El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, las patronales y los sindicatos mayoritarios del sector de los servicios sociales en Cataluña han firmado el 25 de junio una adenda al acuerdo de bases firmado el 1 de junio de 2023, con el objetivo de incrementar un 5% las tarifas sociales de 2025 y mejorar así las condiciones laborales de los y las profesionales. El acuerdo incluye mecanismos de control, refuerza el marco de colaboración y diálogo y representa un compromiso colectivo firme para fortalecer y transformar el sistema de servicios sociales de Cataluña.

¿Qué establece la adenda?

La adenda recoge que el Departamento se compromete a aumentar las tarifas sociales de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, en un 5% respecto al precio actual. Este nuevo incremento se suma al 5% ya aprobado en noviembre de 2024, permitiendo avanzar hacia unas condiciones laborales más dignas, atraer y fidelizar profesionales, y reforzar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Por su parte, patronales y sindicatos se comprometen en el marco de la negociación colectiva a trasladar el aumento de la tarifa en las siguientes proporciones: un incremento de un 4% en los salarios y un 1% a otros costes laborales. Como novedad, la propuesta para 2025 incorpora mecanismos de control y seguimiento para garantizar que este incremento tiene un impacto directo en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, reforzando el objetivo de dignificación y estabilidad laboral en el ámbito social. En este sentido, el Departamento pedirá auditorías anuales y realizará revisiones para verificar el cumplimiento de los compromisos salariales.

En la adenda, también se expresa el compromiso de avanzar hacia un salario mínimo sectorial, la equiparación salarial con el sector público, y la definición de una carrera que retribuya los esfuerzos formativos, la calificación profesional y el conocimiento lingüístico.

El acto ha estado presidido por la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo. Le han acompañado el secretario general del Departamento, Raúl Moreno Montaña, la secretaria de Asuntos Sociales e Inclusión, Carolina Homar Cruz, y el director general de Acreditaciones y Provisión de Servicios, José Manuel Gil Meneses. Por parte de las patronales, han firmado el acuerdo la Confederación del Tercer Sector Social, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), el Consorcio de Salud y de Atención Social de Cataluña, los Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña (CESOCAT), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (La Unión de Pequeñas y Medianas Residencias). Los sindicatos firmantes de la adenda han sido Comisiones Obreras de Cataluña y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.

Un diálogo social permanente para la dignificación del sector

La adenda también refuerza la apuesta del Gobierno por abordar de forma conjunta, con patronales, sindicatos y otros agentes públicos, aspectos clave para la dignificación de las condiciones laborales y profesionales del sector. En este sentido, el proceso se está desarrollando en el marco del proyecto Fem Sistema de Diálogo social. A través de dos grupos de trabajo específicos, liderados por Derechos Sociales e Inclusión y Empresa y Trabajo, el objetivo es desarrollar acciones que den respuesta a los retos del sector.

Hacia la mejora de las condiciones laborales

En el marco de este compromiso colectivo, se ha encargado un estudio externo para evaluar el impacto de la equiparación salarial, y también se está elaborando un informe comparativo de los convenios colectivos vigentes, que debe servir como base para definir un marco regulador común.

En septiembre de 2025 se presentarán los primeros resultados del estudio de impacto de la equiparación salarial, así como del análisis comparativo de los convenios. A partir de ahí, el Gobierno prevé definir un calendario para iniciar el proceso de equiparación salarial progresiva entre el sector social y el público a partir de 2026, incorporando los recursos necesarios y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.