El Gobierno estudia la aplicación de un 21 por ciento de IVA a determinadas actividades de la sanidad privada de cara a los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuestión que todavía no está decidida, tal y como trasladó a Redacción Médica el Ministerio de Hacienda. De hecho, el organismo dirigido por María Jesús Montero cada vez se muestra más alejado a la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ya que esta misma semana ha "trasladado un mensaje de tranquilidad sobre las informaciones que habían aparecido en algunos medios", tal y como detalla el ministerio a este diario.

Según ha manifestado el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (Cgcfe), el Ministerio de Hacienda les ha explicado que "la exención de asistencias a personas físicas por profesionales sanitarios emana de una directiva europea de obligado cumplimiento y, por tanto, es una exención obligatoria y así está incluida en el artículo 20.1.3º de la ley del IVA".

En la misma línea se ha manifestado el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (Cgcop) que, haciendo alusión a la respuesta del Ministerio a su misiva, afirman que Hacienda "recuerda que de acuerdo con la Directiva del Consejo de Europa relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, está exenta de IVA la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios" y que se trata de una "exención obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea".

Como ya adelantó Redacción Médica, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha hecho un llamamiento “urgente” para reconsiderar la medida de gravar con IVA la actividad sanitaria privada. "Supone un ataque contra un sector generador de riqueza y que pone en jaque al sistema sanitario global, por el probable trasvase al sector sanitario público de miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de cientos de miles de consultas, pruebas e intervenciones que ahora estas personas realizan en la sanidad privada", señalaban.

Rechazo de los médicos de la sanidad privada

Para los médicos, aplicar el 21 por ciento de IVA a los servicios sanitarios privados, "significa gravar la enfermedad y el dolor, que es para lo que los usuarios utilizan los servicios sanitarios", considera Manuel Carmona, vocal nacional de Médicos de la Privada por Cuenta Propia de la Organización Médica Colegial (OMC).

"Ese ingreso que calculan obtener a corto plazo, muy probablemente a medio plazo se convierta en un aumento del gasto público muy superior al ingreso obtenido por abocar al cierre de empresas sanitarias", explica a Redacción Médica Carmona, que señala otra de las posibles consecuencias de aplicar esta medida: "El encarecimiento de la sanidad privada trasladará hacia la sanidad pública millones de usuarios que actualmente no la usan o lo hacen parcialmente".

"Es difícil cuantificar cual sería ese aumento en cifras", reconoce Carmona. "Lo que es evidente es que el encarecimiento de la sanidad privada hará que un sector de la población que la utiliza deje de hacerlo y pase utilizar solo la sanidad pública, que ya está desbordada y con grandes listas de espera, lo que agravaría su situación", advierte el representante de la OMC.

Carmona también destaca la información que se ha publicado en las últimas semanas por la que “la AIReF encuentra que el desplazamiento de usuarios hacia los servicios públicos tendría un impacto de 1.365 millones en un escenario de elasticidad intermedia, pero podría llegar a 2.145 millones en el supuesto de que esa elasticidad sea más elevada. Por lo tanto, aunque Hacienda podría obtener 1.763 millones por esta vía, el ministerio de Sanidad podría tener que elevar su gasto hasta en 2.145 millones”.
.
Aplicación progresiva

En su opinión, los planteamientos del Ejecutivo responden a la situación excepcional por la que atraviesa España. "Esas propuestas son debidas a la necesidad del gobierno de buscar fuentes de ingresos de forma rápida", considera.

Sin embargo, cree que se deben abordar con más detenimiento y contar con la opinión de los profesionales. "Su aplicación precipitada puede propiciar más problemas de los que solucion. Deberían ser estudiadas muy detenidamente, consensuarlas con los agentes afectados y, de llevarse a cabo, tener una aplicación lenta y progresiva para que los autónomos se puedan ir adaptando", propone Carmona.