La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios, después de conocerse que Unidas Podemos vuelve a la carga contra el 'modelo Muface' y pretende eliminarlo de manera progresiva. "El traspaso de mutualistas podría colapsar el Sistema Nacional de Salud, muy debilitado por la pandemia y la falta de recursos", manifiestan desde el sindicato.

Según la información que adelantó en primicia Redacción Médica, Unidas Podemos, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una nueva propuesta para que "las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del SNS"

En este sentido, desde CSIF reclaman una reunión con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, "ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración", han asegurado.

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años, estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, manifiestan, "estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia".

Desde CSIF recuerdan que el mutualismo administrativo se constituyó "en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria". Además, insisten, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. "Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio", denuncian en su último comunicado.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social

Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según les dijeron al sindicato, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”. Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios, según CSIF. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.