El Gobierno de Pedro Sánchez no prevé dotar en 2019 a los médicos de la sanidad privada de la condición de autoridad pública, ni buscar la fórmula legal que permitiese equiparar su estatus ante la ley con el de sus homólogos de la sanidad privada. Así lo aseguran fuentes del Partido Socialista a Redacción Médica.

Pedro Sánchez.

"No está previsto en nuestra agenda política", señala a este periódico José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado. En la misma línea, Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del partido del Gobierno en el Congreso de los Diputados, apunta que "no se ha planteado el tema por el momento".

En 2015, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación del Código Penal que reconocía como delito de atentado las agresiones que sufran los médicos de la sanidad pública en el ejercicio de su cargo. Desde entonces, el sector privado ha abogado para que las agresiones a los médicos de la sanidad privada tengan la misma consideración legal, algo para lo que sería necesario enmendar el Código Penal, como apuntan los expertos.

Fernández ha subrayado que el PSOE aboga por un "abordaje integral" de la lacra de las agresiones, "dando relevancia a la educación sanitaria e impulsando medidas de prevención". Además, no descarta que en un futuro se "busque un parangón legal con la autoridad de los médicos de la pública para que los de la privada también estén protegidos". No obstante, el portavoz sanitario del partido del Gobierno explica que no "puede extenderse la categoría de autoridad pública a profesionales de la privada, como sucede en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de seguridad privados". 

Postura de la oposición

Por su parte, Podemos considera "incoherente" que un profesional de la pública sea autoridad y uno de la privada no. Así lo ha manifestado la portavoz de Sanidad de Podemos en el Congreso, Amparo Botejara, aunque confiesa que su partido no contempla acciones políticas al respecto.

En la oposición, Jesús Aguirre, senador del PP y miembro de la Comisión de Sanidad del Senado del Partido Popular, explica que es un tema "que quedó pendiente estudiar tras la aprobación de la enmienda del Código Penal que dotaba de autoridad a los médicos de la pública". Aguirre admite que en estos momentos "sigue pendiente de estudio" y que "el encaje legal es complicado".

Por su parte, Ciudadanos tampoco se ha planteado llevar a cabo alguna iniciativa política al respecto, aunque su portavoz de Sanidad en el Congreso, Francisco Igea, ha hecho hincapié en que la filosofía del partido es que "tanto las agresiones a médicos de la privada como de la pública deben ser tratadas igual. Abogamos por una igualdad ante la ley". Asimismo, Igea considera que "la frecuencia de las agresiones en la sanidad privada es más baja que en la pública, pero hacen falta datos antes de tomar medidas".

"Autoridad de día, civil de noche"

"Según la normativa actual hay médicos que son autoridad por la mañana, cuando están en el hospital público, y dejan de serlo por la tarde, en su consulta del hospital privado. Es la misma persona, el mismo profesional, con la misma cualificación... solo cambia el centro sanitario y ya, por eso, pierde su consideración de autoridad", denuncia Luis Mayero, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad Privada (IDIS), que reivindica desde hace año esta equiparación legal.

En la misma línea, el secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, ha expresado su disconformidad ante la situación y ha recordado que se trata "de un tema importante". "La consideración profesional debe primar sobre el lugar en que se desarrolla su trabajo", concluye.