Mayte Segura
Directora de Comunicación de la Fundación IDIS

En un mundo claramente polarizado, el debate sobre el papel de lo público y lo privado suele plantearse en términos de confrontación, y así ocurre especialmente en el ámbito de la Sanidad. Se presentan lo público y lo privado como espacios antagónicos, cuando en realidad no lo son. Y los pacientes saben que así es, porque de hecho usan ambos sectores de manera complementaria, en función de sus necesidades. Y así lo comprobamos también en la realidad de un sistema que, desde hace décadas, funciona como un ecosistema mixto y colaborativo en nuestro país, al igual que en muchos países de nuestro entorno. La clave no está en elegir entre uno u otro modelo, sino en entender cómo ambos pueden complementarse para ofrecer el mejor sistema posible a los pacientes.

En este sentido, es importante destacar que la colaboración permite optimizar recursos. El sistema sanitario de nuestro país afronta retos crecientes: envejecimiento de la población, aumento de la cronicidad, innovación tecnológica costosa y expectativas cada vez más altas por parte de los pacientes. En este contexto, la capacidad instalada del sector privado puede contribuir a aliviar la presión asistencial, reducir listas de espera y mejorar los tiempos de respuesta.

Desde la Fundación IDIS tenemos el convencimiento de que la colaboración público-privada fomenta la eficiencia. Las empresas privadas operan en entornos competitivos que incentivan la innovación en gestión, la optimización de procesos y la orientación a resultados. Integrar estas prácticas en proyectos conjuntos con el sector público puede generar sinergias positivas, siempre bajo marcos de regulación y control que garanticen la transparencia y el interés general.

Además, el sector privado posee una gran agilidad para adoptar nuevas tecnologías, desarrollar modelos asistenciales innovadores o implementar soluciones digitales; y cuando estas capacidades se ponen al servicio del sistema público mediante acuerdos de colaboración, el beneficiario final es el paciente, que accede antes a avances diagnósticos y terapéuticos.

Por supuesto, esta colaboración debe basarse en principios claros: equidad, calidad asistencial, transparencia y evaluación de resultados. No se trata de sustituir lo público, sino de sumar capacidades. La sanidad pública es y debe seguir siendo el pilar fundamental, garante del acceso universal. Por su parte, la privada, es y debe seguir siendo un aliado estratégico que contribuya a reforzar ese pilar.

También es fundamental avanzar en modelos de colaboración más estables, dado que la colaboración es estructural en nuestro sistema de salud, no coyuntural. La planificación conjunta, el diálogo, la interoperabilidad de sistemas de información y la definición de indicadores comunes de calidad son elementos esenciales para consolidar esta alianza y garantizar además la continuidad asistencial.

En definitiva, en un entorno de recursos limitados y demandas crecientes, sumar esfuerzos es la mejor manera de garantizar un sistema sanitario sostenible, innovador y centrado en el paciente. Es decir, sin colaboración ofrecer la mejor atención posible a los pacientes se torna en prácticamente imposible.
Desde la Fundación IDIS defendemos que el sistema sanitario privado es -como en otros países europeos- un actor relevante en el SNS y creemos que eso es bueno para la población, los pacientes y los profesionales.

La colaboración debe producirse sobre la base de la confianza con las Administraciones Públicas, la seguridad jurídica, la visión a largo plazo y la oferta de calidad, siempre en un marco de transparencia y control público.

Sin embargo, esta visión se topa a veces con elementos como los que representa el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, que es un ataque frontal a la colaboración pública/privada en sanidad, y que nos obliga a alzar la voz y a exponer sus posibles consecuencias para los pacientes. Y por eso, desde la Fundación IDIS, hemos presentado alegaciones a dicho anteproyecto, para recordar que la colaboración pública/privada no es excepcional sino estructural en nuestro sistema de salud.

En un entorno donde aproximadamente el 30% de la atención asistencial se presta en el entorno privado, y con un sistema público claramente tensionado, no se pueden tomar medidas sin tener en cuenta a todos los agentes. Además, la sanidad ha adquirido tal complejidad que el Estado como proveedor único de servicios sanitarios no puede enfrentar y responder adecuadamente a las necesidades de los pacientes.

Así pues, reflexionemos una vez más, incorporemos en los procesos de reforma sanitaria la participación y la experiencia de todos los agentes implicados y, si es posible, abramos el diálogo con datos y sin prejuicios ideológicos, de manera que las normas que se desarrollen sean solo en beneficio del propio sistema y de sus usuarios, los pacientes.