La Unión Europea ha abierto contra España un procedimiento de sanción por la aplicación de la directiva del IVA reducido (10 por ciento) sobre productos sanitarios como el material, equipos médicos o el instrumental. La aplicación de un IVA normal (21 por ciento) supondría una pérdida para las empresas sanitarias próxima al 15 por ciento de su Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, es decir, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).

En este sentido, cabe destacar que los servicios de asistencia sanitaria se facturan exentos de IVA, por lo que los proveedores sanitarios privados no tienen capacidad de repercutir dicha subida en pacientes o aseguradoras, debiendo asumirlo por completo. Esta medida, conformaría sin duda un nuevo obstáculo en el camino hacia la sostenibilidad global de nuestro sistema nacional de salud.

La caída del 15 por ciento del Ebitda, producirá una consecuente caída también de los beneficios en las empresas, que puede rozar el cinco por ciento. Esta nueva medida puede provocar que este margen de beneficio disminuya en un 20 por ciento, de modo que esta medida solo contribuirá a inyectar más presión sobre los ajustados márgenes de un sector que contribuye a descargar de forma notable a un sistema público ya de por sí desbordado, lo que dificultará la renovación de equipos, la contratación de personal y las inversiones en innovación e I+D entre otras.

El sector privado supone un aliado estratégico para el sector público a la hora de contribuir a mantener la sostenibilidad del sistema sanitario en nuestro país. Es por este motivo, por el que debe ser apoyado y respaldado, puesto que se trata de un sector que aporta valor y está manteniendo su actividad a pesar de la crisis, mediante medidas que están en la mente de todos: extensión del modelo de mutualismo administrativo a otros colectivos como por ejemplo a los funcionarios de comunidades autónomas, la implantación de la desgravación fiscal a los seguros sanitarios y la extensión de los fenómenos de colaboración público-privada.

En el sistema de mutualismo administrativo (Muface, Isfas, Mugeju) el funcionario devenga unas cuotas para el pago de la mutualidad y elige entre el sector público y el sector privado. El Estado paga a la aseguradora por cada ciudadano que elige el sistema privado y asume los costes con las mismas prestaciones que el sistema sanitario público exceptuando la medicación ambulatoria con independencia de donde se realice la asistencia. 2,2 millones de funcionarios públicos eligen cada año entre sistema privado y sistema público y de ellos más del 85 por ciento se decanta por la provisión privada que le oferta las mismas prestaciones que la sanidad pública con un ahorro del 40 por ciento con respecto al coste per cápita del sistema gestionado por la Administración pública. A pesar de ello este sistema se encuentra infravalorado por la administración y está en grave riesgo de desaparecer por la infrafinanciación del propio sistema.

El principal estímulo para la promoción del seguro privado son las ayudas fiscales; un incentivo fiscal del 15 por ciento para las rentas inferiores a 30.000 euros en la contratación privada de seguros sanitarios podría facilitar un crecimiento de hasta el 15 por ciento del número de asegurados en la población, lo que supondría que más de un millón de personas saldría de manera voluntaria, parcial o totalmente, del sistema público, generando un ahorro de 631 millones de euros hasta 1.225 millones de euros y una importante liberación de recursos sanitarios para el sector público, lo que mejoraría sin duda la accesibilidad del resto de la población. Es por este motivo y a la vista de estos datos que IDIS lleva tiempo proponiendo la desgravación fiscal por contratación de seguros de salud. Se trata de una medida de alto impacto, de forma que adoptar esta medida no sólo supondría un importante ahorro para el Sistema Nacional de Salud, sino que, además, generaría 16.959 nuevos puestos de trabajo, y supondría un ahorro anual para las familias de al menos cuatro miembros de 356 euros.

Los conciertos con la sanidad privada suponen un desahogo de las listas de espera y permiten a la sanidad pública ofrecer asistencia sanitaria en aquellas zonas geográficas en las que no cuenta con infraestructura suficiente; sin embargo la disminución en su número, sobre todo en algunas provincias, está produciendo una disminución en la facturación que en algunos centros es del 30 por ciento, poniendo en situación de peligro la solvencia de muchos hospitales y con ello, el necesario equilibrio sanitario.

