El Gobierno no tiene entre sus planes acabar con Muface. Así lo ha confirmado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Redacción Médica, donde asegura que "el modelo sigue igual, no cambia nada", y respondiendo así a la medida que se incluye en el Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-Covid-19 (y que tendría Sanidad sobre la mesa) en el que se contempla, entre otras cuestiones, acabar con el mutualismo administrativo.
En concreto, Función Pública remite la respuesta que la ministra Carolina Darias dio en su comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados del pasado 27 de febrero, donde manifestó claramente que "el Gobierno apoya el modelo" e indicó que "Muface continuará con la modernización del organismo a través del desarrollo del Plan Estratégico y comenzará la elaboración de otro Plan Estratégico 2020-2023, que incorpore la digitalización". Desde esta institución insisten a este medio que "en lo que está la mutualidad en estos momentos es en la modernización, la digitalización e implantación de la receta electrónica a todo el colectivo".
Se trata de una idea muy similar a la que dieron a mediados de mayo, a través de una respuesta parlamentaria, al senador del Partido Popular, Antonio Román, donde se aseguraba que el Ejecutivo "no se plantea la desaparición" del mutualismo adminitrativo, y que reforzaría el compromiso por mantener este modelo. En este caso, también afirmaron que "el Gobierno no prevé la supresión de los regímenes especiales de las mutualidades administrativias y manifiesta, en todo caso, su sensibilidad para valorar medidas que puedan sugerirse para la mejora de los servicios”.
Una idea opuesta al plan que tiene Sanidad sobre la mesa
Esta respuesta gubernamental es opuesta a la medida que se incluye en el plan que el Ministerio de Sanidad tendría sobre la mesa, conocido recientemente, y que contempla acabar con este modelo.
Según este proyecto, al que tuvo acceso Redacción Médica, la idea es “abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”.
Esto significa que “el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las mutuas de accidentes, mutualidades e instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos”, explica el documento.
Pero no es la primera vez que se cuestiona el modelo Muface. Unidas Podemos ya señaló el pasado mes de febrero que está a favor de eliminar el ‘modelo Muface’. El partido “apuesta por fortalecer el sistema público de sanidad y prescindir de las mutualidades que generan una clara desigualdad entre la población". Y fue a raíz de estas declaraciones cuando el Partido Popular formuló una serie de preguntas al Gobierno sobre este asunto.
Incertidumbre y preocupación entre los funcionarios
Las últimas informaciones sobre la posibilidad o no de suprimir el ‘modelo Muface’ preocupan a los funcionarios, el principal colectivo beneficiado del mutualismo administrativo y la asistencia sanitaria, tanto pública como privada, que ofrece.
Tal y como explica Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF a Redacción Médica, “los funcionarios están inquietos” porque desconocen si el Ministerio de Sanidad va a acometer estas reformas sobre Muface que plantea en dicho plan. Tanto es así, que el sindicato ha mandado recientemente un escrito a nombre de Salvador Illa, ministro de Sanidad, para que aclare “con la mayor brevedad y transparencia” si el Gobierno baraja cambiar la financiación de las mutualidades. De momento, no han recibido respuesta, aseguran a este medio.
Pero no es el único movimiento sobre Muface, en tan poco tiempo, que les preocupa. Según expone el sindicalista a este medio, “si ya teníamos serias dudas de si el actual Gobierno planteaba suprimir este modelo, éstas se han acentuado con la tramitación del Real Decreto 15/2020, donde, de manera sorprende, introducen una modificación en las clases pasivas”.
Lama se refiere a la normativa impulsada el pasado 22 de abril, donde se introdujo el traspaso de la gestión de las mutuas a la Seguridad Social en un real decreto sobre medidas laborales y fiscales para paliar los efectos del Covid-19. Con este RD, tal y como expuso CSIF, “el Gobierno modificó de manera unilateral la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado con las organizaciones sindicales”.
De hecho, como recuerda el secretario de Acción Sindical, inmediatamente después remitieron un escrito al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, preguntándole nuevamente si el Gobierno tenía previsto suprimir el mutualismo administrativo. La respuesta, tal y como adelanta Lama, no les sacó de sus dudas: el Ministerio afirmaba que “este cambio normativo obedecía a una modificación de estructura dentro del ministerio y que el resto de cuestiones (como la supresión de Muface) se abordarían más adelante por los diferentes departamentos”.
Ante esta situación, el sindicato asegura que “estos cambios normativos, lejos de darnos certeza, nos generan más inquietud". "Si no van a suprimir el mutualismo administrativo, ¿por qué no cierran el debate?”, se preguntan.