La pandemia producida por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha determinado en este 2020-21 buena parte de todos los cambios que el sector sanitario privado ha tenido que promover, impulsar y también asumir en beneficio de quien es la razón de ser de cualquier sistema sanitario: el paciente y su entorno. Esta emergencia sanitaria ha puesto en evidencia las carencias del sistema público de salud y la necesidad de la imprescindible cooperación privada-pública para adaptarse a los retos que nos plantea el presente y el futuro en términos de envejecimiento poblacional, cronicidad y demanda de servicios de salud.

“En base a las cifras y datos recogidos en este informe, la cooperación privada-pública y la utilización de todos los recursos disponibles se confirma como indispensable para que el sistema sanitario sea viable, eficiente y capaz de aportar los mejores resultados sanitarios y de salud posibles. La suma de todos es lo que aporta valor a la sanidad, a la sociedad y al paciente y su entorno en particular. Los enormes retos del presente y del futuro exigen una adecuación de nuestro sistema sanitario a las necesidades que plantea y, para ello, desde la Fundación IDIS hemos propuesto a la sociedad el “Manifiesto por una Mejor Sanidad”, que engloba 10 principios cuyo recorrido puede contribuir a construir un sistema que cubra las necesidades y exigencias de los ciudadanos estableciendo una medicina más precisa y personalizada”. Así lo ha asegurado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), durante la presentación de la undécima edición del Informe “Sanidad privada, aportando valor: Análisis de Situación 2021” desarrollado por la Fundación IDIS y en el que se valora el avance de la digitalización y la contribución del sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados en la agenda 2030.

Por su parte, el secretario general de IDIS, Ángel de Benito, indica que “la actualización de los datos que se presentan hoy es motivo de satisfacción para una organización como la Fundación IDIS puesto que, a pesar de los cambios sin precedentes que ha traído la pandemia, el sector sanitario de provisión y aseguramiento privados han demostrado su alta implicación mediante la puesta a disposición de recursos, la colaboración y la rápida adaptación al nuevo entorno, mejorando la accesibilidad, la equidad, la calidad de la atención sanitaria y el cuidado de los pacientes”.

El análisis global de la aportación de los datos del Informe muestra que el sector sanitario de titularidad privada representa el 29,2% del gasto sanitario total, lo que supone un elevado peso en el sector productivo español (2,7% del PIB), y hace que España sea uno de los países donde el peso del gasto sanitario privado sobre el total es mayor. Es destacable además la evolución del crecimiento anual compuesto, del 3%, 2 puntos porcentuales por encima del gasto sanitario público.

La liberación de recursos de la sanidad pública que se atribuye a la sanidad privada tiene su explicación más fidedigna en los 9,2 millones de asegurados -no mutualistas- que contribuyen a la descarga y ahorro del sistema público de salud. Las estimaciones indican que el ahorro generado por el seguro privado se situaría entre 1.368 euros al año (si el paciente usa exclusivamente el sistema privado) y 506 euros (si realiza un uso mixto de la sanidad, utilizando tanto sanidad pública como privada).

En línea con lo observado en años anteriores, el sector asegurador continúa registrando incrementos significativos, tanto en número de asegurados como en volumen de primas. “En 2020 se han alcanzado 11 millones de asegurados -contando con los mutualistas-, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a al año anterior (por tipología, el 77% de los asegurados corresponden a asistencia sanitaria, el 16% a mutualismo administrativo y el 7% restante a reembolso de gastos)”, explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, destacando que en todas las provincias crece el número de asegurados. A nivel de volumen de primas, se estima que en 2020 se han superado los 9.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a 2019.

Accesibilidad y actividad del sector privado

La sanidad privada lleva a cabo una actividad asistencial muy significativa que contribuye a disminuir las listas de espera del sistema público. A modo de ejemplo, se puede destacar que los hospitales privados llevaron a cabo en 2018 el 30,2% (1.6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23,7% (1.3 millones de las altas) y el 24,4% (7.4 millones) de las urgencias de todo el territorio nacional. Es decir, 1 de cada 3 cirugías, 1 de cada 4 urgencias o 1 de cada 5 consultas se atienden en el sector sanitario privado, que dispone de una dotación de 441 hospitales en España, lo que representa el 56% del total de centros hospitalarios de nuestro país, con 50.960 camas (el 32% del total de las existentes). A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Andalucía, se mantienen como las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de camas privadas. Dentro de esta la asistencia sanitaria, es reseñable la realización del 30% de la actividad quirúrgica compleja.

Esta disponibilidad de centros y su capacidad resolutiva hacen que el sector privado pueda colaborar y engranarse con el sistema público, puesto que tal como se asegura en el Libro Blanco de la Sanidad de la CEOE, un escenario exclusivamente público no podría afrontar por sí solo la demanda. De esta forma, la colaboración del sistema privado con el sector público se materializa en forma de conciertos, , mutualismo administrativo (sistema con alto grado de satisfacción -el 83,4% de los mutualistas elige ser atendido por una entidad aseguradora-) y concesiones administrativas, modelo que ahorra recursos al sistema público y bajo el que operan en la actualidad 9 hospitales en España (concesiones administrativas que incluyen los servicios sanitarios).

