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Redacción. Madrid En estudios sociodemográficos recientes realizados en España se observa que el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población total se ha duplicado prácticamente en poco más de dos décadas y se espera que en el año 2050 alcance el 36 por ciento, siendo España ya el segundo país más envejecido del planeta con unas cifras de defunciones que superan en los últimos meses a la de nacimientos. Se espera que, en 2050, el porcentaje de personas mayores de 80 años alcance el 15 por ciento en nuestro país figurando en el segundo lugar de los países de la OCDE tras Japón.
Dentro de este complejo marco de referencia sociodemográfico y de incremento del gasto previsible en salud y sanidad nuestro país necesita ya y va a necesitar más si cabe unos sectores público y privado coordinados al máximo, procurando desarrollar todas las sinergias necesarias que permitan un futuro garantista para nuestra población teniendo como objetivo fundamental obtener los índices de calidad, seguridad, resultados y servicio que precisa. La sanidad de titularidad privada forma parte de la solución y no del problema como algunos están empeñados en hacernos ver. Los datos reflejados en los diferentes informes de la Fundación IDIS no dejan lugar a ninguna duda. El crecimiento del sector sanitario privado es constante a pesar de la crisis que hemos sufrido y que todavía perdura. Ello se debe sin duda a la calidad de los centros y servicios, el estímulo que supone la competencia intercentros y el alto nivel y profesionalidad de todo el personal sanitario que trabaja en el sector de la sanidad de titularidad privada. De todos es conocido que el sector sanitario privado es motor de nuestra economía puesto que genera riqueza, crea empleo estable y de calidad, contribuye a disminuir la presión financiera al propio sistema público de salud, mejora el acceso a la innovación más disruptiva y facilita el hecho de que las listas de espera no sean mayores favoreciendo el acceso tanto en especialidades como en atención primaria. Acudiendo a las cifras y datos, los cerca de 11 millones de personas que utilizan en su totalidad o en parte el sistema privado de salud son un alivio evidente para un sistema público de salud que se encuentra en el límite de sus posibilidades motivado por la deriva demográfica, el envejecimiento poblacional, la cronicidad asociada, la necesaria incorporación de la innovación y lo limitado de los recursos financieros del Estado fundamentalmente. Si prestamos nuestra atención a la actividad desarrollada por los diferentes centros, servicios y profesionales del entorno de titularidad privada destacan algunas cifras: la sanidad privada en el ejercicio 2014 realizó el 29 por ciento de las intervenciones quirúrgicas (1,5 millones del total), registró el 24 por ciento de las altas y atendió más de 6 millones de urgencias, en torno a una cuarta parte del total. En el mismo periodo hizo el 39 por ciento de la resonancias, el 27 por ciento de los PET y el 17 por ciento de los TAC. Estos datos reafirman el hecho de la necesidad de disponer de un sistema sanitario privado como el actual que hoy por hoy ofrece los mejores resultados de salud, con la máxima calidad y la mayor eficiencia posible. Los diferentes indicadores expresados en nuestros informes (Sanidad Privada, Aportando Valor, Resultados de Salud – RESA – y Barómetro) son contundentes y traducen una realidad evidente: el sistema sanitario privado es capaz de abordar toda esta ingente labor asistencial, lo cual supone una descarga palpable de presión asistencial y financiera al sistema público de salud, para el que sería muy complicado asumir esta sobrecarga adicional con sus actuales recursos, llegado el caso. Toda esta tarea asistencial destinada a la población que utiliza los servicios de la sanidad privada no sería posible si no hubiera una extensa red de centros asistenciales amplia, diversa, suficiente y de calidad que cubra todas las necesidades y facilite el acceso rápido a la atención sanitaria (252.000 profesionales, 452 hospitales, 52.000 camas, que representan el 57 y el 33 por ciento respectivamente en nuestro país). Nuestro sistema sanitario, que posee una doble provisión y aseguramiento, ha de buscar sinergias a todos los niveles para garantizar su futuro. En este sentido, la cooperación público-privada es fundamental para aprovechar todos los recursos disponibles y evitar redundancias y duplicidades innecesarias. Un ejemplo evidente en nuestros días es el establecer una más que imprescindible colaboración, bien orquestada y estructurada, en materia de listas de espera mediante un plan de choque como el planteado recientemente desde la Fundación IDIS que permita poner a cero el contador y estructure el abordaje futuro de este grave problema que afecta a nuestro sistema. La enfermedad no admite demoras y es un parámetro evidente de calidad en la prestación del servicio. En este ámbito de cooperación y dentro de los tres modelos tradicionales, los