En relación con el anuncio de rechazo del grupo parlamentario Unidas Podemos a la aprobación del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que impulsa el Ministerio de Sanidad y que mantendrá la normativa 15/1997 que contempla la colaboración del sector sanitario privado a través de distintos modelos, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, desea hacer las siguientes reflexiones:
1. No aceptar el papel de la sanidad privada es dar la espalda a la realidad, ya que este sector lleva a cabo una actividad asistencial muy significativa -al descargar notablemente tanto la presión financiera como la demanda asistencial y las listas de espera asociadas- y es propietario de casi el 40% de los recursos sanitarios del país. El sector sanitario privado dispone de una dotación de 441 hospitales en España, lo que representa el 56% del total de centros hospitalarios de nuestro país, con 50.960 camas (el 32% del total de las existentes). Tal y como muestra el Informe “Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2021” el sector privado, que emplea a 278.291 profesionales en nuestro país, llevó a cabo en 2018 el 30,2% (1.6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23,7% (1.3 millones de las altas) y el 24,4% (7.4 millones) de las urgencias de todo el territorio nacional.
2. El papel de la sanidad privada como apoyo fundamental para el sistema público es considerado clave por los españoles, como ha quedado de manifiesto en el informe Sanidad en España. Encuesta de percepción, un trabajo llevado a cabo por SIGMA DOS para la Fundación IDIS. De hecho, las respuestas muestran como el 76,1% de los españoles considera necesario o muy necesario impulsar la cooperación entre la sanidad privada y pública para promover un modelo sanitario y sociosanitario más sostenible.
3. Tanto los datos objetivos de aportación del sector como la opinión de los españoles en torno a la necesidad de colaboración deberían llevarnos, de una vez por todas, a normalizar la convivencia entre ambos sistemas de atención y a entender que, si no se cuenta con los recursos del sector privado, son los ciudadanos los que pierden, no pudiendo llegar entonces a hablar de equidad. Esta premisa de necesaria colaboración nos lleva a apostar firmemente por una continuidad asistencial que generaría un importante ahorro de recursos y, sobre todo, una mejor atención a los pacientes.
4. La pandemia ha demostrado que es imprescindible la concurrencia de los dos sistemas -privado y público- para que la sanidad sea accesible a la población. Es una irresponsabilidad -tras el colapso secundario a la pandemia de más de 18 meses, el incremento de las listas de espera y la falta de equidad- frenar los procesos de reformas que necesita nuestro sistema sanitario, ya no por cuestiones ideológicas, todas muy respetables, si no por simple demagogia: en primer lugar, porque los hospitales que contempla la Ley 15/1997 y que se está planteando revertir dependen de las CC.AA. -al estar transferida la competencia sanitaria-. Pero, además, porque hace referencia a menos de 10 hospitales en la actualidad cuyos resultados en todos los indicadores son extraordinariamente mejores que los de los centros gestionados bajo las fórmulas de la gestión sanitaria pública directa tradicional.
5. Desde la Fundación apostamos por un sistema sanitario único y colaborativo, un sistema para todos sin exclusiones, en el que se tenga en cuenta todos los recursos disponibles, para dotar de solvencia y sostenibilidad al sistema sanitario en general. Esta iniciativa recogida en el Manifiesto por una Mejor Sanidad contempla también principios como una asistencia de calidad, enfocada al paciente, con los profesionales como mejor activo, colaborativa, equitativa, eficiente, reformista e innovadora, digitalizada y tecnológica, transparente y financiada adecuadamente. A este respecto, la sanidad privada quiere dejar patente su disponibilidad para colaborar en el desarrollo de estrategias que favorezcan la viabilidad del sistema en el presente y el futuro.
En conclusión, desde la Fundación IDIS, defendemos un sistema sanitario mejor para todos. Y ello implica una gestión eficiente de los recursos públicos -independientemente del modelo que se siga-, un aspecto que en la actualidad requiere ser revisado, valorando la medición de resultados, el incremento de la financiación o el reconocimiento de méritos. Tener en cuenta esas limitaciones y considerar la aportación que el sector privado puede hacer facilitará una sanidad de futuro más accesible y equitativa para todos los ciudadanos.