Estamos inmersos en una vorágine político-social de difícil comparación si tenemos en cuenta el pasado más reciente. Hemos vivido y asistido todos a campañas electorales, propuestas, medidas, contramedidas y un sinfín de debates políticos donde la sanidad, la educación, el paro o las pensiones de jubilación han cobrado y siguen teniendo un protagonismo especial.

Es cuando menos curioso ver cómo desde la Administración y desde todas las instancias políticas y sociales se promueve y se impulsa el hecho de que todos los ciudadanos españoles nos procuremos un plan de pensiones en el sistema de financiación privada, es decir, a través de las entidades bancarias y financieras de nuestro país y esto no sonroje a nadie de la tendencia política y pensamiento que sea y, sin embargo, el hecho de utilizar la enseñanza privada concertada o no o la adopción voluntaria de un doble aseguramiento genere tal nivel de reacción y de rechazo político y social.

¿No es más cierto que sólo los más acomodados pueden acceder a un sistema complementario de pensiones privado? ¿No es verdad que quien no dispone de los recursos necesarios para su mínimo familiar o vital no puede ni tiene ocasión de disponer de esa misma ventaja? ¿No es verdad que esa situación genera desequilibrios y desigualdades? Entonces, ¿cuál es el motivo de que dichas medidas se impulsen desde la Administración y desde los partidos políticos y sindicatos sin ningún pudor ni cortapisa y, sin embargo, se señale a quien defiende la iniciativa privada en salud o educación? ¿No estamos hablando de lo mismo, es decir, que la iniciativa privada complemente a la pública en el ámbito que sea, la fortalezca y sea motor de riqueza y bienestar para la sociedad en su conjunto?

La Constitución consagra el principio de igualdad de oportunidades y de trato ante la Ley para todos los españoles, por lo que la consideración debería ser igual para todos sin distinciones de entorno en el que ejerza su labor ni razón social. Es decir, que la iniciativa privada en sanidad o en educación debería de tener las mismas oportunidades que el sector financiero de cara a la consideración de sus políticos, quienes hacen de reflector hacia una sociedad que toma iconos y discursos y los hace propios en dependencia del color político que cada cual tenga.

Ya va siendo hora de que en este país todos tengamos los mismos derechos y, por supuesto, las obligaciones que a cada cual le otorgue el ámbito en el que se desarrolla en base a una carta magna común para todos. En vísperas del 200 aniversario de la primera Constitución Española, que consagró los principios de democracia, respeto e igualdad, -por lo tanto, las esencias de nuestro actual estado de bienestar-, ya va siendo hora de que los aspectos vinculados a la educación y la sanidad se excluyan del discurso político, electoralista, interesado en definitiva y se vehiculen por el camino del mayor beneficio social relacionado con el bien común.

Todo español tiene derecho a llevar a sus hijos al centro educativo que estime oportuno y el Estado le debe garantizar que en el centro que haya elegido se cumplan los criterios básicos de calidad, eficiencia y resultados en términos de formación y preparación para el futuro, en beneficio del propio interesado y de la sociedad en su conjunto. Con la sanidad, al igual que ocurre con las pensiones y con la educación, el tamiz lo marca nuestra Constitución en su artículo 43, que garantiza el derecho a la salud, pero no dice ni obliga a que dicha provisión sea de carácter público o privado, algo que queda a la libre elección de cada cual según su forma de pensar, criterio y posibilidades.

Medicina, médico, profesional sanitario y paciente: solo hay uno. Todos se cimbrean bajo el impulso del binomio salud-enfermedad y el interés principal de cualquiera de sus protagonistas -incluyendo entre ellos a gestores y administradores sanitarios- ha de ser el de que se obtengan los mejores resultados de salud en términos generales y de eficiencia. Para ello deberán unos y otros procurar que los criterios de calidad asociados a los resultados obtenidos basados en indicadores preestablecidos sean cumplidos fielmente y, además, que estos sean hecho públicos de una forma nítida y transparente, al fin y al cabo el paciente es y será el eje del sistema en su conjunto.

Desde el IDIS confiamos plenamente en la iniciativa privada, en el factor de emprendimiento en el segmento que sea de nuestro panorama industrial y social, como complemento de lo que tiene que ser un desarrollo armónico y sinérgico de los proyectos y entornos públicos que desarrollen una actividad económica, sea la que sea. Sin duda, dicha complementariedad no hará más que aportar valor añadido, riqueza y desarrollo a nuestro país en todos los sentidos.

La iniciativa privada en la sanidad, de entrada, ofrece mejores ratios de eficiencia en la gestión que la sanidad pública, mantiene un crecimiento constante a pesar de la situación de crisis económica que nos toca vivir, es elegida por más del 85% de los funcionarios frente al entorno público y es reconocida por parte de sus más de 10 millones de usuarios como una de las más competentes y mejores en términos de acceso, confortabilidad y muy especialmente si nos basamos en datos de resultados de salud, ya que aborda la complejidad médica y sanitaria desde los más elevados estándares de calidad y exigencia.

La iniciativa privada es fundamental, clave en cualquier faceta de la vida, pero muy especialmente en el segmento sanitario, ya que promueve la sana competencia entre los centros, estimula los procesos de I+D+i vinculados al desarrollo farmacológico, tecnológico y clínico y promueve una formación continuada de calidad. Todo ello con ilusión, ahínco y tesón, muy a pesar de quien por oportunismo político denosta un segmento sanitario, social e industrial -el privado- que hoy por hoy es ejemplo de eficiencia y resultados dentro del sistema sanitario español.

Bajo el prisma de la complementariedad e integración que el IDIS viene defendiendo desde su origen, es el momento de definir qué tipo de salud queremos en términos cualitativos y cuantitativos y qué sistema queremos que le sirva de marco de referencia. Sin duda, que en ese proceso de definición estratégica deberían participar todos los grupos de interés y, entre ellos, el de la sanidad privada que sigue cumpliendo un papel esencial en términos de calidad, innovación, eficiencia, solvencia y sostenibilidad.