conciertos en nuestro país se producen fundamentalmente en transporte sanitario (la inmensa mayoría es privado), tratamientos de oxigenoterapia y terapias respiratorias, hemodiálisis, diagnóstico por imagen, pruebas de laboratorio, asistencia sanitaria y socio-sanitaria o fisioterapia y rehabilitación entre otros. Por su parte, las concesiones y el mutualismo administrativo son dos formas de colaboración determinantes para la sostenibilidad de un sistema sanitario público insuficiente, necesitado de cooperación que le dote de solvencia y sostenibilidad de cara a futuro. También hay que explorar nuevas fórmulas de colaboración asentadas en las ventajas y beneficios que nos aportan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): interoperabilidad, receta electrónica, medicina no presencial, big data, smart data, seguridad de la información, etc... Lo que no deja lugar a ninguna duda, y así queda expresado en los diferentes informes de experto, es que los diferentes modelos de cooperación han demostrado ampliamente con datos contrastados y validados sus bondades y resultados en términos de eficacia, eficiencia, efectividad y percepción ciudadana en base a la asistencia sanitaria recibida, los resultados de salud alcanzados, la rapidez en la gestión de los diferentes procesos y la calidad de los centros y cualificación de los profesionales en los que los ciudadanos depositan su confianza. Son tiempos de turbulencia dialéctica en el ámbito político y las propuestas más o menos ocurrentes y contradictorias que surgen de los diferentes territorios no hacen sino generar confusión y desinformación al ciudadano además de inseguridad jurídica a los agentes del sector. Es hora por lo tanto de alejar la politización en la sanidad normalizando el discurso de la titularidad de la provisión y el aseguramiento como ocurre en los países de nuestro entorno geográfico independientemente del modelo que cada cual adoptara en su momento (Bismark o Beveridge). Un dato: Holanda, con un modelo sanitario tipo Bismark, con separación clara de la financiación y la provisión, es el país que mejores índices de calidad, acceso y percepción entre otros indicadores obtiene año tras año. En este sentido, los expertos apuntan que la convergencia de modelos sanitarios es un hecho en países de nuestro entorno y nosotros deberemos evolucionar también en esta materia. Para solucionar los problemas que acucian al sistema es necesario un debate sosegado sustentado en datos para que las soluciones a adoptar sean las adecuadas. Desterrar la política de la sanidad y centrar la dialéctica en un plano más técnico es imprescindible. En ese sentido se hace necesario un pacto de Estado en sanidad y una reforma de la Ley General de Sanidad que cuenta ya con 31 años desde su promulgación. Dentro de este panorama complejo que se vislumbra en el horizonte, cargado de incertidumbres a todos los niveles, en materia de salud el paciente ha de ser el centro de todo tipo de actuaciones. Un elemento clave es fomentar su empoderamiento para que sea corresponsable de la gestión de su propia salud facilitándole todas las herramientas tecnológicas necesarias para que pueda elegir y ser protagonista de sus decisiones en partenariado con el profesional sanitario que le atiende y monitoriza (médico, personal de enfermería, personal auxiliar, farmacéutico, etc…). La calidad asistencial, la seguridad en todos los procesos y procedimientos y la consecución de los mejores resultados de salud han de conformar siempre el principal objetivo. El ciudadano en nuestro país tiene suficientes datos como para generar prioridades en su escala de necesidades y demanda de servicios. La salud es, sin duda, la primera opción que precisa cubrir y por ello procura para sí mismo y para los suyos las mayores garantías en términos de acceso, equidad, calidad, seguridad y resultados de salud posibles. Por otro lado, el paciente demanda una atención pronta, eficaz, eficiente, con buenos resultados en términos de salud y calidad, una atención asistencial adecuada y unos servicios asociados impecables que le generen el mayor bienestar posible a él y a su entorno importándole muy poco la titularidad del centro donde es atendido. En este contexto poblacional es importante destacar que, año tras año, los únicos ciudadanos que tienen posibilidades de elegir entre sanidad pública y privada se decantan en un 85 por ciento de los casos aproximadamente por la sanidad de titularidad privada. Es evidente que por algo será puesto que el sistema privado les ofrece la misma cartera de productos y servicios que el sistema público de salud debiendo hacer además el asegurado una aportación individual. Un último apunte: los profesionales son sin duda una parte esencial de nuestro sistema sanitario. Es por ello que hemos de saber aportarles y diseñar entornos profesionales en los que se incentive y promueva el esfuerzo, la innovación, las mejores prácticas, los mejores resultados y la mejor atención posible a sus pacientes. |
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