Tras conocerse las conclusiones del informe “MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud” realizado por el Ministerio de Sanidad y en el que se indica que la posibilidad de incorporar a los usuarios de MUFACE a la asistencia sanitaria pública es una opción tanto viable como razonable, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, manifiesta su preocupación por la ideologización de dicho informe y por la grave situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS), con los riesgos que conlleva para los pacientes en el caso de producirse una transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público.

Asimismo, desea añadir:

·       Las listas de espera han alcanzado cifras sin precedentes en los últimos años, con el doble de pacientes en listas de espera quirúrgica y el triple de pacientes en las esperas en consultas respecto a hace ocho años. De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad (Sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud -SISLE) a junio 2024, las listas de espera quirúrgica se situaban en 121 días y las de primera consulta con especialista en 94 días; un escenario que refleja claramente que el sistema se encuentra al borde del colapso y es incapaz de asumir la carga asistencial actual, y mucho menos una afluencia adicional de pacientes.

En este contexto, es importante resaltar que, por mucho que se incrementen los recursos económicos, los indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS. La sanidad pública, en su estado actual, no puede aceptar más pacientes sin comprometer su sostenibilidad y la calidad de la atención. Esta situación requiere de una reflexión urgente y de medidas estructurales que refuercen los recursos humanos y materiales de la sanidad pública, en lugar de sobrecargar un sistema ya frágil. La incorporación de más de 1 millón de funcionarios y beneficiarios al SNS supondría un crecimiento exponencial de las listas de espera quirúrgicas y de consulta.

·       El informe señala que las aseguradoras están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos, dejando de lado a los pacientes con enfermedades graves. Este punto es falso y constituye una ofensa a la actuación de dichas entidades, ya que el único que elige dónde ser atendido es el propio usuario mutualista. Otra cosa es que puede haber mutualistas con enfermedades complejas en ciertas comunidades autónomas que opten por el paso al sector público para el seguimiento de sus patologías, al no tener posibilidad de hacerlo en la sanidad privada. El informe señala que, de los funcionarios que eligen la sanidad privada, el 31% son mayores de 65 años, mientras que el tanto por ciento de mayores de 65 años en el SNS es del 20%, un dato que refleja la libre elección de los ciudadanos incluso en franjas de edad avanzada.

·       El informe expresa con datos en términos relativos y desde el punto de vista de la prestación la viabilidad de absorber en el SNS a los mutualistas que actualmente eligen su asistencia en la sanidad privada, pero no expone la dificultad en términos absolutos por Comunidad Autónoma ni lo compara con el número de camas disponibles, para ver si sería realmente viable. Tampoco estudia el esfuerzo que supondría en profesionales, consultas y quirófanos asumir a estos nuevos pacientes en un sistema que ya está muy tensionado, por lo que afirmar que es viable en base a este informe es precipitado.

En conclusión, la Fundación IDIS hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para abordar este problema de manera integral y con visión de futuro, evitando decisiones que puedan comprometer aún más la sostenibilidad del sistema y poner en riesgo a los pacientes. Así pues, la Fundación IDIS se declara en contra del planteamiento de este informe por las consecuencias que tendría para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.