Las concesiones suponen una asociación entre el sector público y el sector privado con la intención de diseñar, financiar, desarrollar, construir y operar proyectos de infraestructura sanitaria a través de un contrato de concesión. Este modelo permite dar respuesta a la insuficiencia financiera de la Administración pública ofertando una solución sanitaria en la que la administración controla y limita todos los resultados, transfiere al sector privado el riesgo de la construcción y la puesta en marcha de las infraestructuras sanitarias que pasado un periodo de años retorna a la administración pública y ofrece soluciones basadas en la innovación y las eficiencias en las gestión del sector privado, llevando estas capacidades al sector público. Se trata de un modelo de financiación pública que cuenta con un gasto predefinido y asegurado, suponiendo también una descarga de los presupuestos públicos, ya que a través de este modelo de concesión, se obtiene un coste de al menos un 25 por ciento inferior a la media de la gestión pública. Este modelo de gestión potencia al profesional, apuesta por la gestión por competencias, y reconoce y premia la carrera profesional. En relación con el ciudadano, el valor de este modelo recae en una mayor accesibilidad a los centros sanitarios, reduciéndose las listas de espera y contando con una mayor amplitud de horarios, recibiendo el ciudadano un trato personalizado y cercano.

En general el potencial de ahorro de los sistemas de colaboración público-privada, analizado por partidas sería de entre un 25 y un 45 por ciento en medicamentos, tecnologías médicas, atención domiciliaria y larga estancia; entre un 15 y un 25 por ciento en Atención Primaria; entre un 30 y un 45 por ciento en servicios clínicos y no clínicos, y entre un dos y un cinco por ciento en infraestructuras (datos del informe de PWC ‘Diez temas candentes de la sanidad española para 2011: El momento de hacer más con menos’).

Hemos de procurar seguir disponiendo de un sistema sanitario de primer nivel y ello pasa por reforzar la complementariedad de ambos sistemas de aseguramiento y provisión, evitando duplicidades, ineficiencias y gastos innecesarios. Pero si no se toman medidas que salvaguarden al sector como las antes mencionadas, este nuevo ajuste ejercerá sobre el sector privado una presión insoportable dado que la medida implica una pérdida sensible de su facturación total, en una situación ya de por sí complicada que se ha acrecentado con la crisis económica. Además a todo ello se une la precaria situación que están sufriendo muchos centros que han visto reducidos de manera significativa los conciertos con la administración pública. Con todo, es fácil concluir que se podría comprometer la viabilidad de la red hospitalaria privada con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto.

En épocas de crisis de empleo como la actual, se hace necesario poner en valor a un sector como el sanitario privado que es fuente y generador de empleo: 330.000 profesionales, de los cuales aproximadamente 60.000 son facultativos, desarrollan su actividad en esta parcela de la sanidad bien en el ámbito hospitalario o bien en el extrahospitalario. Pues bien, la puesta en marcha de este reajuste del IVA si no viene acompañado de otras medidas como las apuntadas, pondría en riesgo buena parte de estos puestos de trabajo, muchos de ellos altamente cualificados.

El IDIS, como mayor representante del sector sanitario privado, siempre ha ofrecido los servicios de sus representados para que en la medida de sus posibilidades ayude en todo lo que el Gobierno crea que pueda aportar, tanto para garantizar la cobertura de la cartera de servicios básica a toda la población como para dar la mayor cobertura complementaria posible, en favor de seguir teniendo un sistema sanitario con los estándares más altos de calidad y excelencia.

Hemos de tener en cuenta que como en los países de nuestro entorno, el sector sanitario privado es una pieza fundamental para el sistema sanitario de nuestro país y para el sostenimiento del sistema sanitario público, ya que le libera de recursos y gastos. Dado el modelo de seguro sanitario privado en España (seguro duplicado), los siete millones de asegurados con pólizas privadas en nuestro país disponen también de cobertura sanitaria pública, si bien la utilizan menos o no utilizan, lo que puede considerarse una subvención oculta para el sistema público.