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Redacción. Madrid El pasado 28 de noviembre se celebró en el auditorio de la Clínica Nostra Senyora del Remei, en Barcelona, la jornada sobre la 'laboralización encubierta': Como quitar la espada de Damocles. Esta jornada respondía a la preocupación creciente, entre el colectivo de la sanidad privada en Cataluña, del gran número de inspecciones de trabajo realizadas en los centros y destinadas a identificar situaciones presuntamente irregulares en las relaciones laborales. El acto fue un éxito absoluto de participación con cerca de 100 asistentes que dejaron pequeña la sala del auditorio de la clínica.
Según de Quintana, esto es así hasta el punto de que “el criterio de los tribunales puede variar mucho de un caso a otro”. El miembro del TSJC glosó para los asistentes una selección de sentencias de los últimos cuatro años, cuyo común denominador era el establecimiento de si había o no relación laboral entre médicos y centros. En toda esta jurisprudencia un elemento clave para determinar la existencia de dicha relación es si se da o no dependencia de los profesionales respecto a los centros. En la mayoría de sentencias citadas, los tribunales dijeron que no existía relación laboral. A continuación, Ana Emilia Escudero García, jefa de la unidad especializada de la Seguridad Social, de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona, aseguró que, en realidad, “un 60 por ciento de las sentencias en este tipo de casos determinan que existe una relación laboral”. La representante de la Inspección dijo que se actuaba siempre “con un criterio estrictamente técnico, establecido en 2009, y siempre a partir de una denuncia, pero no de oficio”. Asimismo, defendiéndose de las críticas por la enorme cantidad de intervenciones en Cataluña, desmintió que la Inspección “esté efectuando ningún tipo de campaña”. Seguidamente Eva Muñoz, abogada y asesora laboral de ACES, afirmó que “la sensación desde el sector sanitario en Cataluña es de que sí existe campaña”. Igualmente, añadió que este sector “ha estado muy castigado por la actuación de la Inspección y la denuncia de parte” y reclamó “una seguridad jurídica que, a día de hoy, no existe para realizar la actividad económica”, en referencia a la disparidad de criterios que se ha puesto de manifiesto en diversas sentencias. Estos argumentos fueron secundados por José Antonio Fernández Bustillo, abogado y secretario general de la Junta directiva de ACES, quien concluyó que “la falta de certidumbre en este terreno es el gran problema para las empresas”. Finalmente, anunció una próxima reunión de la patronal con el Ministerio de Ocupación y Seguridad Social para tratar de encauzar la situación. |
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