Los últimos datos de la OCDE (2014) señalaban que el gasto de la sanidad privada española superaba los 35.000 millones de euros, cerca del 35% del coste sanitario total. Más recientemente el Global Medical Trends (2.019 Rates Report) cifra la repercusión de la sanidad privada en un 4% sobre el PIB estatal. Ello conlleva un gasto anual de unos 40.000 millones de euros. Según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), de  septiembre del 2017, la sanidad privada contrata el 35,5% del total de trabajadores de la sanidad. La sanidad privada, en España, es un verdadero motor de la economía del estado.

ACES, como patronal de la sanidad privada en Cataluña, pone en valor la sanidad privada, con lucro o sin, como un subsector necesario e imprescindible de los Sistemas Nacionales de Salud (SNS). Prácticamente ningún país de Europa duda de la necesaria e imprescindible colaboración público-privada. Sobre todo, aquellos países donde los políticos están más alejados de las decisiones operativas en sanidad y que obtienen los mejores resultados en las valoraciones de sus consumidores.

Es absurdo criminalizar la empresa sanitaria privada cuando todo el sector sanitario mundial, público y privado, depende totalmente de empresas privadas: empresas farmacéuticas, empresas de tecnología sanitaria, suministradoras de servicios, constructoras, formación... Se podría decir que la Sanidad, desde el punto de vista de gasto ya está totalmente privatizada, ya que, independientemente de su titularidad y gestión, depende siempre de empresas privadas que son las que prestan todos los materiales y servicios. La colaboración público-privada no es privatización y siempre ha existido: las notarías, el registro de la propiedad, las oficinas de farmacia, el transporte público, el suministro de agua, gas, electricidad y telefonía... son servicios públicos de gestión privada.

¿Es competencia de la Administración garantizar los servicios básicos de los ciudadanos? Sin duda. ¿Dicha gestión y ejecución debe ser competencia exclusiva de la Administración? En absoluto.

La sanidad privada, cuyo porcentaje oscila, en España, entre el 35-40% del coste sanitario global, aporta mucho valor añadido:

- Pago de impuestos por parte de las empresas privadas que obtienen
  beneficios, y menos gasto en las empresas que no los tienen y cierran.
- Mejores ratios de accesibilidad y de listas de espera
- Más flexibilidad, tanto en los servicios como en las condiciones
laborales.
- Más estabilidad en los puestos de trabajo. La sanidad pública contrata un  32% de puestos de trabajo temporales más que la privada.
- Mejores sistemas de financiación
- Mejor y más moderna tecnología
- Más eficiencia
- Menos gasto por la contratación de MUFACE en sanidad privada.

Como máximo exponente de la colaboración público-privada tenemos desde hace 43 años el modelo MUFACE que ofrece la libre elección, entre sanidad pública o privada, a sus 2.200.000 mutualistas y beneficiarios. Año tras año,el 80% de estos escogen la sanidad privada. Para estos mutualistas MUFACE pacta con la sanidad privada unos costes 25% inferiores a lo que ingresan las consejerías de sanidad por la prestación de sanidad pública. Ello conlleva un importante ahorro económico, 720 millones de euros anuales, para la administración central.

El modelo de éxito MUFACE es la constatación de que la libre elección del tipo de sanidad puede ser una de las soluciones para disfrutar de todas las ventajas y de los valores añadidos relacionados anteriormente.