El fracaso del sistema público de atención a la dependencia estaba escrito de antemano. Muchos expertos habían señalado hace más de una década que debía evitarse la réplica de los errores de la financiación pública de los servicios de salud. Y sabemos que a fecha de hoy, la prestación de la dependencia es inequitativa y a la vez ineficiente. El acceso es desigual según las necesidades reales de la población y hay amplias capacidades de mejora en la prestación de los servicios de dependencia.

Los desajustes que observamos son fruto de un “perfecto” diseño equivocado. En primer lugar hay que destacar los errores en cuanto a su financiación. Se evitó desde el primer momento en la ley cualquier combinación público-privada de forma sustancial. La carga de toda la financiación en el sector público y de forma desigual entre Administración Central y autonomías ha dado lugar a un sistema insostenible. En segundo lugar se evitó profundizar en los mecanismos alternativos de provisión de servicios, así como en una regulación de la participación privada en condiciones equivalentes. El resultado es asimismo unas diferencias importantes e insostenibles en costes que implican desaprovechamiento de los recursos allá donde pueden ser más eficientes.

La cuestión fundamental a revisar es en primer lugar el equilibrio entre una cobertura pública de los grandes riesgos de dependencia y una financiación privada del resto. Este equilibrio es posible si se consideran que mientras para el primero de los riesgos se requiere acceso universal, para la cobertura de riesgos ordinarios es posible diseñar seguros privados estandarizados en su contenido y adecuadamente regulados en su precio.

La capacidad de elección ciudadana en la cobertura del riesgo de dependencia permitiría una mayor atención a las preferencias individuales a la vez que una eficiencia mayor. Este esquema requiere precisamente de un regulador proactivo, que sea capaz de ordenar la competencia y elección. Y al mismo tiempo que se anticipe a las necesidades de adaptación constantes. La realidad cambiante de la dependencia no puede confiarse a una ley sino que obliga a un seguimiento profundo y evaluación de su aplicación.

Visto lo sucedido en los últimos cuatro años, convendría refundar la cobertura del riesgo de dependencia, refundarla desde el principio. Se deberían resolver los errores de diseño inicial y poner el contador a cero nuevamente. Las premisas del pasado según las cuales con mayores recursos podían superarse dificultades ya no son aplicables.

Ahora la reforma del sistema de atención a la dependencia pasa por considerar que ante todo nos encontramos con un riesgo que hay que cubrir y gestionar, no se trata tan sólo de un servicio. Este fue el mayor olvido de la ley, algo que puede subsanarse y que conviene hacerlo cuanto antes.

En la provisión de los servicios hay que introducir los incentivos adecuados a la eficiencia y financiar los costes reales. Sabemos que el sector privado consigue unos costes inferiores. Sin embargo, las posibilidades de desarrollar un sector privado regulado se han visto limitadas. En algunos casos o se desaprovecha su aportación o se compensa en condiciones desiguales respecto a los proveedores públicos. Esto significa entre otras cuestiones que el sistema de pago tenga en cuenta los factores fundamentales que afectan el coste, en decir la capacidad funcional y cognitiva a la vez que la morbilidad. Y que además sea una fórmula que sea aplique para el conjunto de proveedores.

Sin cambios profundos en la regulación actual de la dependencia nos mantendremos en un proceso de declive del que todavía podemos ser capaces de salir. Para ello hace falta voluntad política, admitir los errores del pasado y ser capaces de crear un nuevo consenso para el futuro.