El pasado 29 de noviembre se publicaba el último informe del Sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS) y, de acuerdo a la información en él contenida, los canarios, por primera vez en siete años, pueden decir que no son los que más esperan por una operación quirúrgica en España. Ni siquiera se encuentran ya entre las comunidades autónomas que peores índices registran.

Así queda constatado en dicho informe que refleja que el tiempo medio que deben esperar los pacientes canarios,  tanto para una cirugía como para una consulta especializada, ha bajado lo suficiente como para salir de la cola nacional, aunque aún se encuentre por encima de la media. Canarias ha sido la comunidad autónoma que más ha mejorado sus listas de espera quirúrgica y lo ha hecho en todos los indicadores medidos, es decir, tiempo de espera, número de pacientes incluidos y porcentaje de pacientes que llevan más de seis meses aguardando una intervención.

Los hitos que ha marcado Canarias beben de la apuesta por la mejora de la atención quirúrgica realizada desde 2016 por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, liderada en aquel momento por José Manuel Baltar. Dicha apuesta se fundamentaba en tres grandes pilares: la puesta en marcha de un programa asistencial que consistía en ampliar el uso de quirófanos por la tarde; el innovador CMA-24, que pretendía extender la práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria en los grandes hospitales públicos; y la colaboración público-privado, bajo el régimen de concierto, buscando el máximo aprovechamiento de todos los recursos disponibles tanto públicos como privados.

En este último punto es donde creo que radica el éxito de la gestión del exconsejero, refrendado por los datos publicados hace unos días. En una comunidad autónoma donde la sanidad privada cuenta con más de la mitad del equipamiento disponible en alta tecnología: RMN, Mamógrafos o TAC´s,  y con casi la mitad de los quirófanos disponibles, parece lógico pensar que sólo con la plena utilización de dichos recursos, se puede conseguir una gestión eficiente.

Esa apuesta contradice la tendencia nacional que, lejos de normalizar la relación y la integración entre los recursos públicos y privados, a lo largo de estos años, y bajo el argumento de que la sanidad no debe producir beneficios, ha venido rechazando de manera creciente al sector privado y está provocando una sanidad de dos velocidades.

Compartimos con la nueva responsable de la sanidad canaria, Teresa Cruz Oval, su preocupación por los problemas de financiación del sistema, no solo en la cuantía total destinada a Sanidad en nuestro país, inferior a la media de los países de la OCDE, sino en el reparto territorial que luego cada comunidad autónoma destina a este capítulo, y que altera el cumplimiento de la tan buscada equidad. Pero reclamamos un replanteamiento de la oferta sanitaria global (pública y privada) que permita estructurar nuestro sistema sanitario partiendo de los principios de acceso en condiciones de igualdad, transparencia, regulando el sector y obligando a la publicación de resultados sanitarios por servicios, y gratuidad para aquellos servicios de primera necesidad. Todo lo demás, como ha mencionado en reiteradas ocasiones el IDIS, es seguir igual, sacar al paciente del centro del esquema y aumentar la desigualdad y la injusticia social.

Nuestro SNS no se merece hacer bueno el dicho castellano “a burro viejo, no le cambies el camino”.

Sebastián Sansó es también presidente de la Asociación de Clínicas y Centros Hospitalarios de Las Palmas.