A la vanguardia en tecnología y atendiendo al “paciente digital”

Toda esta actividad es en sí una importante aportación del sector, como también lo es su apuesta por la investigación y el desarrollo de alta complejidad a través de la más avanzada tecnología. En relación con la investigación, la participación de los 98 centros privados que participan en 567 ensayos clínicos entre el 2016 y el 2020 es esencial y, además, muestra una tasa de reclutamiento muy elevada (datos de avance de la 29ª publicación de BD Metrics).

Y, con respecto a la apuesta por la adquisición de tecnología de última generación, destacan los datos de posesión del 52% de los equipos RM, del 44% de los PET y del 34% de los TAC. Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las que cuentan con más equipos de alta tecnología. Pero, además, es muy significativo el hecho de que el sector cuente con tecnología de vanguardia para el tratamiento de múltiples enfermedades, como el cáncer o enfermedades neurológicas. En este sentido, dispone de un gran número de aceleradores lineales para radioterapia y braquiterapia de última generación; es pionero en el uso de PET/RMN para un diagnóstico más preciso y un 90% de reducción de la radiación; ha construido en el último año y por primera vez en España dos centros de protonterapia, disponibles para pacientes con cánceres en zonas especialmente sensibles a la irradiación; y dispone de equipamientos HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) en 3 centros para el tratamiento de procesos neurológicos sin necesidad de cirugía.

La transformación en la asistencia que ha traído consigo la pandemia no ha sido ajena al sector privado; más al contrario, ha encontrado en las entidades que lo forman aliados para acelerar la atención sanitaria virtual, hacer crecer la telemedicina en un 153% e incorporar la inteligencia artificial (IA) y otras herramientas tecnológicas a los flujos de trabajo. A modo de ejemplo, el 69% de las organizaciones sanitarias está en fase de pruebas y adopción de la IA y el 39% cuenta con principios de diseño inclusivo o centrado en las personas para facilitar la colaboración entre personas y máquinas. “Sin duda, la sanidad virtual y la sanidad presencial tendrían que colaborar para ofrecer servicios eficaces, fiables, seguros y de confianza con el fin de garantizar buenos resultados de salud, una experiencia de paciente satisfactoria y sostenibilidad del propio sistema”, explica la directora general de la Fundación IDIS.

¿Cómo beneficia la colaboración?

La sanidad pública y privada logran crear una única red que dota a nuestro país de una asistencia sanitaria no solo de máxima excelencia, sino también accesible. El aprovechamiento de todos los recursos disponibles, independientemente de su titularidad, permite descargar de presión asistencial y financiera a la sanidad pública y evitar duplicidades, al tiempo que ofrece una asistencia sanitaria de calidad reconocida y contrastada.

A modo de ejemplo, según datos de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la sanidad privada ha llegado a atender al 19% de los pacientes con afectación de COVID-19 y al 14,2% de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. A este respecto, es destacable que tan solo 1 de cada 10 euros del gasto sanitario público se destinó a colaboración privada-pública, teniendo en cuenta que dicha colaboración se produce en el desahogo de listas de espera en forma de conciertos, transporte sanitario, terapias respiratorias y diálisis. A nivel regional, Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias son las que más recursos destinan a la partida colaborativa. Otra fórmula son las concesiones administrativas, a día de hoy ya son 9 los hospitales que operan bajo este modelo.

Por otro lado, destaca que alrededor de 1,7 millones de funcionarios de la administración central cubiertos por el régimen de mutualismo administrativo en España eligen el aseguramiento y cobertura asistencial privados. Según Marta Villanueva “este modelo que aporta eficiencia en la prestación de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita. En este sentido, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2020 en 917 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.368 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 451 euros por cada mutualista para la Administración”.

Calidad, empleo y ODS

El informe pone de manifiesto que este sector emplea a 278.291 profesionales en nuestro país (se estima que el 61% trabaja en el ámbito extrahospitalario y que el 39% lo hace en el ámbito hospitalario). Asimismo, muestra cómo la formación de los profesionales gana terreno en la sanidad privada, ofreciendo 261 plazas de formación especializada, 46 más que el año anterior.

El informe muestra que el sector cuenta con distintas certificaciones que acreditan la calidad de sus centros(como las diferentes normas ISO, OHSAS 18001, el modelo de excelencia europeo EFQM o la acreditación Joint Commission, SEP, SGE-21, entre otras). Además, desde 2015 la Fundación IDIS ha promovido la Acreditación QH (Quality Healthcare), ya en su 8ª convocatoria y con 136 entidades acreditadas.

La sanidad privada está comprometida, asimismo, para el cumplimiento en 2030 de los ODS establecidos por la ONU. En esta línea, lleva a cabo diversas actividades con sus entidades para poner fin a la pobreza (ODS 1), mejorar la educación, especialmente en relación con estudiantes y profesionales del sector (ODS 4) o aplicar políticas activas para reducir desigualdades o la igualdad de género (ODS 10 y 5) y generación de empleo (ODS 8). También apuesta por la innovación (ODS 9), políticas ambientales orientadas al cuidado y la sostenibilidad del entorno (ODS 13) y al fomento de alianzas en su trabajo conjunto con entidades tanto públicas como privadas (ODS 17).