La sanidad española se caracteriza por una importante integración de los componentes públicos y privados. Esta integración se produce a todos los niveles y permite mantener un sistema equilibrado y altamente satisfactorio en sus resultados.
La sanidad pública, a través de los conciertos con centros privados, el doble aseguramiento de un porcentaje de la población (personas con seguro privado que también tiene acceso a la sanidad pública), el aseguramiento y prestación de servicios a los más de 2 millones de mutualistas, etc. consigue en el sector privado un importante complemento de recursos estructurales y humanos, facilitando su sostenibilidad. Además, la sanidad privada ha sido tradicionalmente un punto de referencia atractivo para completar la carrera profesional de los médicos. Se calcula que el 29% de los médicos del sector público compatibilizaban actividad con el sector privado.
El sector sanitario privado (excluyendo subsector dental, oficinas de farmacia o veterinarios) ocupa a 234.000 profesionales en un entorno de cualificación profesional y estabilidad en el empleo.
Desde el año 1998 en España se cambió́ el modelo de fomento a la suscripción de seguros de salud. Hasta entonces la medida se dirigía a los particulares, que podían desgravar el 15% de los gastos médicos y en concreto de la prima satisfecha a entidades aseguradoras. En la actualidad las medidas se dirigen al entorno empresarial, y este cambio regulatorio ha ofrecido en los últimos años un aumento constante del peso de las pólizas colectivas en el sector del seguro de asistencia sanitaria.
Desde la puesta en marcha de esta medida el sector de los seguros de salud ha visto como se ha incrementado el volumen de primas. El fenómeno, que podemos denominar de “colectivización del seguro de salud” ha tenido un efecto para el sector que se refleja en los márgenes técnicos y de explotación; la colectivización supone una bajada de precio de la prima que se oferta a las compañías. La desaparición de los beneficios fiscales a la suscripción de pólizas individuales de salud termina de cerrar el círculo aumentando el peso de las pólizas colectivas en el sector asegurador español.
En esas circunstancias de dependencia de un tipo concreto de cliente, los problemas de margen de éste se transmiten al resto del sector; para romper esta tendencia los poderes públicos pueden desarrollar diversas acciones y la principal es la incorporación de incentivos fiscales a la suscripción voluntaria de seguros individuales de salud.
En el momento actual en el que la crisis económica permite suponer que la presión fiscal se mantendrá alta en los próximos años, se necesita establecer líneas de dinamización de los mercados internos siempre que con ello se consiga aumentar valor a la economía española. En el caso que nos ocupa, esa dinamización es doblemente positiva al incorporar también un componente de descarga al sector sanitario público. El fenómeno del “doble aseguramiento” (ciudadanos con protección sanitaria de financiación pública que libremente deciden suscribir una póliza de salud) se señala tradicionalmente como uno de los principales elementos que explican que el gasto sanitario público en España sea sensiblemente inferior al de los países de nuestro entorno, con resultados en salud equivalentes e incluso superiores.
Recientemente hemos conocido la medida que propone el Gobierno de Aragón de introducir a partir de 2014 una deducción fiscal del 10 por ciento de las primas pagadas por la contratación de seguros médicos, medida destinada a los contribuyentes con rentas inferiores a 50.000 euros en declaración conjunta y 30.000 euros en declaración individual. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) celebró esta noticia que reconoce a la desgravación fiscal sanitaria como medida oportuna y beneficiosa para el Sistema Nacional de Salud (SNS), al que los seguros descargan de presión asistencial y financiera. De la misma manera y en su momento IDIS manifestó su satisfacción por las iniciativas puestas en marcha en este mismo sentido desde Cantabria y Baleares y confía en que la medida se generalice en las demás comunidades autónomas, al tratarse de una herramienta capaz de mejorar el funcionamiento del SNS en su territorio.
Un último apunte se refiere a la publicación el 21 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 16/2013, que amplía los conceptos retributivos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, incluyendo entre otros los seguros de salud pagados por las empresas para sus trabajadores y familiares directos. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha manifestado su desacuerdo con esta medida que considera exclusivamente recaudatoria y que impacta de forma directa en el sector sanitario privado, un sector generador de empleo y clave para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Esta medida supone un nuevo gravamen tanto a las empresas como a las familias, ya de por sí agobiadas por las altas tasas existentes. Es más, el seguro de salud es uno de los beneficios sociales de las empresas mejor valorados por parte de los trabajadores, y esta medida podría ponerlo en riesgo para los casi 3 millones de asegurados en pólizas de empresa.
La medida, recaudatoria y regresiva, supone sin duda un varapalo más para el sector sanitario privado y va a tener un impacto directo en la contratación de seguros por parte de las empresas, en la supervivencia de los centros de provisión asistencial ante la probable disminución de asegurados y, por tanto, en el mantenimiento e impulso del empleo cualificado existente en la sanidad privada, sector generador de empleo que hoy cuenta con 234.000 trabajadores y representa el 2,45% del PIB.
Es evidente que el Gobierno no ha tenido en cuenta que la contratación de seguros sanitarios privados contribuye a la descongestión de las elevadas listas de espera del SNS, que registran demoras medias de unos 100 días en el caso de intervenciones quirúrgicas no urgentes, con lo que puede empeorar de forma considerable el nivel individual y colectivo de atención sanitaria.
En definitiva esta medida no pretende más objetivos que el recaudatorio directo, sin evaluar el incremento de gasto que supondrá no disponer en el futuro de los ahorros generados al Estado por los usuarios de la sanidad privada (que estimamos en una cantidad media de 569 € por persona y año, cantidad claramente superior a la que se puede obtener con la medida impuesta).
Como apuntan los expertos, decisiones como ésta nos harán perder posiciones en el ranking internacional de los sistemas sanitarios, al estar en riesgo la viabilidad futura de los centros privados e incrementarse considerablemente con su desaparición la carga asistencial de los públicos.
Esta es una medida de carácter exclusivamente recaudatorio y poco comprensible, ya que impacta negativamente y de forma directa en un sector generador de empleo que permite a los ciudadanos tener una asistencia sanitaria de calidad, sea accediendo al dispositivo público o al privado, y con ello se está poniendo en riesgo la propia sostenibilidad del SNS.
Se trata de una decisión paradójica, ya que a medio o largo plazo la recaudación conseguida será menor que el ahorro que hoy supone para las arcas del Estado el que una parte importante de la población utilice la sanidad privada. |
Acceda a nuestra hemeroteca
