La esperanza de vida en España se ha incre¬mentado de forma espectacular durante el siglo XX, situando nuestro país en los primeros puestos a nivel internacional, y la tendencia general en este siglo XXI es una continuación de este proceso. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018 había 8,9 millones de personas mayores de 65 años, un 19,1% sobre el total de la población. Si se mantienen las proyecciones actuales de fecundidad, mortalidad y migración, hacia 2050 el número de personas mayores triplicarán la cifra de niños, llegando a superar en 2069 los 14 millones, el 29,4% del total (48 millones de personas).

El envejecimiento conlleva una mayor probabilidad de vivir en soledad. En los últimos años, se ha observado un incremento de los hogares unipersonales en personas de 65 y más años, aunque las proporciones son todavía menores que en otros países europeos. Además de más longevos, las personas mayores también son cada vez más activas, por lo que la necesidad de apoyo para las actividades de la vida diaria aumenta y los cuidadores familiares son fundamentales.

Actualmente, el 23% de la población mayor de 65 años sufre alguna limitación en las actividades de la vida diaria, de las cuales solo un 3,4% está en residencias. Mientras tanto, del conjunto de personas mayores reconocidas como dependientes, el 19% no recibe ayudas. En este punto, hay que destacar que la cobertura privada del seguro de dependencia es muy limitada. En España, había en 2017 tan sólo 37.600 personas con seguro privado de dependencia. A pesar de los subsidios fiscales, el mercado no es capaz de dar respuesta plena con las condiciones actuales.

Con los datos sobre la mesa, ¿cómo afrontamos de la forma más eficiente y equitativa las necesidades de una población envejecida y a la que, en breve, se incorporará la generación del baby-boom aumentando aún más la presión sobre los sistemas de protección social en la vejez? En la actualidad, hay mecanismos públicos y privados que satisfacen las necesidades de atención cuando aparecen, pero no son plenamente eficientes ni equitativos, en la medida en que el acceso no va ligado necesariamente a quien más lo necesita.

Una posible solución a los retos que plantea el envejecimiento y una eventual situación de despendencia sería una cobertura mixta que implicara financiación pública y privada. Se trataría de combinar, por un lado, la cobertura de grandes riesgos de dependencia por parte del Estado, de acceso universal y formalizada con un bono que permitiría la elección entre aseguradoras públicas y privadas; y por otro lado, la cobertura de riesgos ordinarios de dependencia mediante seguros privados incentivados fiscalmente a través de bonos, inversamente proporcionales a la renta de los ciudadanos. Este planteamiento permitiría mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del fenómeno del envejecimiento y facilitaría una mayor coordinación que un sistema basado en prestaciones económicas.

Más allá de las soluciones concretas, lo que es seguro es que de este proceso de reflexión y posterior actuación desde los ámbitos públicos y privados deben surgir soluciones flexibles orientadas a satisfacer las necesidades de dependencia y de asistencia, al mismo tiempo que supongan mejoras sustanciales en términos de eficiencia y equidad, siendo asimismo resultado de un amplio consenso social.

La calidad de vida es un bien que hay que preservar y, en la medida en que aumenta la esperanza de vida, la sociedad debe dar respuesta al reto de una mayor longevidad con calidad.