlos en profundidad.

Exteriores de la Comisión Europea en Bruselas.

La prosperidad de un país se construye también en base a su reputación, un principio de extraordinario valor que se asienta en dos premisas básicas: ser creíble ante los demás y ser capaz de generar confianza a corto, medio y largo plazo con todos los grupos de interés.

No es motivo de estas breves líneas entrar en el cómo se pueden llegar a aprobar y las contrapartidas que ello puede conllevar con aquellos que puedan otorgar su soporte, sino que más bien lo que es pretensión de este editorial es centrarlas en lo que suponen las medidas que afectan al emprendimiento privado en sanidad y, muy especialmente, a las que atañen a la provisión y aseguramiento privados.

En este sentido es importante subrayar que de nuevo volvemos con esta concepción presupuestaria a la generación de grandes dosis de inseguridad y de honda preocupación en todo lo que es y supone la sanidad de titularidad privada, tanto en cuanto a generación de riqueza para el país como en términos de creación de empleo estable, de calidad y altamente cualificado.

De todos es conocido que los escenarios cargados de imprevisibilidad, inestabilidad e incertidumbre no son propicios para nadie y en nuestra sanidad no podemos olvidar que hay cerca de once millones de personas que pagan sus impuestos, que sostienen al sistema sanitario de titularidad pública y que no utilizan o utilizan tan solo en parte sus servicios; ciudadanos que, con esta actitud, están descargando de presión asistencial y financiera al sistema público, y que están dejando espacio para que otros ciudadanos puedan ser atendidos con mayor prontitud y agilidad aliviando las incesantes y abultadas listas de espera. A todas luces es evidente que si estos once millones de personas acudieran a los servicios de la sanidad pública en su totalidad el sistema se colapsaría.

En el proyecto de PGE en el apartado de Sanidad firmado bilateralmente por PSOE y Podemos se señala de forma expresa "la necesidad de blindar nuestro sistema público de salud contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados". Para ello, anuncian bilateralmente la creación de una comisión integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de seis meses "analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla, blindando el carácter universal, gratuito y público”.

Un aspecto llama poderosamente la atención, hasta dónde ha calado el concepto de “privatización” que ha pasado de la pancarta y las consignas vertidas en manifestaciones relacionadas con este asunto a dársele patente de corso ya que aparece reflejado en documentos oficiales del calibre y relevancia que tienen los Presupuestos Generales del Estado cuyo alcance llega hasta Bruselas, hasta el propio seno de la Unión Europea.

Privatizar es un verbo transitivo que significa según la RAE “transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. Hablar de “corrientes privatizadoras y ataques” al sistema público de salud es algo completamente alejado de la realidad y muestra un grave desconocimiento de la situación existente. La financiación pública, la universalidad y la gratuidad de acceso al sistema reflejadas en la propia Ley General de Sanidad nunca han sido puestas en cuestión.

Es más, todos los hospitales y servicios de la red sanitaria pública que son gestionados por compañías privadas de salud mantienen su titularidad pública, siguen las directrices legales establecidas por las autoridades competentes y la atención a pacientes y ciudadanos se produce en las mismas condiciones que en los centros que son gestionados directamente por las administraciones públicas. Por lo tanto, no existe privatización de centros o servicios, como se dice, y tan solo hay gestión privada de los mismos, acordada y a petición de las autoridades sanitarias de las diferentes CC. AA. y de diferentes signos políticos.

Ante todo este contexto ciertamente preocupante que se va generando, cabe resaltar la realidad de un sector sanitario privado que puede mostrar con orgullo y satisfacción sus cifras y datos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad de sus procedimientos y procesos, los elevados estándares alcanzados en términos de resultados de salud que compiten e incluso mejoran a los más exigentes a nivel internacional, la calidad y seguridad acreditada y reconocida de sus centros por parte de las normas más exhaustivas y el hecho de contar con profesionales de primer nivel que son referencia en sus entornos respectivos de actuación. Todo ello, junto a la disponibilidad tecnológica e innovadora más vanguardista que permite afrontar los retos más complejos que hoy por hoy plantea la medicina.

Por último, no podemos dejar de subrayar los excelentes resultados de satisfacción alcanzados consecutivamente en el barómetro de la sanidad privada y en el primer estudio de experiencia de paciente en el sector; ello sumado al hecho de que los únicos ciudadanos que pueden elegir entre aseguramiento y provisión pública o privada, los funcionarios de la administración central, año tras año, en cerca de un 85% eligen la sanidad privada para ellos mismos y para los suyos. Este hecho, por sí mismo, debería hacer plantearse a nuestro gobierno una reflexión de calado puesto que cuando nos dan a elegir algo, al mismo coste o similar, siempre elegimos lo mejor, especialmente cuando hablamos de salud que es el principal motivo de preocupación para todos.

Ante una situación muy complicada e incremental como la que está padeciendo el sistema público de salud es importante que se tengan en cuenta y se utilicen todos los recursos disponibles del sistema en beneficio del ciudadano, el paciente y sus familias que son los auténticos protagonistas del sistema. De otra forma, la insuficiencia del sistema público se irá agravando en términos de accesibilidad, eficiencia, calidad y seguridad y también de resolución asistencial.

A las personas, a nuestra sociedad lo que le preocupa es que su atención sanitaria y la de los suyos sea ágil, pronta, eficaz y con los mejores resultados de salud. Ese debería ser el reto y no otro; no entenderlo así obedece sin duda a planteamientos interesados que no benefician al interés común, sino que favorecen a intereses particulares que todos conocemos.

En definitiva, el emprendimiento privado en sanidad en sus múltiples acepciones no es el problema como se quiere hacer ver de forma cicatera y pertinaz, sino que figura como parte de la solución, como podemos observar hasta en los países de nuestro entorno geográfico más reactivos en esta materia; no entenderlo así va sin duda en detrimento de todos, especialmente de las generaciones futuras que no van a recibir el legado de sostenibilidad en materia sanitaria que merecen.

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