Nuestro sistema sanitario público de salud adolece de un principio que es fundamental en el buen desarrollo de su actividad, el de la suficiencia para prestar el servicio que tiene encomendado, considerando la suficiencia no como un todo, sino en cada una de sus partes; es decir, la suficiencia en el número de profesionales que precisa para cubrir las necesidades de salud demandada por la población; la suficiencia de sus centros y estructuras en cuanto a capacidad de absorber la demanda creciente que se va generando; la suficiencia en cuanto a tecnología innovadora implantada; la suficiencia en cuanto a medios de todo tipo; la suficiencia referida a la continuidad y coordinación asistencial con independencia de dónde se preste el servicio y, en definitiva, la suficiencia financiera que permita revertir estas infradotaciones que inadecuan la oferta con la demanda de salud.

La situación por la que atraviesa nuestro sistema de titularidad pública precisa de una reforma evidente que dote de recursos suficientes al sistema, una reforma que tenga en cuenta la ingente demanda de servicios de salud que exigen los ciudadanos en un contexto de sociedad medicalizada en la que la percepción del derecho a utilizar el sistema es una constante y está además cada vez más exacerbado. Este hecho viene aderezado por la errónea y errática sensación de gratuidad que tiene el ciudadano de casi todo lo relacionado con la prestación y el entorno asistencial.

En el año 2018 el informe anual de Bloomberg que mide la eficiencia de los sistemas sanitarios a través de la esperanza de vida, el gasto en salud per cápita y el peso relativo del gasto sanitario sobre el PIB mostraba cómo el Sistema Sanitario español era uno de los más eficientes de Europa y la Sanidad española ocupaba el tercer lugar en el ranking mundial por detrás de Hong Kong y Singapur y seguida por Italia. En el informe del 2020, dos años después, España ocupaba la posición 16 teniendo en cuenta los ajustes realizados en la fórmula empleada debidos al impacto de la pandemia por SARS CoV2 (COVID-19).

En este sentido Poonam Khetrapal Singh, director de la Organización Mundial de la Salud para el Sudeste Asiático, en un reciente informe ponía de manifiesto dos afirmaciones de enorme trascendencia: la primera, que “la pandemia ha subrayado el hecho de que la salud económica depende de la salud pública, la cual a su vez depende de un gasto público adecuado en salud"; y, la segunda, que “En tiempos normales, cada dólar invertido en salud produce un rendimiento promedio de entre 2 y 4 dólares, que puede ser hasta 20 veces mayor en los países de ingresos bajos y medios”.

Según datos de la OCDE del año 2020 el gasto sanitario en España se sitúa en el 9%, claramente por debajo de países de nuestro entorno como Suiza que emplea en su Sanidad el 12,1% de su PIB, Alemania que pone a disposición de sus ciudadanos el 11,7%, Francia el 11,2%, Suecia el 10,9%, Austria el 10,4%, Bélgica y Reino Unido el 10,3%, Dinamarca y Holanda el 10% y Portugal el 9,6%. Lo más grave es que esta situación deficitaria la venimos padeciendo de forma crónica como país al menos desde la crisis económica del 2008 iniciada en las postrimerías del año 2007 con la crisis de las hipotecas “subprime”.

Esta situación de infrafinanciación provoca una insuficiencia evidente para afrontar los enormes retos a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario motivados por el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento consiguiente, la cronicidad y comorbilidades que provocan una demanda creciente de asistencia sanitaria; las nuevas formas de enfermar, transmisibles como la que sufrimos en la actualidad o no transmisibles derivadas de otras noxas; las provocadas como consecuencia del cambio climático y la contaminación entre otras, a lo que hay que añadir, en cuanto a presión financiera se refiere, la incorporación de los avances científicos que de forma constante se están produciendo en la medicina y las necesidades estructurales y de personal sin cuya concurrencia se puede hacer inabordable la cada vez más exigente y creciente demanda de atención y asistencia sanitaria y sociosanitaria. Prueba de ello son las inacabables listas de espera tanto a un tratamiento quirúrgico como a consulta de especialista y de atención primaria.

Buena parte de la solución a este problema cronificado de falta de recursos pasa por cinco ejes de extraordinaria relevancia: el uso estratégico y sinérgico de todos los recursos disponibles que ofrece el sistema en su vertiente de titularidad pública y privada; una gestión eficiente de los mismos en todos los sentidos y ámbitos; un estímulo y reconocimiento del esfuerzo realizado por los profesionales traducido en resultados sanitarios y de salud; la incorporación ágil y coordinada de la tecnología digital tanto en la gestión asistencial como en la práctica clínica; y un revulsivo cultural dirigido a la sociedad mostrando la responsabilidad individual y colectiva y la importancia de hacer un buen uso del sistema a través de un uso racional del mismo.

El informe “Sanidad en España: encuesta de percepción” elaborado por Sigma Dos para la Fundación IDIS revela que la mayoría de los españoles ve necesario que el Gobierno incremente los recursos de todo tipo destinados al capítulo de salud y sanidad. Un 84,7% lo ve como bastante necesario y un 12,4% como necesario. De hecho, los españoles encuestados ponen de manifiesto la necesidad de aumentar la partida presupuestaria destinada a Sanidad, lo cual conecta con la percepción de que la sanidad en España no está bien financiada, algo que piensa un 71,5% de los españoles. Sobre ese mismo argumento, 4 de cada 5 españoles elegiría la sanidad como partida prioritaria para dotarla de más recursos en los presupuestos del Estado, por encima de la educación y la I+D+i. Con todo, al 98% de los encuestados le parece que es necesario mejorar la gestión y control eficiente de los recursos económicos, de instalaciones y de personal para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.

Según las respuestas obtenidas en la encuesta, el 76,1% de los españoles considera muy necesario o necesario impulsar la cooperación entre la sanidad privada y pública para promover un modelo sanitario y sociosanitario más sostenible. De hecho, 8 de cada 10 ve muy importante coordinar la atención sanitaria y la sociosanitaria. Este aspecto adquiere más relevancia entre los individuos más jóvenes y también entre los que tienen seguro privado, entre los cuales un 82,7% ve primordial dicha colaboración.

En este sentido colaborativo, la cooperación público-privada en el ámbito asistencial sanitario y sociosanitario, y también en materia de innovación, es clave para avanzar hacia una mejor Sanidad que produzca los mejores datos posibles de Salud; de hecho, las experiencias Europeas alcanzadas a través de los proyectos IMI-Ministerio de Ciencia e Innovación -como: EHDEN (Creación de una comunidad en torno a datos federados del mundo real en proyectos de ciencia abierta que revierten en el bienestar de los ciudadanos europeos), PIONEER (Mejora del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata a través del poder del big data en Europa) o HARMONY (Primer mapa Europeo de neoplasias hematológicas aplicando big data e inteligencia artificial) - que apoyan el European Health Data Space (EHDS), una iniciativa de la Comisión Europea para promover un mejor intercambio y acceso a diferentes tipos de datos sanitarios para respaldar la prestación de asistencia sanitaria, la investigación y las políticas sanitarias,  son ejemplos clave en un entorno en el que la ciencia de los datos se abre paso con más fuerza si cabe para construir una medicina cada vez más personalizada, predictiva y precisa, elementos y palancas esenciales para dotar de sostenibilidad a los sistemas sanitarios.