La responsabilidad social es una disciplina que se encuentra en pleno auge en las organizaciones y empresas de todo tipo, naturaleza jurídica y condición, públicas o privadas. Nadie está exento de aplicar las mejores prácticas en materia de gestión ética y socialmente responsable, y en materia de salud y sanidad más si cabe.

Exteriores de la Comisión Europea.

Desde la Comisión Europea y la estrategia consiguiente en esta materia, así como desde el Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE) se invita a nuestro país como Estado miembro de la Unión Europea a impulsar los criterios, los proyectos y las iniciativas en esta materia, teniendo en cuenta que sin duda es un elemento clave de desarrollo estratégico de toda economía que se precie.

No cabe ninguna duda que desde el sector de titularidad pública, desde las diferentes administraciones se puede hacer y mucho a la hora de impulsar los parámetros estrechamente vinculados e inherentes a la responsabilidad social, especialmente desde el plano legislativo, en todo lo relacionado con los concursos y las compras públicas. Incluir criterios de RSE en ellos desde luego es un paso adelante en la estrategia que viene marcada desde Europa y que trata de promover e impulsar el Consejo Estatal adscrito al Ministerio de Trabajo.

Recientemente se ha producido la transposición de la normativa sobre compra pública al ordenamiento jurídico español en forma de una nueva Ley de Contratos del Sector Público. La nueva ley, según afirman los expertos, trata de que el precio no sea el elemento de evaluación prioritario y la inclusión en los procesos de licitación de los aspectos vinculados a la responsabilidad social, la calidad, la transparencia y el buen gobierno sin duda supongan “a priori” un paso adelante en relación con la estrategia de responsabilidad social impulsada desde los organismos mencionados.

Por otro lado, España es un país donde la pequeña y mediana empresa tienen una fuerte presencia y en este contexto la contratación por lotes puede influir en la eliminación de barreras. Por último, el reconocimiento de la innovación, unido a la presumible agilización de los procedimientos burocráticos y el uso de las TIC, puede suponer un indicador de medida que favorezca el desarrollo e impulso de estos dos ámbitos estrechamente vinculados, una condición que es clave ante el desafío del nuevo modelo económico en el que ya estamos inmersos. En cualquier caso, estos aspectos que contempla la nueva Ley habrá que confirmarlos también con el tiempo para que no se quede tan solo en una declaración de intenciones.

Dicho lo dicho, es también oportuno subrayar que la transposición de la directiva deberá aportar las garantías necesarias de seguridad jurídica, igualdad de todos los agentes implicados y previsibilidad de escenarios en todos los territorios, no teniendo cabida en dicho ordenamiento una posible exclusión de entidades que tengan ánimo de lucro, una vez que el artículo 132 hace referencia a los principios de igualdad, transparencia y libre competencia y establece que “en ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación.”

Es importante tener en cuenta en este breve análisis que cualquier compra que se precie en el sector sanitario debe atenerse a los criterios de responsabilidad, respeto, transparencia, igualdad y equidad, siempre con la visión puesta en el paciente que en definitiva es el punto central de toda actuación sanitaria a través de los propios profesionales quienes con su experiencia, conocimiento científico y pericia hacen que nuestro sistema sanitario ocupe una posición relevante en el concierto internacional a pesar de haber constatado la pérdida de posiciones en el estudio recientemente publicado por la prestigiosa revista The Lancet  (Healthcare Access and Quality Index (Índice de Acceso y Calidad de la Sanidad) el cual mide la calidad del sistema sanitario en 195 Estados de todo el mundo; España ha pasado de la posición octava a la decimonovena (Islandia y Noruega con 97 puntos encabezan el ranking, les siguen Holanda, Luxemburgo, Australia, Finlandia y Suiza con 96. Y cierran el Top 10, Suecia, Italia y Andorra con 95 puntos. España empata con Nueva Zelanda, Dinamarca, Alemania y Francia).

Siempre que se disminuye la inversión en salud y el precio es el principal “driver” a la hora de tomar una decisión de compra es evidente que alguien sufre en la cadena de valor, y el paciente, como destinatario final de toda actuación asistencial, es quien padece las consecuencias directas de políticas cortoplacistas que traten de anteponer este atributo del precio vinculado a la compra de un bien, o a la contratación o a la prestación de un servicio a los demás atributos.

La calidad, la seguridad y el reconocimiento de los indicadores vinculados a la innovación, la gestión ética y socialmente responsable han de primar sin duda y por lo tanto han de ser tenidos muy en cuenta a la hora de tomar una decisión que afecta a la salud de cada ciudadano en particular y de la sociedad en su conjunto. De otra forma estaremos alimentando el deterioro progresivo de nuestro sistema y el empeoramiento de su competitividad. No debemos olvidar que la consecución de los mejores resultados de salud debe constituir el objetivo primordial que toda organización sanitaria que se precie debe acometer.